Conversatorio sobre prisión política y apoyo al encarcelado_Jornada anticarcelaria redefine al preso político

El panel que debatió distintos enfoques y experiencias relacionadas en el foro “Derechos Humanos, Prisión Política y Derecho Penitenciario” reunió a abogados, representantes de organizaciones de DDHH y otros activistas que expusieron la naturaleza de lo que se entiende como “presos políticos”.

La actividad fue organizada por estudiantes de derecho de la Academia y reunió a Washington Lizana, abogado de la Defensoría Popular, Rafael Escorza, miembro del Coordinador de Derechos Humanos y Delia Amadeo, madre de Enrique Guzmán, acusado del atacar una comisaría de Carabineros en 2014 que se ha convertido en un activista dentro de la cárcel al ser vinculado al caso Bombas 2.

“No es posible que se siga considerando terrorista a jóvenes que salen a la calle a exigir educación gratis, o pensiones y una salud digna. En ese sentido los medios son enemigos de estas críticas al sistema y el estado, a su vez, el principal interesado en causar temor en la población para que la lucha sea sofocada”, expuso Delia Amadeo en la jornada.

Representantes del Observatorio Chileno de Violencia Institucional agregaron que la represión por género agrava la situación de muchos de los detenido, ya que en el caso de las mujeres la prisión es una condena triple que se carga, además de un nivel penal, como una sanción social a través del estigma carcelario y a un nivel personal que significa el total abandono de sus pares y parejas. “El control histórico del cuerpo de la mujer por la sociedad patriarcal referida al castigo de la prostitución, el aborto o el adulterio encuentra en la prisión y el secuestro su herramienta más útil. Si a esto sumamos la efectividad de la Ley 20 mil, podemos observar que el número de mujeres encarceladas se ha triplicado  y que, por otra parte, no parece afectar al mercado de la droga”, explica Alicia Barría quien reflexiona sobre otro patrón reconocible de esta dicotomía.

“Las cárceles de mujeres, originalmente gestionadas por monjas, siguen repitiendo la impronta religiosa hasta el día de hoy. Incluso “reeducan” a las mujeres en las mismas labores patriarcales que son útiles para una sociedad capitalista bajo el nombre de rehabilitación”, señala.

En tanto, Lizana, abogado de la Defensoría Popular, intervino para explicar cómo se gesta el proceso de criminalización que es funcional a las detenciones por las leyes de tenencia de armas o antiterrorista. “A mayor criminalización, se castiga con mayor violencia a los involucrados y el Estado aumenta los recursos de este tipo de persecución”, dijo para ejemplificar con el largo desfile de querellantes en casos de este tenor o la ingente cantidad de mecanismos de control que rodean un proceso legal común, pero teñido de carga política. “Desgraciadamente – lamentó – existe muy poco apoyo social y político para con los presos políticos”.

“Creo que la principal traba para que la gente se involucre en la causa de los presos políticos en general, es superar el temor que genera el Estado a través de la persecución política y sanciones para quienes estén dentro de círculos de amistad o simpatías hacia los inculpados”, señala el abogado que recuerda cómo se produjo la encarcelación de Enrique Guzmán, culpable de  ser amigo de Flores y Casanova. “Él no tuvo temor de apoyar a sus compañeros y fue a verlos a la cárcel,  hizo gestiones para recolectar dinero, recursos, apoyo y comida. Suficiente para que la fiscalía terminara involucrándolo. A este nivel, simplemente apoyar a un “preso político” ya genera miedo en la población. Este tipo de amedrentamiento es una herramienta política absolutamente”, dice el abogado.