Boric, año uno

Por Álvaro Ramis

Columna publicada en Le Monde Diplomatique

“Alguien tiene alguna idea sobre cómo se lleva adelante un programa sin mayoría parlamentaria? ¿Con 4 senadores en 50 y 37 diputados en 155? ¿La reforma de pensiones, el royalty, la reforma de salud, la reforma tributaria, la laboral? Me cuentan por favor”. Esta frase, de un militante del Frente Amplio, resume las complejidades que debe enfrentar de forma inmediata el presidente Gabriel Boric. No supone imposibilidad, pero es un dato objetivo que determinará todo el curso de su gobierno.

La última elección presidencial fue calificada, con justa razón, cómo la más importante y decisiva que el país ha vivido desde el fin de la dictadura. En parte, porque el proceso crucial que jugaba su viabilidad política era la Convención Constitucional y su propuesta de nueva constitución. El triunfo de José Antonio Kast hubiera comprometido gravemente ese proceso y habría llevado a un resultado incierto su desenlace. Ese escenario catastrófico se podría prefigurar como un evento similar al vivido por Colombia, cuando el plebiscito ratificatorio de los acuerdos de paz con las FARC fue rechazado en el plebiscito de 2016. Por lo tanto, el triunfo de Gabriel Boric es también una forma clara de ratificación del curso de cambio constitucional y un respaldo decidido a la Convención y su conducción política, que a su vez hará jurídicamente posible el programa de cambios de Apruebo Dignidad, al proponer la nueva constitución.

El presidente Boric ha sido claro al afirmar que su responsabilidad ante la Convención es generar todas las condiciones institucionales para facilitar sus deliberaciones: “Más allá de cualquier diferencia política, es importante que el Estado de Chile se ponga a disposición de la Convención respetando su autonomía” señaló al visitar a la CC el martes 21 de diciembre. Esta clara delimitación de funciones augura una agenda de colaboración dinámica, productiva, pero a la vez claramente diferenciada en roles y funciones. La Convención cuenta con una ratificación de su importancia político de la mayor significación, ya que la elección misma de Gabriel Bórica ha supuesto la reafirmación de su importancia y un aval a su misión.

El punto crítico que se deberá despejar durante la discusión constitucional dice relación con la posibilidad de que la Convención acorte el próximo mandato presidencial y parlamentario al instaurar una nueva institucionalidad. Al respecto el presidente electo ha sido prudente al afirmar que “Es la Constituyente la que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles son los aspectos transitorios. No me cabe duda que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para todos los chilenos”. Esta referencia a posibles normas transitorias permitiría dar estabilidad al actual mandato presidencial sin introducir un factor de incertidumbre y discontinuidad política, pero a la vez facilitando las posibilidades de un cambio institucional integral en 2026.

Priorizar el programa de transformaciones

El programa de gobierno de Apruebo Dignidad busca superar los abusos y desigualdades que la enorme mayoría de las chilenas y chilenos reclamó masivamente desde octubre de 2019. En la plataforma que se ha propuesto al país se destacan cuatro perspectivas transversales que recorren cada una de sus propuestas: feminismo, transición ecologista justa, descentralización y garantía del trabajo decente. Además, se señalan prioridades inmediatas para el primer año, que destacan, la estrategia para el control de la pandemia, un plan de reactivación económica, y un plan de reactivación del aprendizaje en el ámbito educativo. Estas medidas urgentes deberán ser acompañadas por una reforma tributaria y un plan de fortalecimiento fiscal que permita en el segundo semestre de 2022 planificar la implementación de otras medidas del programa que requieren una asignación presupuestaria mucho más ambiciosa en 2023. En palabras de Giorgio Jackson, coordinador político de la candidatura: “Es importante una reforma tributaria que dé certezas al mundo de la inversión, cuanto antes. Por ejemplo, en la minería, el royalty es importante. El cobre cumplirá un año a más de cuatro dólares la libre y seguirá fuertemente demandado. La posibilidad de Chile es tremenda, después del 2023, que vence la invariabilidad tributaria para la mayor parte de las mineras”.

El programa señala objetivos globales cuyo objetivo supera los marcos de un año, e incluso deberían ser procesos para más de un período presidencial. Como ha señalado el diputado Jackson: “Ninguna de las transformaciones tienen como término los cuatro años. Se busca hacer un giro de timón, avances significativos para empezar a dar señales concretas de cambio, en un Gobierno. Que al terminar el período de Gabriel Boric la gente diga ‘mi vida, Chile, cambió”. Se busca definir un nuevo modelo de desarrollo que supere el estancamiento productivo y enfrente la crisis climática. Ello se debe hacer fortaleciendo el estado social de derecho, generando más inclusión social, promoviendo derechos y erradicando la violencia, legitimando los sistemas de justicia, en definitiva, instaurando un nuevo estado social y democrático de derecho, moderno.

Tres aspectos inseparables en el cambio de modelo de desarrollo, además de lo ambiental, dicen relación con generar una agenda de trabajo decente para la ocupación formal e informal basado en nuevas relaciones laborales (incluyendo las 40 horas laborales y el alza del sueldo mínimo), tare urgente en un país donde la participación del ingreso del decil inferior es una de las más bajas del mundo. Este movimiento debe acompañarse de un plan que beneficie a pymes y emprendedores autónomos y el desarrollo científico y tecnológico en la línea de estimular una economía del conocimiento que de valor agregado a la producción. Las medidas que se comprometieron a mediano plazo marcan la hoja de ruta que necesariamente debería ser priorizada: Un punto crucial es arribar a un nuevo sistema de pensiones que no contemple a las AFP. Un segundo compromiso irrenunciable es un sistema universal de salud. En tercer lugar, el fortalecimiento de las autoridades regionales, los gobernadores y consejos regionales, y también de los municipios, bajo la lógica del presidente que “tendrá menor poder cuando termine su mandato que cuando empezó”, tal como señaló el candidato en la campaña.

Otras líneas de acción prioritaria serán justicia ambiental y defensa de la naturaleza, en consonancia a la respuesta ante la crisis hídrica. Ello tendrá su correlato de tensión política con las áreas productivas mineras y agrícolas. El plan de ciudades, vivienda, transporte y servicios también estará tensionado con la industria inmobiliaria y especialmente con el gremio de los dueños de camiones, favorecidos por extraordinarias prebendas y subsidios durante el actual gobierno.

Existen líneas de trabajo que no deberían representar tanta complejidad, si hay claridad y certidumbre en materia de su tramitación legislativa: fortalecimiento de la educación y la cultura, mejorar el acceso a la justicia y reforma del sistema penitenciario, derechos de las mujeres y personas LGBTIQ, financiamiento para el desarrollo. Tampoco debería representar un problema insalvable la reorientación de la política exterior, la que debería reconocer el agotamiento de las experiencias históricas de integración y cooperación en América Latina, todas las cuales tuvieron resultados insuficientes, lo que obliga a construir una nueva modalidad de funcionamiento de nuestra comunidad regional, elemento indispensable de una política exterior que pase de los discursos a los hechos.

En cambio, los puntos que elevarán la tensión y tendrán muy difícil resolución ya que es muy poco viable establecer un consenso, se pueden agrupar en tres áreas: Lograr un acuerdo sobre el respeto y promoción de los derechos humanos y la seguridad ciudadana frente a la delincuencia y el narcotráfico. Más que por el diagnóstico, por el tipo de medidas que se deberían implementar. Una política de migración que asuma el carácter global que hoy representa el masivo desplazamiento de pueblos y comunidades de diversos países del mundo, lo que obliga a un diferente tratamiento de este tema que Chile debe necesariamente asumir. Sobre todo, lograr justicia y paz en la Araucanía, dada la tensión y complejidad del fenómeno, que confronta a actores muy diversos: grandes empresas forestales, agricultores locales, transportistas, autoridades municipales, comunidades mapuche con diferentes estrategias y visiones, etc.

Coalición parlamentaria no es lo mismo que coalición gubernamental

Todo este proceso tiene como punto crucial resolver el mal resultado de las elecciones parlamentarias. No contar con mayoría propia exige construir acuerdos más allá de los cinco partidos de Apruebo Dignidad. En el congreso será necesaria una coalición parlamentaria con el bloque PS-PPD-Radical-Liberal, e incluso con la DC. El punto difícil es que una coalición parlamentaria no es necesariamente una coalición gubernamental: “La ciudadanía quiere amplitud de mirada, no sé si es lo mismo que moderación. El que votó por Gabriel Boric sabe cuáles son sus convicciones y desde dónde habla“, ha señalado Giorgio Jackson. Ello puede implicar que la coalición de gobierno se amplíe más que hacia otros partidos, hacia organizaciones sociales que permitan dar soporte a un programa de cambios que evite la decepción de los sectores partidarios, al incorporarlos en la gestión misma de las transformaciones.

El problema de una derecha radicalizada, fuera de los marcos del realismo básico será otro factor político de volatilidad, ya que no es descartable que asuma una estrategia económicamente desestabilizadora. Pero más allá de estas limitaciones objetivas las posibilidades de avance existen. Martin Wolf, comentarista jefe de economía del Financial Times, lo afirmó a La Tercera: “Las reformas radicales realmente profundas son muy difíciles de lograr sin un balance político enorme, un fuerte apoyo, un enfoque realista. Dicho esto, me parece que en América Latina Chile es el que está en la mejor posición, por experiencia y economía, para hacer que esto funcione. Aún así será una tarea muy difícil”. Existe amplia evidencia, con fuentes tan disímiles como el propio Wolf, el FMI hasta economistas heterodoxos, que muestran las enormes oportunidades que tiene la economía chilena de aumentar la inversión y diversificarse tecnológicamente. Este debe ser el camino que se debe seguir. Los retos son inmensos, por lo que es indispensable construir la más amplia unidad y respaldo de las fuerzas sociales y políticas que coinciden con el propósito de poner en marcha un proceso dinámico, que vincule las oficinas ministeriales, el hemiciclo parlamentario y las calles y avenidas en favor del Nuevo Chile.

(*) Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano