Elecciones municipales, abstencionismo y el régimen político local

Los expertos electorales indican que la tendencia a la baja por votar se corroborará en el próximo “enjambre electoral” (municipal, congresal, regional y presidencial), evidenciando los más altos porcentajes de abstención. Es más, si la votación efectiva alcanzara el 40%, ¡sería un éxito no esperado!

En específico, las elecciones locales suponen más interés, a propósito de la cercanía que representan entre la ciudadanía y la acción pública concreta, donde el municipio y sus autoridades electas son protagonistas. Como es sabido, este axioma no se dio el año 2012, pese a que el padrón electoral creció al tope gracias a la inscripción automática de las y los ciudadanos que se encontraban en edad de votar.

En esa línea, el sistema político se ha venido actualizando para mejorar las reglas del juego. Ya sea porque se arrastran desde el proceso político transicional, como fue el caso del sistema electoral binominal, el “emblemático y estratégico vestigio” (también los partidos políticos y reformas del Estado en general), o bien “gracias” a una serie de escándalos en el ejercicio de la política como CAVAL, SOQUIMICH, PENTA y colusiones varias. Situaciones que han obligado a la gestión y consolidación de una agenda de probidad y transparencia (Comisión Engel). Estos escándalos, ¿Influyen en la política local, sin perjuicio de los ajustes institucionales? Sí, evidente que sí.

Sin embargo, parece plausible mirar otras posibles explicaciones. Una causa adicional se podría encontrar en el régimen político local contenido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 18.695. La misma no ofrece incentivos genuinamente atractivos para acercarse a las urnas y así seleccionar a los representantes y gobernantes locales. Por otro lado, permite la entronización de los alcaldes y concejales que se encuentran en ejercicio consolidando una serie de prácticas que desincentivan la participación política y social, inclusive. De ahí que se expliquen los clientelismos locales entre autoridades locales y dirigentes sociales, siendo la institución municipal un vector posibilitador.

Este clientelismo se potencia además gracias a una ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales, que replica los vicios de participación al interior de las comunidades, provocando una atrofia de la misma desde la base. La que además, al encontrarse con unos muy constreñidos espacios institucionales de participación en el municipio (audiencias públicas y plebiscitos), logra una brecha estructural entre los deseables niveles de participación y los que efectivamente se gestionan. Además, agrega la Ley 20.500, reconociéndole méritos participativos mayores (si se compara con los antiguos CESCOS, los Consejos de las Participación que contiene), tampoco son una innovación institucional que incentive a mayores grados de acción ciudadana. El que sean sólo consultivos y presididos por el alcalde, en parte importante, lo explica.

En este sentido, el proceso de la descentralización política del Estado necesariamente debe extenderse a la escala local, en orden a mejorar el régimen político local. ¿Más poder para la escala local que permita gobiernos locales genuinos? Sí, pero también más democráticos. No es posible que hoy en día la presidencialización del régimen político nacional, junto con su centralización, se replique de forma lineal en la escala local, por medio de lo que se ha venido llamando alcaldización. Ello, claramente constituye un factor a considerar para explicar la baja de participación política en la escala local.

El vigente escándalo del Padrón Electoral (que se suma a los ya consignados), impedirá a cerca de 500 mil ciudadanos y ciudadanas sufragar a lo largo del país, hecho que con razón, contribuirá a explicar el abstencionismo electoral municipal. De paso, también contribuirá a NO relevar la responsabilidad que tiene el diseño institucional del actual Régimen Político Local en la abstención vaticinada, impidiendo o postergando mayores posibilidades de democratización en esta escala de gestión político- territorial.

(*) José Orellana es Doctor (c) en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH y académico de la Escuela de Ciencia Política y RR. II. de la U. Academia.