Aumenta el estigma contra niñez y adolescencia vulnerable_Investigadores/as de la Academia cuestionan agenda de seguridad del Gobierno que acuerda colaboración con SENAME

Un acuerdo que facilita a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el acceso a información que posee el SENAME “que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado” al organismo de investigación, encendió la alarma de diversas instituciones en torno a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue el Consejo para la Transparencia (CPLT) el primero en reaccionar a los documentos informados por el Sindicato Interempresa  de trabajadores del Servicio Nacional del Menor y al comunicado en el que los funcionarios rechazaron esta alianza.

Ambas organizaciones identificaron un interés formal por desproteger y criminalizar a la niñez y juventud a través de un convenio que estigmatiza y discrimina a los niños, niñas y adolescentes en -supuesta- protección del Estado. Otros actores en la defensa de este grupo se manifestaron ante la estrategia. Mientras la Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección contra la medida a la que calificaron de “gravísima”, el CPLT agregó a la discusión que dicho acuerdo sobrepasa la garantía constitucional de la protección de datos en niños, niñas y adolescentes “ya que requiere consentimiento de titulares, una ley que lo autorice o ser objetos de beneficios de salud”. Esto último, según los especialistas, constituye un área sensible ya que “se trata de datos personales y sensibles, por cuanto sus titulares son los niños, niñas y adolescentes que tiene a su cuidado y resguardo”.

Uno de estos especialistas es el sociólogo Alejandro Tsukame, docente de la Escuela de Sociología de la UAHC e investigador del tema de hogares de acogida y el devenir de los menores de edad que salen de estos recintos al cumplir la mayoría de edad. El académico considera pertinente la observación que el CPLT hizo sobre el asunto atendiendo a la exposición de datos personales de niños para cualquier fin que considere la ANI. Recuerda la multitud de regulaciones y tratados en materia de defensa de la infancia y los derechos humanos que nuestro país ha firmado y que aseguran que la imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes no pueda ser utilizada. “Cuando se habla de que no puede usarse esta información sin consentimiento, por otro lado, caemos en un concepto relativo porque muchos de estos niños y niñas no se encuentran en condiciones siquiera de otorgar ese consentimiento. Ahí se puede pensar que quien debiese estar a cargo son los padres, pero ni siquiera se cuenta con eso. Por lo tanto, se estarían vulnerando muchos aspectos de este tema que es muy delicado”, asegura Tsukame para quien la complejidad de esta problemática va desde el compartir datos de niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores, tocando, además, el tema de la vigilancia de los cuidadores, el disciplinamiento de los trabajadores y la vigilancia de las familias de los niños.

En un contexto general, Tsukame plantea que este tipo de control sobre trabajadores y menores, eventualmente puede obedecer a lógicas como las que guían el trabajo a distancia en estos tiempos. “Es lo que tenemos a la orden del día y adquiere lógica, también. Pensando en eso puede que haya una relación que no hayamos visto y, tal como ha pasado en el ámbito educacional, existe un intento de control de los trabajadores y ver como están realizando sus labores. Sin embargo, si lo vemos en el horizonte, no deja de ser raro que una agencia de inteligencia sea la encargada de esto… pero es algo que va en la línea de las preocupaciones de un gobierno con metas puestas en la seguridad ciudadana”, explica.

¿Un bien superior?

El académico se plantea preguntas relevantes sobre este particular: ¿Cuál es la idea detrás?, ¿La inteligencia que solicita este material es policial, estratégica o de qué tipo?. Para él, los fines no están claros y eso es una idea peligrosa. “Sin duda estamos ante un hecho preocupante. Los datos de los niños y niñas deben ser resguardados y sometidos a medidas de protección que hay que regular muy bien. Pero se está saltando todo eso. Además, cuando hablamos de datos de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, todo se vuelve más sensible por cuanto deben ser protegidos y atendidos por el Estado, quien es en este caso, quien está autorizando esta violación de los derechos esenciales.

Ante las explicaciones entregadas por el SENAME, en torno a que cada centro cuenta con una autonomía particular, Tsukame cree que esta institución no puede refugiarse en la premisa de que cada casa cuidadora esté a cargo de colaboradores privados, pues hay un mandato del Estado detrás y también una responsabilidad de velar por el cuidado de estos niños que también es superior. “Se estaría incurriendo en algo completamente ilegítimo que no tiene una finalidad del todo clara. Es poco transparente y, aparentemente, busca impactar en el control de los niños del SENAME. Es lo primero que uno puede pensar. Quizás se busque conocer detalles sobre jóvenes infractores de ley, pero pensar eso sería ingenuo, creo que el alcance que busca todo esto es mucho más alto”, asegura.

Sobre los antecedentes recientes que el Sename enfrenta por su mala fama en el cuidado de menores, el académico señala que la actual crisis sanitaria solo viene a agudizar algunas de estas falencias del sistema general protector de niños y jóvenes, en el cual se destinan millonarios recursos para mantener la burocracia de un nuevo Servicio de Protección, que tal como está, no resuelve ninguno de los problemas, cree.

Una misión desadecuada

Otras organizaciones como la Fundación para la Democracia, el Instituto Igualdad y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL); han coincidido en el carácter ilegítimo de este ánimo colaborativo y han solicitado al congreso revisar la Agenda de Seguridad y Paz Social del Gobierno, para garantizar marcos legales que se ajusten estrictamente a los principios y estándares internacionales que señalaba anteriormente el profesor Tsukame. Además, exigen, se norme sobre las facultades de para la fiscalización y rendición de cuentas de estos organismos que, amparados, en dichas estrategias, pretenden crear nuevos sistemas de control y vigilancia.

Luego de un semestre en el que se ha criminalizado en gran parte a los adolescentes como rostros visibles de la movilización social, algunas iniciativas ciudadanas se han hecho cargo de visibilizar atropellos a las garantías civiles de algunos de ellos que fueron detenidos a través de procesos poco transparentes y que, en plena pandemia del COVID-19, emergieron ante la necesidad de resguardar también su salud. Muchos de los detenidos, se encuentran aún detenidos en dispositivos de la Red del Servicio Nacional de Menores.

El Foro NO +, del que participa activamente la UAHC, se hizo parte de estas acciones de defensa social a favor de los encarcelados que incluyen una opinión también sobre el acuerdo entre la ANI y el SENAME. Al respecto, el rector Álvaro Ramis, integrante de la iniciativa, pone el acento en un tristemente histórico rol del servicio como institución cuestionada. Señala que existe suficiente evidencia sobre una desadecuada misión de cuidado de sus principales resguardados. “Debido al carácter que ha ido asumiendo como institución que no logra responder a los derechos de la infancia, creo que esta es una nueva señal de una gravedad evidente, pues coloca en sospecha algo tan sensible como el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes que deben estar bajo el cuidado del Estado”, plantea sobre este nuevo antecedente.

Derechos y deberes hacia los/as menores

Por su parte el investigador especialista en culturas juveniles, Raúl Zarzuri, también docente de la Escuela de Sociología de la Academia, comenta que llama la atención que haya salido a la luz este convenio entre la ANI y el SENAME, en primer lugar. Indica que se ha argumentado por parte de la dirección de esa institución, que el llamado convenio intenta resguardar la transparencia.  “La pregunta que surge es ¿cuál transparencia?, Cuando precisamente lo que se cuestiona en el llamado acuerdo, es que una entidad de inteligencia solicite o pueda solicitar información de niños/as y adolescentes, cuestión que muchos expertos han señalado que vulnera sus derechos fundamentales”, indica.

Explica el académico que en relación al tema no se conocen iniciativas similares que sean públicas, en nuestro país y menos en el mundo. A eso, se suma que además de existir un impedimento para acceder a información de los y las menores, la medida se extiende a sus familias y entornos. “Por otra parte, no queda claro en el convenio, qué tipo de datos se podrían solicitar, para qué los quieren, cómo lo van a utilizar, etc. Hay que señalar, que la información que tiene el SENAME es extremadamente sensible, por lo tanto, no es llegar y realizar una solicitud de información y menos si es de un organismo de inteligencia”, remarca el académico.

Al respecto, Isabel Plaza, profesional de la Unidad de Género y Sexualidades y además coordinadora del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Pedagogía de la UAHC, es tajante al recordar que el informe que realizó el Comité por los Derechos del Niño (2018), señalaba el protocolo ante la existencia de una violación grave y sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo control directo del SENAME. “Frente a eso, el Estado de Chile generó toda una investigación para ir en respuesta de solventar esa falencia que había evidenciado el informe y en definitiva se traduce en el denominado Acuerdo Nacional por la Infancia y donde a fines del 2018 este gobierno se comprometió a proteger, resguardar y no discriminar a los niños de este servicio”, argumenta Plaza y añade: “Esto no es algo azaroso ni que se pueda dejar pasar. Estamos hablando de personas de menos de 18 años y el Estado tiene la obligación de cuidarlos ya que ellos no tienen familias que puedan hacer valer ese derecho” finaliza.

Abordando lo práctico del informe, el profesor Zarzuri destaca el punto en que el documento señala que la solicitud tiene por objetivo facilitar a la ANI información relevante para actuar según las facultades otorgadas por el Estado. Sobre esto, dice, “no queda para nada claro qué producción de inteligencia se podría realizar con la información que posee el SENAME. La pregunta que surge de esta situación es: ¿cuál es el interés de la ANI por esos datos cuando nunca ha sido información relevante? A manera de hipótesis y pensando en el estallido social del 18-O, donde se comentó la participación de los llamados ‘niños del SENAME’ en las manifestaciones y actos de violencia, podría ser un objetivo de la ANI, el rastreo de esos niños, pensando en escenarios a futuros de estallido social. Hay que señalar, que esta idea aparece desproporcionada y no tiene ningún rasgo de verosimilitud, a no ser que estén pensando que los niños/as y adolescentes son un nuevo enemigo interno, cuando son precisamente los más vulnerados en la sociedad”, explica el académico.

La normalización de un acuerdo que estigmatiza

Agrega también que el documento para la colaboración habla específicamente del intercambio de información de carácter gratuita y unidireccional. “Es decir, del SENAME a la ANI y no de la ANI al SENAME, dado que es difícil imaginarse qué tipo de información podría requerir el SENAME de la ANI en relación con la población objetivo que atiende”.

Para Daniella Mirone, Magister en psicología clínica y psicoanálisis, psicóloga supervisora y coordinadora del área infanto juvenil del CAPS, esta situación desubjetiviza y estigmatiza a los niños, niñas y jóvenes, en particular a los/as vulnerables. “Una vez más, pero agravado por la situación de crisis sanitaria que vive el país y desde las sombras, se generan acciones que dejan en evidencia cual es la posición que los gobernantes tienen respecto de la infancia. Para la profesional, estos niños, niñas y jóvenes son nuevamente vulnerados, ahora en su privacidad y cuidado, junto con una criminalización de su condición. “Sólo por el hecho de vivir en una residencia o estar ligados al SENAME se les supone portadores/as de información, de intención y de daño para lo que el gobierno define como bien común y orden social.  Es una nueva violencia del estado en contra de aquellos/as que deben proteger y a los/as cuales se les debe garantizar que sus derechos humanos no sean vulnerados.

Desde la Clínica Jurídica, dependiente de la Facultad de Derecho de la UAHC, el abogado y docente Gonzalo Malagueño, manifiesta su preocupación por el mencionado convenio principalmente por la reacción de la autoridad al momento de ser consultado. “El gobierno a través del Ministro del Interior, en sus declaraciones a pretendido bajarle el perfil a ello señalando que es bastante común y normal que entre instituciones del Estado se realicen convenios. Lo preocupante en este caso, no es si es normal o no la realización de dichos convenios, sino el pretender normalizar un convenio por su habitualidad gubernamental, atentado contra el estado de derecho, que tan fuertemente se dice proteger y actuar”, indica el jurista.

Malagueño remarca que en dicho convenio, se vulneran una serie de garantías, tanto constitucionales como legales, ya que  según manifiesta, diversas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico aseguran la vida privada y datos de las personas. “No hay que olvidar que desde hace un tiempo a la fecha, la sociedad y tribunales están estigmatizado a los niños, niñas y adolescentes de hogares de acogida lo que suma un estado de precariedad a ellos y sus familiares. El convenio es absolutamente inconstitucional, ilegal y vulneratorio del estado de derecho, que se debe proteger por los diversos poderes del estado”, sostiene.

Finalmente el profesor de la Escuela de Derecho reflexiona: “A esta sociedad que despertó, lo que molesta es precisamente el doble estándar de la política, en donde al momento de producirse el estallido social, la gran bandera de batalla fue el mantener el estado de derecho y seguridad de la población  y por otro lado se celebran acuerdos que vulneran el supuesto estado de derecho que protege y la privacidad de los ciudadanos”, finaliza.