Abogado Pablo Isla en conferencia: Un país en busca del orden_¿Por qué los chilenos confunden legitimidad con legalidad?

La mañana del 11 de septiembre de 1973, mientras la historia institucional volvía a fracturarse y el orden cívico aguantaba la respiración por un buen rato, el hábito seguía intacto aún a un nivel ridículo, recuerda el profesor Pablo Isla, durante su conferencia “Chile, un país en búsqueda del orden”.

“Mientras La Moneda era bombardeada y los militares se extendían por la ciudad para aplastar el gobierno de la Unidad Popular, una situación irrisoria ocurría en la calle Santa Rosa al llegar a la Alameda: un tanque que avanzaba, probablemente para reunirse con el resto del ejército en el centro de Santiago, se detenía ante el semáforo en luz roja de una avenida desierta”, dice sobre una lógica del orden que también es histórica a nivel nacional, pero que está integrada a un nivel supraconstitucional, inclusive.

Esa búsqueda del orden obedece a un derrotero histórico, cree el profesor Isla, abogado de la Universidad de Concepción, Doctor en Humanidades con especialización en Estudios Latinoamericanos y Maestría de investigación en Estudios Latinoamericanos de la universidad de Leiden, Holanda. “Esta obsesiva búsqueda del orden tiene directa relación con otra búsqueda que fue en su momento la serie de ensayos constitucionales chilenos. Desde ahí se identifica una permanente reacción ante conflictos políticos y sociales que se valen incluso de discursos higienistas para fortalecer el disciplinamiento del peón, el gañán y en general las clases bajas tendiente a la modernización del país”, explica.

En ese sentido, la familia es entendida como un bastión de orden y moralización de clases bajas. En adelante, la sociedad será enfundada en una restricción de todo pluralismo político ante el temor inspirado por el comunismo y cualquier posibilidad de desborde de los valores que sembró la dictadura, recuerda Isla. El resultado es una vinculación simbiótica de nuevas generaciones con las Fuerzas Armadas o  conceptos como “La Patria” y la criminalización de la oposición que es el antecedente directo del éxito de prácticas como la detención por sospecha, la tolerancia cero, fundaciones como Paz Ciudadana o la política del “enemigo interno”, estima el académico invitado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Los últimos años, ese respeto atávico por el orden legalista ha criminalizado también el conflicto en la Araucanía o el movimiento estudiantil, recuerda Isla. Agrega que para el chileno la Constitución es algo sagrado cuando se trata de sancionar la disociación de ese “otro interno”. “Es un componente disciplinador del orden interno y la imagen que quiere expresar ante el resto del mundo. Ya sea en la época en que Chile era el “Jaguar de Latinoamérica” o la plataforma económica más estable de la región”, dice.

El terror al vacío

“Existe un horror vacui, un miedo total al desorden que naturaliza estos dispositivos de control discursivo que confunden legalidad y legitimidad. En ese sentido siempre me ha llamado la atención el abusivo uso de los recursos de protección en casos donde ni siquiera son debidos, como si se tratara de un instrumento para decidir conflictos que en primer lugar ni siquiera son judiciales. A esto se suma la exacerbación del rol de la denuncia a través de los medios de comunicación”, observa el abogado que busca en este tipo de prácticas la explicación para el regreso político de figuras que ofertan un retorno al orden.

A favor de este Estado amante de la Constitución, la virtud portaliana y las convenciones de Andrés Bello, podría decirse que el fértil discurso de los DDHH no hubiese podido encajar del todo de no haber contado con este contexto, ésta matriz de orden y legalismo, sostiene Isla. “Cuando digo “orden” o “norma”, deberíamos hacer la aclaración sobre la transición entre “norma” y “norma jurídica”. Cuando hablo de legalismo, se entiende en un nivel mínimo de normalidad, algo muy asociado a la cotidianidad. No es sólo que seamos quisquillosos con la norma jurídica”, agrega el profesor.

-A un nivel ciudadano, ¿Cómo cree que las personas han integrado esta normativa del orden?
-Yo diría que está profundamente integrado. Las organizaciones en sus demandas siempre están aludiendo a marcos regulatorios. La acción social y las reivindicaciones de todo tipo y de distintos grupos están generalmente muy dirigidas al Estado en busca de definición. Por otro lado se da por sentado que es el Estado quien debe regular a los políticos, la acción de empresas e instituciones, etc.

La forma como se identifican estas soluciones generalmente linda en un marco regulatorio donde, curiosamente en Chile, los movimientos sociales están más orientados a pedir “más Estado” que pedir mayor flexibilidad o mayor participación. Es ahí donde se relativiza el poder del Estado. De otra manera no se entiende como muchas de las demandas intrínsecamente sociales se transforman en proyectos de ley o en el lobby con partidos  políticos que busca la modificación de alguna ley. La ciudadanía suele entender la legitimización como un acto basado en la legalidad.