Álvaro Ramis, rector de la UAHC: “Sería una ceguera no tener rankings. El punto es que los que estamos analizando están construidos con un sesgo”
Entrevista publicada en The Clinic
El rector Álvaro Ramis aborda los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, la PAES. Este año persistió la brecha histórica entre establecimientos privados y públicos. Al mismo tiempo, se mantuvo la ausencia de liceos emblemáticos en el listado de los 100 mejores establecimientos en el ranking de colegios con mejores resultados en la PAES elaborado por El Mercurio.
Al respecto, afirma que “la pregunta es si los rankings ayudan a comprender la realidad”. Y añade: “El problema es que necesitamos rankings, pero no estos. Estos están mal construidos porque están para otra época. Están para una fase del desarrollo de la educación de hace 15 o 20 años atrás. El sistema educativo cambió y por lo tanto no se logra construir el dato”.
Como un balance positivo sostiene que “este año hubo un incremento de 3,9% de gente que rindió la prueba. Ese porcentaje es relevante estadísticamente porque no se condice con el incremento de natalidad. Es decir, hubo mayor cantidad de gente que quiso rendir esta prueba”.
También analiza el proceso de admisión 2024 y el manejo del gobierno sobre la educación superior.
¿Está de acuerdo con el planteamiento que hizo el ministro Cataldo respecto a los rankings de establecimientos?
Lo que hay que hacer es tener mejores rankings, que realmente permitan leer mejor el contexto, la realidad, para tomar mejores decisiones. Que no sean punitivos, sino ayudas para la mejora. Si uno no mide, no toma mejores decisiones. Sería una ceguera no tener rankings. El punto es que hoy día los rankings que estamos analizando están construidos con un sesgo de la forma como funcionó el sistema durante muchos años.
Hay que evaluar también el desempeño en función de la cantidad de recursos que existen para determinado establecimiento. Porque no estamos comparando lo mismo. Deberíamos hacer rankings segregados para establecimientos privados, de establecimientos subvencionados y de establecimientos públicos, para que se puedan comparar realidades comparables. Ponerlos a competir con recursos de entrada y con contextos distintos no tiene ningún sentido.
¿Ha sido efectiva la modificación de la PSU al PAES?
Ha habido un cambio positivo en términos de la valoración de otros aprendizajes más complejos. Siempre es un avance limitado, pero creo que en primer lugar logró desactivar una crítica social que era persistente, que se instaló en la sociedad, particularmente de los estudiantes secundarios. Y relegitimó un proceso de selección que tiene unas características más adecuadas a lo que se busca.
Es ponderar factores contextuales, aprendizajes que no sean solo memorísticos, y capacidades intelectuales puestas en contexto, que son más adecuadas al mundo del trabajo. Ese tipo de elementos hoy día se han destacado.
En los últimos años, particularmente, ha destacado la ausencia de los liceos emblemáticos en el listado de los establecimientos con mejores promedios. ¿Qué explicación ve al respecto?
Esa discusión siempre me lleva a ver el dato. El Instituto Nacional presentó 641 estudiantes a dar la prueba PAES. El promedio de esos estudiantes fue 719 puntos, lo que refleja un nivel bastante adecuado y bastante alto. Uno podría comparar con un establecimiento particular pagado que presenta 80 o 60 estudiantes, y ver cuál es el nivel de éxito y de impacto que tienen con los recursos que ellos tienen, que son mucho menores. Exige un poco más de análisis.
Lo segundo es que hay más colegios públicos que han logrado avanzar, por lo tanto la categoría “emblemática” que se instaló durante muchas décadas desapareció. Hoy existen muchos competidores para ese elemento de colegios de calidad del sistema público que disputan la posibilidad de ser factores de movilidad social y de tener altos estándares.
El Mineduc advirtió a las universidades no divulgar la información sobre los resultados. ¿Qué visión tiene también sobre esta postura?
Hay un marco legal que debería analizarse, que tiene que ver con la ley de protección de datos. El ministerio creo que hizo ese análisis jurídico. Si se observa que es posible acceder a la información anonimizando el dato individual, creo que perfectamente se podría salvar esa circunstancia, porque ayuda a la investigación educativa.
“En 2023 hubo un leve incremento en la admisión y esperemos que este año se consolide”
Sobre la posibilidad de acortar la duración de algunas carreras, plantea que existe una dificultad, ya que “tenemos chicos que llegan con menores niveles de aprendizaje”. “Particularmente en matemáticas, ciencias básicas, y también en lenguaje, lectura, escritura, que hacen que sea necesario generar remediales en los primeros años de carrera”, explica.
¿Se debería generar alguna forma de admisión diferenciada a la universidad para que haya mayor acceso?
Ya existen algunos mecanismos, pero se podrían desarrollar más. Por ejemplo, la Beca Vocación de Profesor, que actúa en esa línea. Becas particulares o vías de admisión por discapacidad, Beca Indígena o mecanismos particulares en algunas áreas. Lo que hay que hacer es tratar de avanzar a que esto permee a todo el sistema, no solamente a la particularidad o al caso especial.
¿Cuáles son las expectativas que tienen para el proceso de admisión de este año?
En 2023 hubo un leve incremento que esperemos que este año se consolide. Y eso es importante porque refleja que la educación superior sigue siendo un motor de movilidad social. Sigue generando expectativas de itinerarios de vida que estén ligados a la educación. Porque la educación hoy compite con un campo que es muy peligroso, que es inmediatista en muchos casos para muchos jóvenes, como la empleabilidad fácil en industrias que muchas veces son ilícitas. O que en otros casos no son ilícitas, pero también generan altos ingresos a corto plazo, pero no permiten una movilidad consistente en el tiempo.
¿Se requiere cambios en la Educación Superior? Le pregunto particularmente porque muchas veces se cuestiona la duración de algunas carreras, por ejemplo, u otras materias.
Uno ve que el plan Bolonia en la Unión Europea acortó una cantidad importante de carreras a un nivel mucho más corto y creo que deberíamos intentarlo. El punto difícil son las condiciones de entrada. En la Unión Europea cuando tienes carreras de tres años que después desembocan en dos años para un máster, en cinco años logras licenciatura y máster, cuando en Chile logras solo licenciatura, algo no está funcionando bien.
El punto es que en Chile la calidad de la educación básica y secundaria exige que el primero, y a veces el segundo año, sean propedéuticos de preparación para adquirir las competencias necesarias para la formación profesional. Ese es un punto técnico que es difícil de resolver y la pandemia agravó las condiciones de entrada.
“Cualquiera sea el gobierno, debe enfrentar una reforma a la asignación de la gratuidad”
Licenciado en Educación y con diversos estudios en la materia, Álvaro Ramis ha dedicado gran parte de su vida a esta área. Desde esa perspectiva realiza una evaluación del trabajo que ha realizado el gobierno mediante el Mineduc.
“Ha sido un gran aprendizaje. Creo que esta generación después de estos cuatro años de gobierno va a entrar en la plena madurez de su aporte a la política. Durante estos años han logrado gestionar una administración fundamental de los procesos y creo que el balance todavía está abierto”, afirma el teólogo.
Junto con esto se refiere a una de las principales promesas de campaña del Presidente Boric: la condonación del CAE. Ante la idea de que el Ejecutivo insista en esta materia, afirma que “es bueno explorar el punto, porque cualquier gobierno debería ofrecer al menos una alternativa al CAE. Con eso ya logra el mínimo que tiene que ver con cómo seguir con esta dinámica porque se necesita”.
¿Cómo ha visto el manejo del gobierno en la agenda educacional?
Refiriéndome a lo específico de la educación superior, instaló un buen diagnóstico, pero ha sido todavía lento el despliegue de ese diagnóstico. Y en esa lentitud tiene efecto contraproducente. En particular, creo que el diagnosticar la necesidad del cambio en el sistema de financiamiento es necesario, porque cualquiera sea el gobierno, debe enfrentar una necesaria reforma a la asignación de la gratuidad y a la administración del sistema complementario, que es el crédito.
El mecanismo actual todos concordamos de que está superado. Ya no es posible mantenerlo. Pero necesitamos claridad respecto a cuál va a ser el mecanismo de reemplazo, y eso requiere entrar ya más en detalle, no solamente a los grandes titulares del proyecto, sino que se presente un proyecto de ley concreto que se pueda discutir.
El mismo Presidente Boric, también la ministra Vallejo y gran parte de la camada que llegaron con ellos a la política provienen de las movilizaciones estudiantiles. ¿Cree que han estado a la altura del manejo de la agenda de educación?
Yo también vengo de esa estructura, de esa lógica de los dirigentes estudiantiles. Comprendo que venir de ese campo de la política estudiantil que tiene ciertas reglas endogámicas bastante especiales, son difíciles de trasladar a la política nacional. Se ha notado esa dificultad a medida que han tenido que adecuar los marcos de deliberación o de discusión que estaban basados en los códigos de la vida propia de la universidad a un mundo donde se da una discusión mucho más amplia con gente de todas las edades y con todo el espectro político.
¿Es viable cumplir con la condonación del CAE?
Para que sea viable se necesita una delimitación. Todos sabemos que es un monto muy alto en términos brutos, pero si uno pudiera delimitar qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a priorizar, se va a lograr hacer un plan gradual hasta determinados años, que permitirá ganancias para todos los sectores.
Es importante buscar una vía donde podamos repactar estas deudas, que en el fondo ayuden a que todos los actores tengan la posibilidad de pensar en un plan de salida. Por otro lado, que construyamos un nuevo crédito universitario basado en unos criterios de sustentabilidad, de previsibilidad y que se ponga en escenarios que el CAE no asume, que es, por ejemplo, los problemas de incobrabilidad para los desertores de la educación superior. Hay que establecer condiciones de cómo se gestiona esa situación porque la que actualmente opera no funciona.