Abogados cuestionaron la agenda corta antidelincuencia

Los juristas Julio Cortés y Rafael Ferrada expusieron en el marco del Seminario Ley 20.931: “Efectos Penales y Procesales”, que realizó la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

En el marco del Seminario Ley 20.931: “Efectos Penales y Procesales”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, los abogados Julio Cortés y Rafael Ferrada criticaron con fuerza la denominada “agenda corta antidelincuencia”.

Uno de los temas en cuestión fue el nuevo Control de Identidad Preventivo, que está al margen del Código Penal y que tiene características antirepresivas mayores a la cuestionada Detención por Sospecha.

“La Ley tiene un efecto que puede ser visto como un grave retroceso en materia de derecho penal, que como diría Zaffaroni, es un derecho humano. Pero el derecho penal realmente existente, creo que hace mucho tiempo no tiene nada humano y está puesto al servició del capital. En ese sentido, más que un retroceso yo lo veo como una profundización de los aspectos más arbitrarios y facistoides del sistema penal”, comentó Julio Cortés, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El jurista señaló además que, en materia penal, el Gobierno de Sebastián Piñera es recordado por dos situaciones: el Caso Bomba y la denominada Ley Hinzpeter. Y si bien ambas terminaron fracasando, considera que el objetivo más profundo se mantuvo en pie.

“Una cosa es que una maniobra represiva fracase en la fase final de criminalización secundaria del juicio oral, y otra cosa es que todo en sí haya sido un fracaso. Lejos de eso, tanto operación política contra el anarquismo metropolitano, como una de sus expresiones más combativas, el Caso Bomba fue bastante exitoso en estigmatizar, desarticular y cerrar determinadas casas okupa. Generar un ambiente de sospecha a todo lo que oliera a rojinero”, agregó el bogado, quien fuera uno de los defensores en el Caso Bombas.

Indica que esta situación se agudizó durante el actual Gobierno, que ha realizado una labor solapada para seguir instalando acciones represivas a una parte específica de la ciudadanía.

“Cambia el Gobierno y la Nueva Mayoría se encarga, de manera bastante menos publicitada, de ir modificando de a poquito la telaraña de las leyes represivas hasta ir reconfigurando silenciosamente algo que efectivamente nos pone en un escenario nuevo y donde la represión es distinta a la que conocíamos”, indica.

Populismo punitivo

Para el abogado Rafael Ferrada, abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la Academia, el problema es más profundo ya que se está ocupando el miedo y la inseguridad para crear un discurso político que busca sacar réditos electorales.

“Esto es lo que se llama populismo punitivo. En términos simples, nuestros políticos en general realizan reformas legales para sacar réditos electorales… No nos estamos haciendo cargo de reales problemas, delitos que no se visualizan tanto como el de corrupción, que tiene un régimen normal, penas menores y que nunca van a la cárcel. Formalizan a un político y al otro día están libres”, manifestó.

Este régimen excepcional que se está utilizando, se centra por el momento en tres ámbitos: quienes conducen bajo el efecto del alcohol, delincuentes con artefactos explosivos y el ladrón de hurto simple. La idea es que ninguno de ellos pueda acceder a beneficios ni siquiera teniendo una conducta anterior intachable.

“El fin de la pena es crear un método de intimidación para que el delincuente no cometa delitos. Pero, ¿funcionará con el control de arma y el robo? Yo creo que puede cumplirse con quien maneja en estado de ebriedad, que son delincuentes ocasionales, y en realidad se ha cambiado la conducta… Pero en el tema de robo, en la gente que porta armas, no se ha cambiado la conducta porque quizás no son delincuentes eventuales”, explicó.

Un sistema que considera discriminatorio, porque incluso existen delitos de mayor gravedad que los antes mencionados, pero que no entran en el régimen excepcional. Una situación que puede generar más problemas que los que intenta resolver.

“Me parece que es un sistema que está discriminando porque va a un segmento de la población que comete ese tipo de delitos. En la clase alta existen abusos sexuales, malversación de fondos públicos, corrupción y estafas piramidales. Pero a ellos no se les modifica las circunstancias modificatorias y pueden cumplir su sentencia en libertad. Por eso, el populismo penal llegó a un sesgo discriminatorio en contra de un sector de la población y eso me parece muy preocupante”, finalizó.