Declaración Escuela de Sociología UAHC – Malestar y protesta social

Miércoles 23 octubre de 2019

Desde el retorno a la democracia en 1990, el malestar en la sociedad chilena ha permanecido latente. Así, el  año 1998, un Informe del PNUD planteaba la existencia de una significativa paradoja. Nunca antes, en la historia del país, amplios sectores de la población habían tenido tanto acceso al consumo de bienes materiales y simbólicos. Sin embargo, en un contexto de  plena aplicación de políticas neoliberales y con una subjetividad caracterizada por el individualismo y la ausencia de una visión comunitaria que diera marco a la vida social, bajo el predominio de un mercado de trabajo con empleos inestables y bajos sueldos, el consumo creció vía endeudamiento, lo que fue incrementando un sentimiento generalizado de vulnerabilidad. El temor a caer nuevamente en la pobreza, producía un malestar difuso, que no se expresaba claramente y no era capturado en los programas y discursos políticos dominantes.

El año 2006, se produce la revolución pingüina, que devela las consecuencias negativas de la mercantilización de la educación, su brutal segmentación y la pérdida de relevancia de la educación pública.  La expresión de malestar, continúa el año 2011, con el movimiento estudiantil universitario, que se levanta contra los pilares neoliberales en Educación  Superior, con la consigna “Educación pública, gratuita y de calidad”. El movimiento estudiantil recibió un enorme respaldo transversal de la sociedad, sus demandas trascendieron al sistema educacional y su accionar interpretó un malestar ya no difuso sino explícito y sistémico. Los propios defensores de la particular transición pactada a la democracia sin desmontar los pilares de la transformación neoliberal autoritaria, reconocieron que la protesta se debía a una promesa incumplida o derechamente a una “estafa” (Tironi, El Mercurio, 2011).

Respuesta política insuficiente

La Presidenta Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, tratan de recoger ese malestar en el programa de gobierno, que proponen al país en las elecciones presidenciales de 2013. Se incorporan allí iniciativas para lograr cambios estructurales. No obstante, triunfar en los comicios, durante ese segundo gobierno, Bachelet no logra contar con la fuerza y cohesión política de su propia coalición ni el apoyo de una sociedad  movilizada, para llevarlos a cabo. El análisis del período deja algunas conclusiones claras: los esfuerzos representaron un nuevo intento de transformación desde la élite, un nuevo repliegue defensivo de la derecha que bloquea los cambios, la persistencia de las limitaciones que impone el entramado institucional y que no logran ser superadas mediante la concreción de una reforma constitucional profunda.

Las elecciones presidenciales de 2017 mostraron varias consecuencias del ciclo anterior: un aumento en la abstención electoral, la derrota de la coalición gobernante, el positivo resultado en las votaciones obtenidas por el Frente Amplio como nueva coalición política, con importante representación parlamentaria y, el más importante, el triunfo de la nueva candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Es decir, el electorado favoreció mayoritariamente la promesa de tiempos mejores ofrecida por la derecha agrupada en Chile Vamos. La búsqueda de respuesta a sus demandas llevó a sectores medios y populares a votar por el ex Presidente, quien ofreció retomar el crecimiento económico, abordar con eficacia los problemas de seguridad pública, controlar la inmigración masiva y devolver la mesura frente a “reformas riesgosas e improvisadas” del gobierno saliente.

Durante este segundo año de gobierno, se fue haciendo evidente que la economía no lograría los niveles de crecimiento prometidos, los tiempos no mejoraron como se esperaba, la agenda legislativa se inclinó a políticas regresivas como la reforma tributaria y el malestar incubado no se contuvo más. El 14 de octubre recién pasado,  cuando se sube, una vez más, la tarifa del Metro de Santiago,  grupos de jóvenes convocaron por redes sociales a evasiones masivas con el no pago del pasaje. La protesta recibió respaldo ciudadano y el 18 de octubre estalló el  descontento. Sin embargo, el alza del transporte público sólo fue el detonante del malestar profundo. Como dice un cartel, en las manifestaciones masivas que se han realizado todos estos días en plaza Ñuñoa: “no es por 30  pesos, es por 30 años”.

Desigualdad y cambio

El descontento es provocado  por los innumerables  abusos de las grandes empresas (caso Penta por ejemplo); por la ausencia de  legitimidad de las instituciones políticas y administrativas del país, debido a que los partidos políticos dejaron de representar y conducir las inquietudes, necesidades y aspiraciones de las gran mayoría de la población; por un contexto de ruptura con la ética y valores morales, cuyo mayor ejemplo son los casos de abuso sexual en la Iglesia católica;  por descubrir que existen robos millonarios en instituciones como el Ejército y Carabineros; por la precariedad en la garantía de derechos económicos y sociales como salud, educación, previsión, vivienda; por los bajos sueldos; por el alza de los precios en los remedios y de servicios básicos como el  agua, la luz, el transporte.

A partir de todo lo anterior, la raíz del descontento es la brutal desigualdad de la sociedad chilena, que se expresa en la concentración del ingreso en el 1% de la población que captura el 33% del producto generado por todas las personas que trabajan. Que se expresa, también, en que la mitad de los trabajadores actualmente ocupados en Chile tiene un sueldo inferior a $400.000 mensuales. En consecuencia, el 80% de las familias no alcanzan a llegar a fin de mes, por lo que el 76% de ellas están endeudadas (Datos INE).

Es en este escenario, de desigualdades tan extremas, que se producen manifestaciones legítimas y pacíficas que, como Escuela de Sociología, comprendemos y apoyamos. Manifestaciones que son producto de la rabia que produce el abuso de las grandes empresas; la rabia por las desigualdades en el trato, especialmente  el clasismo;  por el desprestigio de la política debido a la pobreza de debate público sobre el tipo de sociedad que se desea construir, y por la desconfianza en sus organizaciones, lo que se expresa en la abstención electoral;  por la crisis de  valores respecto al bien común, lo que queda de manifiesto,  por ejemplo, en la existencia de las llamadas “zonas de sacrificio”, en las cuales las poblaciones  se enferman debido a la contaminación existente;  todo lo cual produce malestar en un gran sector de la sociedad chilena.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades del país? Frente a estas manifestaciones, el gobierno responde con violencia: estado de  emergencia, toque de queda, represión, calles militarizadas. Existe desconcierto y se  proponen medidas declaradas como “una nueva agenda social”, las que son absolutamente insuficientes, para enfrentar las necesidades de la mayoría de la población.

Rechazamos la respuesta autoritaria y la violencia estatal, somos claros en eso. También queremos serlo respecto de otras violencias. No estamos de acuerdo con la destrucción de las estaciones y vagones de Metro (que utilizamos los trabajadores y no los empresarios) ni con la destrucción de bienes públicos o privados de distinto tipo. No estamos de acuerdo porque la violencia, la destrucción, el robo, sólo alimentan el miedo e inmovilizan a un sector importante de la población, que podría apoyar las manifestaciones contra el actual orden económico neoliberal y, por otra parte, porque entrega motivos para invisibilizar las demandas ciudadanas, focalizando el problema en el “vandalismo” que destruye el país.

Al respecto, es importante esclarecer todos los factores que están incluidos en la violencia nocturna, especialmente la notoria ineficacia y falta de previsión de los profesionales comisionados por el sistema jurídico-político a asumir el control del orden público en estados de emergencia. Demasiados episodios confusos y contradictorios acaecidos en estos días requieren ser seriamente explicados por las entidades militares y policiales. Exigimos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos cumpla a cabalidad su función fiscalizadora y contralora del respeto irrestricto de los derechos de la ciudadanía, entre ellos el derecho a protestar pacíficamente.

Como sociólogos y sociólogas, no podemos pasar por alto el método usado por los medios de comunicación masiva para relevar los múltiples sucesos de estos días. Es nuestro deber estar atentos a distorsiones y manipulaciones de los hechos. En particular, el desbalance para cargar la agenda mostrando profusamente hechos de violencia, permite justificar la represión y desconocer el problema de fondo que hoy se expresa en las calles: la demanda por cambios que posibiliten una democracia participativa que avance hacia condiciones de efectiva justicia social.

Como académicos y ciudadanos, adherimos a las manifestaciones que instalan la discusión política de fondo respecto a qué tipo de sociedad queremos, cuál debería ser el rol del Estado en economía, cómo enfrentar el abuso y las desigualdades. Consideramos que lograr un nuevo pacto social, exige retomar el objetivo de una reforma constitucional que permita abrir los cerrojos neoliberales que existen en la actual, entre los que se destaca el principal: el derecho a la propiedad que se encuentra por encima de cualquier otro derecho.

Durante los próximos días debemos proponernos contribuir como actores sociales y universitarios al proceso histórico que la sociedad chilena está viviendo. No tenemos recetas, pero tenemos la voluntad de ejercer nuestro oficio, con humildad y convicción. Los y las invitamos a sumar fuerzas y con sentido de comunidad.

Equipo docente
Escuela de Sociología
Universidad Academia de Humanismo Cristiano