Crisis, violencia policial y proceso constitucional en Chile 2019-2020

(*) Por Boris Cofré

Columna publicada en revista Passapalavra, Brasil

El 18 de octubre de 2019 Chile entró en la crisis social y política más profunda de los últimos 50 años, de la que aún no ha salido. El estallido social o revuelta popular expresa un profundo descontento social con el ejercicio autoritario y abusivo del poder político y económico, es decir, los síntomas más agudos del modelo neoliberal y su democracia sin ciudadanía. En las jornadas de protesta de 2019 se registraron concentraciones históricas, por ejemplo, la denominada “Marcha más grande de la historia” (25 de octubre), en la que participaron más de un millón de personas en Santiago, ciudad donde viven alrededor de 6 millones.

Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la respuesta violenta del gobierno a estas manifestaciones dejó a más de dos mil ciudadanos presos (a la fecha), decenas de muertos, más de tres mil heridos, la mayoría por disparos de plomo (1.681), gases lacrimógenos (271), balines de presión (190) y balas (51). Entre ellos, 445 fueron lesiones oculares, 34 con pérdida parcial o total de la visión. A pesar de lo expresivo que fue el descontento y la protesta social, la autoridad optó por responder con represión y profundización del modelo, que solo abrió, en contra de su voluntad, en el marco de una huelga general -12 al 14 de noviembre-, a un proceso. cambio constitucional (acuerdo de 15 de noviembre de 2019). Se acordó realizar un referéndum para determinar si la ciudadanía aprobó o rechazó la sustitución de la actual Constitución Política, redactada en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1988), pilar del “modelo chileno”. La fecha original era el 26 de abril, pero debido a la pandemia de COVID-19, se pospuso al 25 de octubre de 2020.

En marzo de 2020, en el momento en que las manifestaciones se recuperaban masivamente con el 8M (8 de marzo, Día de la Mujer) después de las vacaciones de febrero, el gobierno se preparaba para un nuevo ciclo represivo y las fuerzas políticas se preparaban para el referéndum. del 26 de abril. Estalló una nueva crisis: el coronavirus había llegado a Chile. La crisis de salud se ha cobrado la vida de más de 15.000 personas; más de 500.000 cayeron enfermos en un país de 17 millones; y amenazó en su punto más alto, en junio de este año, el colapso del sistema de salud (varias áreas del país quedaron con alrededor del 90% de su capacidad utilizada). Aunque esta nueva crisis ha cambiado el panorama político, al permitir que el gobierno retome la iniciativa política al imposibilitar las manifestaciones públicas e inmovilizar a la oposición,

Según el FMI, la economía chilena entrará en recesión en 2020. El PIB caerá alrededor de un 4,5% este año, llevando la pobreza al 14% y el desempleo al 18% (alrededor de 2 millones de personas). Actualmente, hay alrededor de 2 millones de personas sin trabajo y listas para quedarse sin ingresos. Pero estos promedios ocultan el impacto que las crisis tienen en el segmento de bajos ingresos de la clase trabajadora; por ejemplo, mientras que el desempleo es del 10% en general, en este grupo social supera el 30%. Lo mismo ocurre con los indicadores de salud, pensiones y vivienda.

Estas tres crisis son las más llamativas, pero no las únicas. Hay crisis silenciosas que afectan a la sociedad de la misma forma. La crisis del agua (10 años de sequía y privatización), la crisis de la vivienda (el déficit afecta a unos 2 millones de personas) y la crisis de las pensiones (las pensiones en promedio no superan la línea de pobreza ni el salario mínimo), para nombrar unos pocos.

Gracias a la reducción del número de casos de COVID-19, en octubre de este año se inició la flexibilización de las normas de confinamiento de la población, lo que permitió reiniciar las protestas todos los viernes en el centro de la capital, y con ellas la represión. Por ejemplo, el viernes 2 de octubre, un policía arrojó a un manifestante de 16 años de Ponte Pio Nono al lecho del río Mapocho, provocándole heridas graves. El puente tiene unos diez metros de altura. Después del ataque criminal, el piquete policial se retiró sin asistencia. Si bien se ha limitado el uso de escopetas y también se ha reducido el número de heridos, continúan los hechos poco claros en los que se agredió o mató a manifestantes en el centro de la ciudad o en barrios populares.

A pesar del permanente estado de represión, el 18 de octubre, en el marco de la celebración de un año de convulsión social, las manifestaciones recuperaron su masividad. Días después, el 25 de octubre, más de 7,5 millones de ciudadanos votaron en un 78% por la aprobación del cambio constitucional y por la elección del órgano constituyente más democrático (Convención Constitucional).

Estamos a cinco meses (abril de 2021) para la elección de Gobernadores Regionales, Alcaldes, Concejales y miembros de la Convención Constitucional, y a un año (noviembre 2021) para la elección de Presidente, Senadores, Diputados y Consejeros Regionales. De esta manera, el 2021 estará marcado por estos procesos electorales que establecerán un nuevo gobierno y una nueva Constitución que entrará en vigencia a partir de 2022 y definirá el marco sobre el que se desarrollarán las luchas en los próximos años y décadas.

(*) Por Boris Cofré. Licenciado, magíster y Dr. en Historia. Jefe de Programa de Formación Pedagógica en Enseñanza Media para Profesionales UAHC