Aseguran un derecho de preexistencia_Antropólogos/as de la Academia acusan discriminación de pueblo afrodescendiente en discusión de escaños reservados
El reconocimiento cultural y político de los pueblos originarios corre paralelo en cuanto a avances sociales e institucionales, pero constitucionalmente parece encontrar nueva trabas. En abril de 2019, se le otorgaba reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente (ligado a la diáspora forzada del esclavismo europeo de hace más de dos siglos) y en septiembre de este año, el pueblo pescador chango también alcanzaba ese estatus.
En cuanto a su participación en los escaños reservados para ser parte de los 155 cupos de la convención constitucional, la Comisión Mixta del Senado acordó 17 puestos para los pueblos originarios, poco después de que la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, planteara la serie de “complicaciones” que impide la participación de los afrodescendientes en este hito al considerárseles: “No indígenas propiamente tal, sino que un pueblo tribal, que está sin Censo, no sabemos cuántos son, no tenemos registros, no tenemos capacidad de calificarlos propiamente tal y tenemos un sin número de complicaciones”. Complicaciones que, esperan zanjarse con una votación separada para considerar ese cupo que ha sido vinculado más a una cuestión migrante que endémica.
Junto con manifestarse optimista por la representación indígena a votarse, el antropólogo Luis Campos se declara sorprendido por el nivel de desconocimiento o de mala intención, sea cual sea el caso, dice. “Estamos ante un problema muy serio si es que el propio Estado no conoce o no entiende lo que sucede dentro de su política pública. Es inentendible que el oficialismo y la derecha chilena argumente una falta de institucionalidad acerca del pueblo afrodescendiente para sostener estas acciones, cuando existen por lo menos 40 y 50 iniciativas donde sí se los considera como variables de centros de salud, la encuesta CASEN, informes estadísticos del INE, catastros de la Municipalidad de Arica, fondos e iniciativas del Ministerio de las Culturas y el Ministerio de la Vivienda que los incorpora como beneficiarios al menos desde el año 2002”, explica el investigador de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR.
Un derecho de preexistencia
Agrega que existen profundas investigaciones nacionales e internacionales sobre el tema que dan cuenta de ese reconocimiento a nivel institucional, no sólo por parte de universidades nacionales sino internacionales. “Si bien la definición de 17 escaños para pueblos originarios dentro de los 155 convencionales es un reconocimiento en justicia, lo ideal habría sido que fuesen puestos supernumerarios y están dejando a votación la participación de los afrodescendientes, lo cual quiere decir que, si bien se está avanzando, por un lado, por otro no podemos estar satisfechos mientras opere también el desconocimiento y exclusión arbitraria. Algo inaceptable y basado en argumentos absurdos”, cree. “Lo esencial aquí es que el pueblo afrodescendiente es, en el territorio incluso, anterior a la creación del Estado Nación chileno y tienen derechos de preexistencia como cualquier otro pueblo originario”.
Campos cree inentendible que este racismo estructural sea algo transversal y plantee que la encrucijada del pueblo afrodescendiente se resuelva vinculándola con la migración. Coincide con él, la antropóloga Astrid Mandel, quien se ha especializado en la investigación de aspectos culturales y territoriales de los pueblos lafkenche y chango.
“Creo que lo más discriminatorio de todo es que, los y las votantes deben, por ser indígenas, demostrar que lo son para entrar en un padrón especial y poder votar, lo que deja afuera a adherentes indígenas que no puedan acreditar su “calidad” como tal y a votantes no indígenas. Esto, cuando cualquier ciudadano civil del país no tiene porqué acreditar que es chileno. Al menos, podemos rescatar que, en el caso de los changos, ellos tengan ya un espacio determinado en esta representatividad en la carta magna y puedan estar incluidos en el Chile conjunto y plurinacional, dando sustento además a sus demandas más específicas que imagino deben ir por temáticas como el acceso al mar, los recursos pesqueros y su administración, regulaciones costeras y modos de vida locales”, asegura la actual docente de la Universidad Católica de Temuco.
Agrega que el proceso de los escaños reservados genera una gran incertidumbre y deslegitimidad del proceso producto de “discusiones absurdas que han montado las y los parlamentarios y los trucos que han jugado calculadora en mano, confundiendo a la ciudadanía y apelando a esa vieja premisa de dividir para gobernar y de mentir para que algo quede”.
Finalmente, la antropóloga sostiene que la discusión sigue demostrando que, para el Estado chileno, los pueblos indígenas son un elemento cultural para destacar sólo en los museos y el folclore hacia el extranjero. “Pero cuando se trata de alcanzar reivindicaciones políticas, sociales y territoriales son criminalizados. Ese Chile que se piensa homogéneo sigue siendo centralizado y pensando que el reconocimiento de estos pueblos es solo un trámite en el que pueden darse el lujo de hacer declaraciones racistas desde el desconocimiento, algo que es de una tremenda irresponsabilidad”, explica.