En debate sobre viciada Ley Longueira_Docentes UAHC describen características que debería tener Nueva Ley de Pesca

Nota publicada en El Desconcierto

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado está en plena discusión y en un detallado análisis técnico jurídico para anular (o derogar) la cuestionada Ley de Pesca, también conocida como “Ley Longueira”.

El proyecto está en el Senado tras una amplia votación de la Cámara de Diputados en agosto pasado (con 117 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones), que le bajó el pulgar a una legislación marcada por los hechos de corrupción que implicaron a pesqueras y parlamentarios desde su presentación al Congreso en 2012, durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera.

Entre otras arbitrariedades, como tráfico de influencias y cohecho, esta ley además se implementó sin que el Estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos e iba en beneficio directo y desproporcionado de las grandes empresas respecto de la pesca en menor escala.

Estas acciones favorecieron la repartición de las cuotas pesqueras de sectores industriales pertenecientes a las familias Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo y sus socios extranjeros, fragmentando las áreas de sectores pesqueros artesanales.

Desde 2016 que se plantea la nulidad de la Ley de Pesca pero aún no hay una solución a la vista porque senadores de oposición han expresado que sería inconstitucional hablar de una anulación de la Ley Longueira.

“Sacar al gato de la pescadería”

Hoy, el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto al subsecretario de Pesca, Julio Salas, representan la posición del Ejecutivo respecto de la derogación bajo el argumento de la “ilegitimidad” de su origen. Pero a la par el gobierno trabaja en el diseño de lo que debería ser una nueva institucionalidad de pesca, cuyo foco deberá estar, según los analistas, en las características de transparencia y sustentabilidad como norte de un nuevo texto.

Para el abogado y docente de la Escuela de Derecho de la Academia, Rodrigo Medina, lo fundamental para una discusión de esta envergadura y atendiendo al origen corrupto de la Ley Longueira, es “sacar al gato de la pescadería”.

Sobre el detalle de la discusión que nace sobre una nueva Ley de Pesca, señala que los controles institucionales que fallaron hasta aquí, deben fortalecerse: “En la administración central existen el lobby y la obligación de registro de lobby, pero a nivel legislativo, el lobby, más allá de la influencia natural que tienen los expositores en las comisiones, no está convenientemente ni regulado ni hay alguna oficina de control interno, entonces los controles internos a nivel del Poder Legislativo necesitan reforzarse, institucionalizarse y establecerse a nivel de ley”, explica el magíster en derecho público.

Sobre esta misma idea, el antropólogo y  Rodrigo Díaz Plá, director de QUIÑE (Centro de Investigación/Acción de la Pesca Artesanal y las Sociedades Costeras) también está de acuerdo en acotar la influencia de la industria y sus operadores políticos en la redacción de una nueva institucionalidad pesquera.

“Ahora, es innegable que la pesca industrial tiene una historia en Chile y está muy representada en ciertas ciudades costeras de nuestro país. Hay mucha gente que trabaja en ello e incluso, hay parte de la pesca artesanal que abastece diariamente a la industria. Entonces, no considerarlos como un actor relevante del proceso no creo que sea una buena estrategia”, advierte el investigador.

La clave, coinciden ambos, es robustecer mecanismos jurídicos, de gestión y administrativos para tender a una elaboración en que coincidan aspectos de sustentabilidad y probidad.

“En cuanto a esta discusión, el Parlamento tiene que reforzar sus controles institucionales tendientes a que los intereses que siempre van a existir no influyan decisivamente y de manera desigual en la elaboración de las leyes. Este es un ámbito especialmente riesgoso para que los intereses puedan permear de manera desigual. Los controles se han desarrollado a nivel de la administración central, se han desarrollado a nivel de municipalidades, pero a nivel del poder legislativo, en un área tan sensible como es la elaboración de las leyes necesitan ser reforzados”, destaca Medina.