
Derechos de propiedad intelectual y acceso libre al conocimiento científico
(*) Por Isnel Martínez Montenegro
La propiedad intelectual tiene significado y trascendencia multifacética y multidisciplinaria en el acontecer económico, y está presente en las más diversas actividades como: actividades de investigación- desarrollo y tecnología; los servicios; actividades de información tecnológica, económica, legal y comercial; de promoción, publicidad, exposición, divulgación o cualquier forma de comunicación oral o escrita relativa a las creaciones intelectuales; en la formación académica pre y posgraduada; el registro y autorización sanitaria y comercial de productos, tales como: productos farmacéuticos, productos plaguicidas y variedades vegetales; la planificación económica y financiamiento estatal, institucional y empresarial; y actividades dirigidas al reconocimiento moral y material del esfuerzo creador.
En el orden social y humano los derechos de propiedad intelectual también son necesarios, ellos tienden a reducir los niveles de pobreza, porque pueden utilizarse para enriquecer la vida de los individuos y el futuro de las naciones desde el punto de vista material, cultural y social, contribuyen a la lucha contra las enfermedades y la mejora de la salud de madres y niños, ya que con las investigaciones en materia de salud se crean nuevos medicamentos, en el ámbito farmacéutico y biotecnológico estos descubrimientos han tenido como resultado la creación de vínculos de cooperación entre empresas de todo el mundo y promocionan el acceso a la educación y la contribución al desarrollo sostenible.
La investigación científica debe conllevar al logro de un resultado y producto de esto, es que se construye el conocimiento científico como parte del proceso que reconocemos como ciencia. En este campo, la motivación es el ansia de conocimientos, la actividad es la investigación y el producto resultante es el conocimiento científico. El proceso en que se desarrolla este cada día es más costoso y más complejo sus formas convencionales o no convencionales para transferirlo.
De manera que la ciencia y el conocimiento que de ella se deriva deben desarrollarse a la par y bajo los efectos humanistas de la sociedad. La ciencia y su desenvolvimiento debe marchar acompañada de la conciencia, así como, la política científica, debe estar atenta a esa dimensión ético-moral en los casos de esta ser financiada con el presupuesto público.
La ciencia tiene que estar al servicio del bienestar de todos y todas, no de algunos que pueden pagar por sus resultados. Una vacuna, un medicamento, tienen que beneficiar a todas las personas. La ciencia tiene que ser inclusiva. Mucha atención con los especuladores y a los mecanismos de mercado incontrolados.
El actual progreso de la ciencia y de la técnica asienta las bases para la relación cada vez mayor entre los derechos de propiedad industrial y el interés colectivo, tal como lo apunta en su obra Dominique Pestre. Su ejercicio no puede ignorar al derecho de la competencia, al cuidado de la salud pública, a la libre creación y circulación del conocimiento. En estas circunstancias es posible observar el cambio de las perspectivas que se fundamenta en intereses privados que apuestan a la apropiación de este conocimiento que se genera a través de fondos públicos.
Si se analizan los países en desarrollo y su gran diversidad, en lo relativo a sus circunstancias sociales y económicas y a su capacidad tecnológica, estos representan aproximadamente el 21% del producto interno bruto mundial, aunque equivalen a menos del 10% mundial de los gastos en concepto de investigación y desarrollo (I + D). En total, más del 60% de los pobres del mundo viven en países que poseen una capacidad científica y tecnológica significativa, y la gran mayoría vive en China y en la India. Estos, junto con otros países en desarrollo más pequeños, entre los que se encuentra Cuba, poseen una capacidad de primera clase a nivel mundial en diversos ámbitos científicos y tecnológicos, entre los que figuran, por ejemplo, la tecnología espacial, la energía nuclear, la tecnología de la información, la biotecnología, los productos farmacéuticos, el desarrollo de software, entre otros.
Los costos que supondría un sistema de propiedad intelectual “erróneo” en un país en desarrollo serían probablemente mayores que en los países desarrollados. La mayoría de los países desarrollados cuentan con sofisticados sistemas de regulación de la competencia para garantizar que los abusos de derechos de monopolio no perjudiquen los intereses de la sociedad. En Estados Unidos y en la Unión Europea, por ejemplo, estos sistemas son muy sólidos y cuentan con una larga tradición. Este no es el caso de la mayoría de los países en desarrollo, por lo que resultan especialmente vulnerables ante sistemas inapropiados de protección de propiedad intelectual.
Por otra parte, los científicos de los países en desarrollo pueden encontrar bloqueado el acceso a datos protegidos o quizás no cuenten con los recursos suficientes para obtener este acceso, o el sistema de propiedad intelectual puede obstaculizar o promover las investigaciones sobre enfermedades importantes o nuevos cultivos que, aunque afectan a los países en desarrollo, se llevan a cabo en estos países desarrollados, a su vez, se puede proporcionar grandes incentivos para la realización de investigaciones específicas en los países en desarrollo que benefician principalmente a los habitantes de los países desarrollados, y desviar así recursos intelectuales de su aplicación a problemas de importancia mundial.
Las prácticas de los países desarrollados también pueden permitir la obtención de patentes sobre conocimientos o recursos genéticos provenientes de países en desarrollo, sin haberse llegado a un acuerdo previo para la distribución de los beneficios que se pudieran derivar de su comercialización. Es evidente, como resultado de esta protección, se pueden imponer restricciones sobre las exportaciones de los países en desarrollo a los países desarrollados.
De esta manera Carlos Correa expresa que el desarrollo creciente de patentes obtenidas como formando parte de estrategias sutiles para defender las ventajas tecnológicas o para bloquear la innovación y la concurrencia directa de una tercera persona exigiría que se reflexione nueva y seriamente sobre el funcionamiento actual del sistema de patentes en la medida de que se pueda atender o no su objetivo: promover la innovación para el bienestar del hombre. Es por ello que los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza cuyo potencial no se ha explotado plenamente en todos los países, en particular, en el mundo en desarrollo y la tendencia actual es lograr la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, por traer estos derechos sus aportes al producto interno bruto de los estados, al crecimiento económico y al desarrollo social, personal y humano. Esta tendencia no es nueva, se ha venido produciendo durante más de 100 años.
La ciencia y la técnica se traducen en la aspiración del hombre por acceder al conocimiento y su respectiva comprensión de una manera racional a través de la investigación científica. Su reciente desarrollo afirma cada vez más el fortalecimiento de las bases para la observancia de los derechos de propiedad industrial en correlación con los intereses colectivos. En estas circunstancias, es posible observar el cambio de las perspectivas que compiten en la generación y apropiación del conocimiento científico por medio de los intereses privados.
En la actualidad los países desarrollados implementan la protección de los derechos intelectuales y los valores que de estos se generan de una forma más conveniente que las naciones en vías de desarrollo. De este resguardo reciben significativos beneficios económicos y sociales, se favorecen diferentes esferas como el comercio, la innovación tecnológica, industrial, la promoción de las inversiones y la transferencia de tecnologías que inciden directamente en el progreso de la sociedad en general.
La introducción exitosa de un país en la economía global depende cada vez más de sus capacidades científicas y tecnológicas, y de su pericia para introducir y adoptar nuevos procesos y productos; por ello, saber diseñar e implementar las políticas que moldean estos procesos es de vital importancia en las estrategias de desarrollo de cada país en particular. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación sientan las bases para la procreación de capacidades endógenas en esas áreas y deberían estar acompañadas de las políticas públicas que se dedican al fortalecimiento de los actores que intervienen en el proceso de desarrollo productivo e industrial.
(*) Doctor en Derecho, profesor titular Escuela de Derecho UAHC.