¿Chile tiene las políticas públicas que merece?

Por Domingo Bazán (*)

En nuestro imaginario, las políticas públicas siguen representando una oportunidad para cambiar la realidad social, al menos, para beneficio de las clases medias y de los trabajadores, bajo el supuesto de que una intencionalidad de cambio planteada por el Estado y los gobiernos de turno sienta las bases de la construcción de una sociedad nueva a partir de la transformación de las actuales condiciones de injusticia y exclusión social.

Sin embargo, nuestra lectura es que, luego de cinco gobiernos de centroizquierda y uno de centroderecha, con más convergencias que divergencias, sin grandes diferencias entre sí en lo referido a los resultados y razones de un sinnúmero de políticas de amplio espectro, nada parece transformado, sino para peor. Como decían Los Miserables en los años noventa: “Cambian los payasos pero el circo sigue”.

¿Qué hay en el ADN de una política pública en Chile que, finalmente, solo asegura que poco o nada cambie? Intentemos algunos juicios:

a) El volumen y el tipo de investigaciones que avalan una determinada política pública es un aspecto deficitario. La producción general de conocimiento social en Chile aún es baja, pero es más baja la capacidad para producir conocimiento cualitativo y comprensivo sobre la realidad a mejorar, especialmente en sus dimensiones situacionales, de particularismo cultural y de rescate auténtico de la subjetividad de los distintos actores sociales. En este sentido, una política pública suele estar avalada por explicaciones universalistas epistemológicamente espurias y políticamente hegemónicas, reduciendo a priori el conflicto. Así, una política avalada en estudios objetivistas deja poco margen de representación a la periferia, a la incerteza o a la singularidad.

b) El fundamento epistémico-teórico es frágil en una política pública, bien porque los autores de dicha política son meros administrativos o no expertos en el contenido de la política que trazan o bien porque los argumentos teóricos empleados son sesgados o parciales, tributarios de un saber oficial dominante. En el caso de políticas educativas, de hecho, hay pocos pedagogos autores de políticas o convocados a aportar al rediseño o argumentación de una política, se privilegia a autores pseudocríticos o derechamente funcionalistas o neoconductistas. El énfasis en lo individual, en la medición, en el éxito, en el incentivo por la eficiencia, en el aula como territorio de lo educativo, en el currículo como saber científico superior, avalan estas representaciones.

c) El interés cognitivo que subyace es eminentemente de control en una política pública, en términos habermasianos. Esto supone un ejercicio racional, objetivista y experto en el diseño de una política, siempre de arriba-abajo, con baja participación ciudadana, con el propósito implícito de homogenizar y oprimir a las capas desfavorecidas de la población (“despotismo ilustrado” puro). Pocas veces un tono emancipador, pocos intentos por empoderar a la gente, nada que implique horizontalizar el poder. En esto, unos y otros alternan el poder, en un contrato hegemónico que hace de las políticas sociales, educativas, de salud o de vivienda una herramienta de gobierno de baja solidaridad y de carácter meramente asistencial y populista, justamente para perpetuar –a punta de bonos esporádicos– las condiciones de exclusión e injusticia sociales que percibe buena parte de la población actual.

d) El modo de mirar la realidad es reduccionista, generando desde esta alegoría a la anticomplejidad un cúmulo de políticas sectoriales desmembradas, superficiales, poco eficientes. El lema “a problemas complejos, soluciones simples” (cuya versión local se llamó focalización, tan común desde los años noventa), no ha dado resultados, excepto para mantener prolijamente las cosas como siempre, sin transformación. Este reduccionismo aporta a la reproducción social en la exacta medida en que no nos deja ver ni imaginar más allá de lo evidente, fragmentando a conveniencia de unos pocos las posibilidades de transformación social de muchos.

Políticas de desarrollo centralistas, políticas educativas de acceso gratuito a universidades no democráticas y que lucran, políticas educativas “adulto-céntricas”, políticas sociales “descontextualizadas”, políticas de vivienda “casa-céntricas”, políticas de seguridad ciudadana que “sospechan del otro”, políticas de inclusión monoculturales, entre otras tantas versiones, no surgen por casualidad, no son neutrales ni son inocuas. Al contrario, son producto de una matriz social injusta y excluyente que las procrea y protege, dando como resultado un operar del aparato público –del Ejecutivo y de las carteras ministeriales– también excluyente e injusto.

Esta configuración en la génesis de las políticas públicas debe ser modificada. No está claro si en una nueva Constitución o en el surgimiento de nuevos movimientos sociales o políticos, pero sí en la denuncia valiente y continua, en la reflexión situada, en el escaso pero esperanzador camino emancipatorio que viven algunas personas en Chile. No hacerlo –ni pensarlo ya– es una opción ética y política muy difícil de defender.

(*) Domingo Bazán es Posgraduado en Ciencias Sociales (ILADES). Licenciado en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente de la U. Academia.