Abogados del Instituto Nacional de DDHH coinciden_La Ley Antiterrorista es una herramienta política que anula la disidencia

“Más conocida como Ley Antiterrorista, la Ley 18.314 nacida en plena dictadura militar como respuesta a las movilizaciones contra el régimen de Augusto Pinochet, es realmente una herramienta política que se ocupa en la actualidad para anular la disidencia de manera mañosa”, dice sintéticamente Myrna Villegas, abogada investigadora de la Universidad de Chile y doctora en derecho penal. La jurista especialista en el tratamiento de código sobre terrorismo y las leyes penales relacionadas con otras cuestionados códigos como la Ley de Control de Armas y Ley de Seguridad del Estado, dice seguir sorprendiéndose con la ejecución de este tipo de normativas punitivas que, de manera única en el mundo, define el terrorismo y sus sanciones desde la Constitución.

Dicha ley ha sido modificada en dos ocasiones: en 1991 y 2010. Luego el 20104 se reformula para ser invocada el 2016 ante el conflicto en La Araucanía y las alternativas del Caso Bombas en la Región Metropolitana, indica la abogada en el seminario “Ley Antiterrorista: Una Ley de la Dictadura vigente” de la Escuela de Derecho de Academia.

Junto a Villegas, el abogado Julio Cortés, uno de los defensores del Caso Bombas y también parte del INDH, coincide en que la legislación antiterrorista se asoma al borde de la ilegalidad, inclusive. “Me pregunto por qué seguimos contando con una ley vigente desde la dictadura que se mueve en el límite del estado de derecho y a través de un sistema penal subterráneo”, dice durante el concurrido seminario. Agrega que la Ley 18.314 tiene serios problemas para ajustarse a los órganos internacionales en materia de derechos humanos, algo que es reconocido por abogados de todo el mundo. Según Cortés, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha acreditado que en nuestro país la complejidad del asunto radica en que la distinción entre un delito común y un delito terrorista queda a total criterio del juez.

Al respecto recuerda las principales características de esta legislación respecto a procesos por delitos comunes.  “El plazo normal de una detención por delitos comunes es de 24 horas o un máximo de 3 días dependiendo de la complejidad. Sin embargo la Ley Antiterrorista faculta según la Constitución, la detención hasta por 10 días. La Ley Antiterrorista no es una ley operativa, pero sí cumple a la perfección su función de persecución política pese a que no logre acreditar un delito terrorista”, dice Cortés.

Villegas agrega las otras sanciones derivadas para quienes reciban el azote de esta ley: desde la inhabilitación para ejercer una profesión, acceder a cargos públicos o perder el derecho a voto y a ciudadanía, entre otros. “También agrava delitos comunes y deja proscritos a los condenados como una clara forma de punición política. Es casi un chiste que durante el mandato de Augusto Pinochet fuese este estado militar, que atropelló los derechos humanos de manera sistemática, el que tipifique las acciones terroristas”, dice.

Dicha tipificación califica de terrorismo las acciones cuya finalidad sea causar terror en la población. “Eso es algo muy difícil de probar, en primer lugar. Por otro lado considera como acto terrorista la manifestación sindical que corta una calle, la marcha estudiantil o la acción de defensa territorial del pueblo mapuche. Es decir, según la buena interpretación de quienes ejecutan la ley en la zona, terrorismo es lo que ocurre del Bio Bío hacia el sur”, sostiene la abogada experta en indigenismo.

Una ley selectiva

En ese mismo sentido, recuerda también el caso de la machi Francisca Linconao que puso en la agenda otro aspecto controvertido de esta Ley que dice relación con los detenidos que, para optar a su liberación, deben contar con la votación unánime de los ministros titulares de una Corte de Apelaciones. “La aplicación de la Ley Antiterrorista siempre será selectiva y los culpables suelen ser personas de pensamiento antagonista al gobierno. Curiosamente, en el caso mapuche, los inculpados siempre han sido integrantes de las mismas dos familias de siempre”, señala Myrna Villegas.

En su reflexión final, el abogado Cortés concluye que el antiterrorismo se ha convertido en algo peor que el terrorismo. Algo totalmente contrario a los derechos humanos y que tiene su génesis en una estructura tan conocida como cercana. “Karl Marx habla en su obra de los métodos con los que se crea el capital y que requieren de una enorme cantidad de violencia económica y extraeconómica para lograr la acumulación. Desde el Siglo XVIII, la burguesía se dio cuenta de que podía utilizar los métodos del Estado para este fin y eso es terrorismo. Si hasta antes del 9/11 existían cerca de 109 definiciones de lo que es terrorismo, tras los atentados contra las Torres Gemelas esa cifra aumentó a más de 300 y llegó a publicarse un libro sobre terrorismo cada 6 horas”, señala el abogado de la barba tupida.

Recomendó  siempre interpretar políticamente la Ley Antiterrorista ya que de otra manera es imposible comprender su existencia. “La aplicación de esta ley nos remite a una paradoja que  Bertolt Brecht señalaba desde la dramaturgia y que preguntaba quién cometía un acto más delictivo: ¿Quien funda un banco o quien lo asalta?”, tras las risas, el abogado agrega: “Cabe preguntarse lo mismo ahora en el marco de la Ley 18.314. ¿Quién comete un verdadero acto terrorista?, ¿El anarquista que hace volar un cajero, lanza unos volantes y arranca del lugar o el que hace estallar el mismo cajero para robarse el dinero?. Lo cierto es que sólo al primero de ellos le aplicarán la Ley Antiterrorista”, concluye.