Causas y salidas a la crisis de régimen

Por Boris Cofré Schmeisser
Columna publicada en Revista De Frente

A la base de la crisis política actual se encuentra la desigualdad económica. Mientras el 86% de la población tiene ingresos insuficientes para financiar el costo de la vida (privatizada), el 1% captura el 33% del total de la riqueza del país.

La dictadura (1973-1989) expulsó a la ciudadanía de las grandes decisiones políticas y entregó el Estado a una elite que ha profundizado (1990-2019) este modelo de exclusión económica y política, al que llámanos “neoliberal”. La brecha entre el 5% más ricos y el 5% más pobre aumentó en un 150% en los últimos 30 años.

Esta desigualdad engendró una forma de gobernar oligárquica, es decir, donde una elite capitalista desconectada del resto de la sociedad utiliza al Estado en beneficio propio, no negando la democracia en lo formal sino haciéndola estéril en lo real, en otras palabras: creando una democracia sin ciudadanía.

Solo para ilustrar cómo este modelo de injusticia social se expresa en la realidad, recordemos que, los empresarios encontrados culpables de financiar ilegalmente a los partidos políticos tradicionales (caso Penta, 2015) recibieron como sanción el asistir a clases de ética. Mientras los trabajadores informales, como los vendedores ambulantes, son perseguidos, multados y encarcelados.

La manera de enfrentar los problemas sociales, en este modelo, ha sido la privatización y el autoritarismo. Donde surge una necesidad social se ha puesto a la empresa privada a ofrecer servicios, garantizándoles el lucro, y donde surge el descontento social se ha puesto a la policía o el ejército a reprimir. La participación ciudadana es meramente consultiva y solo sirve para ratificar y legitimar las decisiones previamente tomadas por la elite política.

Si se observan los hechos de octubre de 2019 se puede comprobar que la desigualdad, la exclusión, la privatización y el autoritarismo expresados en situaciones concretas gatillaron el estallido social. El alza del pasaje del transporte público, las burlas de los ministros y la desproporcionada represión hizo que la sociedad, postergada y abusada, dijera ¡ya basta!

Así, el alza de 30 pesos en el transporte público (6 de octubre), las burlescas invitaciones “a madrugar”, del ministro de economía (7 de octubre), y “a comprar flores”, del ministro de hacienda (8 de octubre), sumado a la violenta represión, que incluyó uso de armas de fuego, a estudiantes secundarios que protestaban contra el alza, realizando evasiones masivas (14 a 17 de octubre) detonaron el actual estallido social (18 de octubre).

Este movimiento de protesta ciudadana ha cuestionado los síntomas del modelo neoliberal. Entre el 18 y 19 de octubre la principal consigna fue “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, entre el 20 y 27 de octubre fue “sacar a los militares de la calle”, y desde el 28 en adelante ha sido “la renuncia de Piñera” y cuestionar el retorno a la “normalidad”. Transversalmente, la calle también ha cantado todos estos días: “Chile despertó”. Durante estos tres momentos, (anti alza, anti militarización y anti gobierno) han emergido un sin número de demandas hasta ahora postergadas, como mejores salarios y condiciones laborales, mejores pensiones y atención en salud, acceso a vivienda y ciudad, derogación del código de agua, y un largo etcétera.

La respuesta del gobierno fue, en primer lugar, reprimir violentamente. El costo social de esa decisión política ha sido decenas de muertos, cientos de heridos graves y miles de heridos leves y detenidos (violación de los Derechos Humanos). Luego, de la “marcha más grande la historia”, donde más de un millón de personas copó el centro de la capital (25 de octubre), la solución propuesta ha sido el engaño, pues, en lugar de atender las demandas, el Ejecutivo ha puesto suma urgencia en el Parlamento a proyectos de ley que profundizan la privatización y la desigualdad, presentándolos como una “agenda social”.

Los empresarios, detrás de las instituciones de contención: gobierno, policías-ejército y medios de comunicación, han optado por defender a cualquier costo el modelo neoliberal, esto es, el sistema que realiza sus intereses. Por ejemplo, un grupo de empresarios ha anunciado que aumentará por la vía de los hechos el sueldo mínimo de sus trabajadores a $500.000 (22 de octubre), la Confederación de la Producción y el Comercio, principal asociación gremial del capital, ha llamado a los empresarios del país a hacer similares esfuerzos económicos con sus trabajadores y apoyar las maniobras del gobierno (29 de octubre).

Instituciones fundamentales de la república como el gobierno, el ejército y los medios de comunicación han tenido que pagar altos costos por defender dichos intereses. La aprobación del Ejecutivo cayó al 14%, las Fuerzas Armadas entraron en un doble desprestigio (fueron desconocidas por la sociedad en su autoridad para restablecer el orden público y volvieron a violar los derechos humanos), y se ha comenzado a cuestionar la cobertura y salarios millonarios de los animadores de TV.

Las salidas

De esta forma, la sociedad se encuentra impugnando a las instituciones neoliberales abriendo una crisis política sin precedente en la historia reciente. Una posible salida a la crisis es un auto golpe de Estado, breve pero suficientemente violento como para restablecer el orden público. Otra posibilidad es que las movilizaciones aumenten al punto de la ruptura revolucionaria de las instituciones vigentes. Ambas salidas violentas (contra revolucionaria y revolucionaria), no se pueden descartar, pero parecen poco probables por ahora. Más plausible es una salida institucional con alta movilización social, expresada en cambios (más o menos profundos) en la distribución del poder económico y político dentro de los cauces institucionales, donde la elite tendrá que aceptar, contra su voluntad, compartir el poder económico y político con segmentos de las clases sociales hasta ahora excluidas.

Sea cual sea la profundidad de los cambios institucionales, es necesario que la sociedad conquiste producto de estas movilizaciones reivindicaciones concretas. En ese proceso de conquista puede estar el inicio de la transición histórica. Por ejemplo, desde Ukamau hemos dicho, primero: que se debe garantizar materialmente la realización de la reivindicación habitacional y urbana de la sociedad. Para ello, se debe crear un Banco de Suelo para la construcción de vivienda y barrio. Segundo: se debe permitir la participación vinculante (no solo consultiva) de la sociedad en la gestión de los proyectos, restableciendo el artículo 68 del Decreto Supremo 49 de 2011. Tercero: se debe establecer el mecanismo institucional por el cual se realizará y viabilizará económicamente una reforma estructural en el sector vivienda y urbanismo, o sea, una Reforma Urbana, materializada en una Ley General de Vivienda y Ciudad con sus correspondientes Planes Habitacionales y de Desarrollo Urbano, que des-privatice la producción y asignación de viviendas y ciudades. Cuarto: se debe permitir que el segmento popular de la sociedad alcance representación institucional de sus intereses, rompiendo con su histórica exclusión política. Para ello se debe crear en la institucionalidad un ente que represente sus intereses, con facultades que le permita participar en la definición de la política pública.

Qué tan profundos sean los cambios dependerá de la lucha política, es decir, de la transformación del malestar social en proyecto y triunfo político. Esto puede tener distintas expresiones, no sólo la ruptura revolucionaria, por ejemplo: la emergencia de nuevas fuerzas políticas a costa de los partidos tradicionales, el surgimiento de nuevas entidades estatales que representen los intereses de grupos sociales excluidos o mecanismos redistributivos al interior de un modelo económico que estructuralmente produce desigualdad.

Entonces, ¿qué hacer en este escenario?

Evitar que la energía social se disipe conduciéndola hacia un objetivo político realizable, esto es, alcanzar reivindicaciones sociales concretas y plebiscitar una asamblea constituyente para que el pueblo escriba por primera vez en la historia una Constitución Política democrática en su forma y contenido, es decir, que ponga al Estado al servicio del bien común y no del gran capital.