Diagnóstico a la Ley de Refugio

El día 6 de junio se presentó, en el Auditorio Salvador Allende, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el documento “Diagnóstico de la Ley de Refugio en Chile y su aplicación” en nuestro país. En el evento participaron personas refugiadas, representantes de ONG iglesias,  profesores, y representantes de instancias internacionales.

El estudio es parte del Proyecto “Fortalecimiento de los Mecanismos de Protección de los Derechos de los Solicitantes de Asilo y Refugiados en Chile”, que desarrolló la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, FASIC, el cual fue financiado por la Unión Europea y contó, entre otros, con la colaboración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

El estudio mismo fue realizado por el abogado Juan Andrés González y por el estudiante Jacobo Palacios, ambos egresados de la Academia y pertenecientes a FASIC.

La investigación analiza los avances y dificultades en la aplicación de la Ley 20.430, actual marco legal para la protección de personas refugiadas en Chile, a partir de la aplicación de una encuesta realizada a personas solicitantes y refugiadas y del análisis comparado.

La investigación fue comentada por Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien recordó a 40 años del golpe de estado, que la sociedad chilena no debe olvidar a los miles de compatriotas que en el pasado fueron refugiados en otros países.

“Nuestro país tiene el deber de otorgar protección a las personas que lo requieran, no sólo de nuestros países vecinos sino también del resto del mundo. Es un deber moral ya que a nosotros, a muchos compatriotas, nos recibieron en calidad de refugiados cuando en Chile se vivía en dictadura”, indicó.

Carrera, señaló que la Ley es un avance positivo en materia de los Derechos Humanos para las personas que piden refugio en Chile. Destacó que si bien la legislación reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de las personas refugiadas llamó la atención que esta buena disposición no va acompañada de las “partidas presupuestarias” para que estos programas puedan ejecutarse a plenitud.

La Ley, de acuerdo al jurista Juan Andrés González, “recoge en gran parte los principios del derecho internacional”. Sin embargo, en la aplicación es donde se presentan las mayores dificultades.

González indicó, por ejemplo, que sólo el 64% de los encuestados en la investigación señalaron que habían sido informados debidamente sobre las condiciones y derecho al refugio, al momento de solicitarla, tan cual lo consagra la Ley 20.430. También, un 62% señaló que su solicitud fue acogida sin más trámite lo que indica que el otro porcentaje tuvieron dificultades para que la misma ingresara a procedimiento y se cumpliera de forma inmediata el principio de protección y “no devolución”.

El estudio, de 120 páginas, al finalizar realiza recomendaciones al Estado para una efectiva protección a las personas refugiadas. Entre ellas, propone mayor capacitación a las personas encargadas de extranjería y fronteras; aplicación irrestricta del al principio de No devolución; establecer sanciones a los funcionarios que violen el principio de confidencialidad sobre los datos de los solicitantes como de los mismos refugiados; y la implementación durante los 12 meses del año de los programa de subsistencia humanitaria básica; entre otras medidas que propone.

De acuerdo a informaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR),   Chile alberga a cerca de 2000 refugiados como de solicitantes de asilo que provienen de 35 países de América Latina, África, Asia y Europa.
Encuesta a personas refugiadas – FASIC