Académicos/as de la UAHC reaccionan a publicación_Informe del Departamento de Estado de EE.UU. reconoce violaciones contra los derechos humanos en Chile durante 2020

El Departamento de Estado de EEUU dio a conocer un extenso reporte titulado “Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: Chile” en el que entrega sus conclusiones sobre la observación del estado de las garantías civiles que rodearon el último año en materia de respeto por la integridad de las personas, libertades civiles, discriminación, corrupción y derechos laborales, ente otros.

El reporte entrega definiciones relevantes sobre cómo las fuerzas policiales cometieron abusos contra la población, mientras que por otro lado señala que el Gobierno tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron estos abusos. Entre las vulneraciones que el informe detalla se incluyen casos específicos de homicidios arbitrarios o ilegales, tortura por parte de agentes del orden, violencia contra pueblos indígenas y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

El abogado y docente de la Escuela de Derecho UAHC, Rodrigo Medina, cree que el informe da un salto histórico en cuanto a su definición de las violaciones a los derechos humanos respecto a los años del presidente Donald Trump. “Este legendario informe que data del año 1976 -desde el gobierno del presidente Jimmy Carter- plantea una panorámica del estado institucional en la región y, a diferencia de la administración Trump, ya no se habla de “presuntos abusos” sino que se les da por efectivos y eso es un avance muy importante. Así, a nivel internacional, queda la certeza bastante clara de la existencia de estos excesos ocurridos a partir del estallido social y no se consideran pues una opinión de los grupos víctimas de la represión únicamente”, explica Medina.

Por su parte, Silvana del Valle, directora de la Escuela de Derecho UAHC, valora que exista este reconocimiento internacional de una situación de violación de derechos humanos en el país a partir de la revuelta. Lo que llama la atención, dice la doctora en Derecho es que al analizar el detalle de las situaciones que se reportan, se observa que el informe se funda más en aquellas situaciones que han sido documentadas por el propio Estado, sin consultar a organizaciones autónomas.

Advierte del Valle que en ese sentido se trata de un informe conservador donde “no se reconoce una situación de persecución a personas que han participado en la revuelta, aún cuando existen otras fuentes que podrían haber sido consultadas, como organizaciones de la sociedad civil. La Academia, por ejemplo, ha tenido contacto con las agrupaciones de presos políticos, la Comisión de Derechos Humanos ha estado reportando esta situación sobre procesos que están plagados de irregularidades“, plantea.

Poco después de que el Consejo de Defensa del Estado respondiera a la defensa que representa a las víctimas de daño ocular producto del uso de armamento policial, alegando una “desproporción” en los montos indemnizatorios, el rector UAHC, Álvaro Ramis, expresa la importancia de que el documento del Departamento de Estado de EEUU provenga de un organismo observador desligado de cualquier interés del Gobierno Chileno.

“Esto es algo fundamental ya que acredita sin lugar a dudas que las fuerzas policiales chilenas cometieron abusos graves. Un punto relevante si consideramos que próximamente se presenta el informe 2020 de Amnistía Internacional, una observación que entregará el detalle de este tipo de violaciones a los derechos humanos como para configurar el cuadro mayor a través de nuevas fuentes y marcos de opinión, a fundamentar con nuevas evidencias lo que han advertido otros informes de distinta naturaleza y que son muy importantes para la causa de búsqueda de justicia para las víctimas de estos abusos”, señala. “Queda así desmentida la respuesta del CDE y no por cualquier fuente, sino por una pública, un Estado ajeno al nuestro y sus respectivas fuentes diplomáticas”, agrega.

La figura del/la  preso/a político/a

El informe del Departamento de Estado de EEUU también señala que, para efectos de su conclusión, no encontró registros de la existencia de presos o detenidos políticos en el contexto de las movilizaciones sociales. Sobre este apartado, Ramis cree que efectivamente, el estado no ha dejado registros públicos que permitan delimitar la existencia de personas detenidas o apresadas por su pensamiento político, pese a que en la práctica existen personas detenidas por la movilización social afectadas por penas en extremo gravosas. “Esta carencia de información es llamativa por cuanto existen múltiples informes de la sociedad civil que así lo plantean y acreditan”, explica Ramis.

El profesor Medina, advierte que si bien el informe estadounidense habla de detenidos por delitos comunes y no políticos, esta es una categoría bastante maleable y difícil de zanjar en cuanto a su definición en este tipo de publicaciones. “Hay que entender que en el caso chileno el Estado ha hecho uso, de manera exagerada, antojadiza y no disimulada de las herramientas procesales y penales para construir delitos, se dice, de manera artificial para extralimitar las medidas cautelares de estas personas sometidas a la jurisdicción de los tribunales. Por eso no se descarta que estas detenciones tengan ribetes políticos, discuten quienes buscan la aplicación de un indulto a las personas investigadas y condenadas después del estallido social”, razona el abogado.

El documento emanado desde el Departamento de Estado de EEUU, puede leerse aquí y anticipa que, a mediados de este año, el organismo publicará un apéndice referido a abusos contra los derechos reproductivos de la mujer.