Director del Inst. de Humanidades en entrevista_Mitos y verdades de la desigualdad en Chile: hasta qué punto se explica el estallido que sacude al país
(*) Artículo publicado en el portal argentino InfoBAE
Las profundas diferencias entre los estratos superiores y el resto de la población son presentadas como la causa unívoca de la fenomenal crisis que vive el país desde hace tres semanas. Sin embargo, las estadísticas muestran una realidad contradictoria, que no resiste explicaciones simplistas. Tras las profundas reformas económicas implementadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y profundizadas desde el regreso de la democracia en 1990, Chile se convirtió en un paradigma. Para los defensores del mercado, era el modelo a seguir. Para los partidarios del Estado, pasó a ser todo lo que está mal.
Durante muchos años, el sólido crecimiento económico del país pareció darle la razón a los primeros. Ahora, el estallido social que hace tambalear a una de las democracias más consolidadas del continente sugeriría que los segundos estaban en lo cierto. La realidad, no obstante, está hecha de matices y no se puede comprender con categorías absolutas.
El dato, repetido hasta el cansancio, no es por eso menos cierto: América Latina es la región más desigual del mundo. Es cierto que no es la más pobre, pero sí es donde mayores son las distancias entre los que más y menos tienen. Por eso, no debería llamar la atención que Chile esté entre los países más desiguales del planeta. Sin embargo, y contrariamente a lo que se cree, está lejos de ser el país más inequitativo de la región.
Si se toma como referencia el índice de Gini, que estima la distribución de los ingresos con un coeficiente que va de 0 —igualdad absoluta— a 1 —desigualdad absoluta—, la inequidad en Chile es de 0,454, según datos de la Cepal, que excluye a países como Argentina y Venezuela por los problemas registrados en su sistema de estadísticas públicas en los últimos años.
Está por debajo de la media latinoamericana, que es 0,466, y es bastante menor a la de países como México (0,504), Colombia (0,511) o Brasil (0,539). Los únicos que son claramente más igualitarios entre los que la Cepal tiene números actualizados son Uruguay (0,390) y El Salvador (0,399).
Otra forma de medir la desigualdad es ver directamente cuánto del total de ingresos que genera la sociedad se lleva cada parte. Con ese criterio, Chile es incluso menos desigual que con el Gini. En promedio, el 20% más pobre recibe el 6,3% de la torta en América Latina. En Chile, en cambio, recibe el 7,7 por ciento. Sólo lo superan Uruguay (10,3%) y El Salvador (7,8%).
Cuando se calcula la desigualdad como la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, Chile también aparece como el tercero menos desigual. En Uruguay el estrato superior gana 11,8 veces más que el inferior; en El Salvador, 13,8 veces más; y en Chile, 17,6 veces más. La media latinoamericana es 22,5 veces y el país más desigual es Brasil, con una diferencia de 42,8 veces.
“Al margen de que Chile no sea el país con más desigualdad de la región, ésta es muy alta. Hace mucho tiempo que está instalada en la sociedad chilena como uno de los grandes problemas del modelo económico. La verdad es que no hubo políticas fuertes de tipo patrimonial, ni medidas para cambiar un sistema tributario todavía muy regresivo”, dijo a Infobae el economista Raúl González Meyer, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
El dato que muestra a Chile por encima del promedio de desigualdad de América Latina es la porción de la torta que se lleva el 10% más rico. La punta de la pirámide chilena se queda con el 37% del total, cuando la media regional es 36 por ciento. Está más cerca del 42,8% de Brasil que del 29,6% de Uruguay. Esta es una de las razones del descontento que viene expresando tanta gente en la calle en las últimas semanas, y que une a la base con el centro de la escala social.
“La desigualdad constituyó un telón de fondo del estallido, pero acompañada de otros aspectos tan importantes como aquella. La acumulación de abusos, fraudes tributarios y colusiones de las empresas de productos básicos. La impunidad o las bajas penas para sus autores, y las vinculaciones entre el mundo empresarial y el mundo político, que hizo perder aún más el prestigio de la política. Los fraudes de las más altas autoridades del Ejército y de los Carabineros. La lejanía física y del mundo de vida de las elites tecnocráticas gubernamentales respecto de los sectores medios y populares, particularmente en el gobierno actual”, sostuvo González Meyer.
La evidencia más clara de que el hartazgo es sistémico es que la principal demanda es una reforma constitucional. No está claro cómo debería ser la nueva Constitución —la actual fue redactada durante la dictadura de Pinochet—, y es probable que no haya acuerdo entre la multiplicidad de actores que se estuvieron movilizando. Pero en lo que todos coinciden es en la necesidad de una refundación del país sobre nuevas bases.