En período de decisión constitucional_Profesoras/es de Esc. de Geografía advierten urgencia de garantizar institucionalmente defensa de recursos naturales

A pocos días de su realización, el plebiscito concentra la atención de la ciudadanía y suma diversos aspectos de preocupación ciudadana y proyectos para discutir una nueva carta fundamental. Precisamente a partir de las carencias de la actual Constitución, surgen propuestas urgentes pero no institucionales en cuanto a políticas públicas para enfrentar la crisis climática.

Una eventual nueva Constitución se presenta como la oportunidad para iniciar un camino que convoque a autoridades y la sociedad civil a plantear piedras fundacionales para un país comprometido con políticas ambientales fuertes. Esto, respecto de la Constitución de 1980, que si bien estableció en su momento “el derecho a un medio ambiente libre de contaminación”, cuarenta años después, es materia obsoleta ante un escenario donde la depredación ambiental, la degradación de la biodiversidad y la entrega del agua a privados son sólo algunos de los problemas sin solución.

Para Daniela Escalona, geógrafa y docente del Instituto de Humanidades, el Estado actual y su Constitución consolidan un modelo donde se entregó al mundo privado casi la totalidad de la administración de los recursos y de los distintos aspectos de la vida. La especialista en conflictos ambientales, desarrollo y medio ambiente, argumenta que el modelo neoliberal ha facultado al Estado a  abandonar este rol de administrador de los recursos naturales, lo que fuera una prerrogativa propia del gobierno de hace 4 décadas.

“En esa consolidación del modelo que se hace con esta Constitución, se entrega a los privados y al mercado la libertad de administrar todos los recursos. Eso pone en todos los territorios una tensión, una disputa y competencia por el agua, la minería y el uso de los suelos entre actores privados y las comunidades locales. En ese escenario, el Estado queda como un mero regulador y bastante cuestionado por lo demás”, argumenta Escalona, quien también es docente del Núcleo de Investigación y Docencia en Ambientes y Sociedades (NIDAS), del Instituto de Humanidades de la UAHC.

Si bien es deber del Estado velar para que vivir en un ambiente libre de contaminación, este derecho no se cumple, y son varias las voces de expertos, que señalan que las leyes consecutivas no han aplicado este principio básico consagrado en la Carta Magna. Es precisamente,  la visión de la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, para quien los derechos a vivir en un medioambiente libre de contaminación “tienen que ser reformulados” en la nueva Constitución. “Legalmente la aplicación de ese principio se basa en una norma que establece el Estado, y esa norma puede ser incluso no la que recomienda la OMS, sino una mucho más relajada. La consecuencia es que eso tiene un impacto en la salud, como ocurre en las zonas de sacrificio. La Constitución debería garantizar ese derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación con estándares de calidad internacionales”, señala la ambientalista.

Educación ambiental

Científicos chilenos han advertido, desde hace muchos años, sobre los efectos que el cambio climático genera en el territorio. En particular la Escuela de Geografía de la Academia, mantiene una relación estrecha entre la carrera y la contingencia ambiental, destacando el trabajo que llevan adelante los/as profesores/as e investigadores/as de la escuela, anclados a diversas propuestas y programas referidos, por ejemplo a la política ambiental, bonos de carbono, protección de glaciares y otros.

En el caso de la profesora Daniela Manuschevich, la docente cruza su investigación en la ruralidad y temas relevantes sobre la crisis climática. “Suele suceder actualmente que, en nombre del medio ambiente, muchas veces las multinacionales compran terrenos, los plantan y sacan bonos de carbono, plantan industrialmente y utilizan pesticidas entre otros agroquímicos, no generan empleos permanentes cerca de las zonas rurales y toda la gente que vive en el sector, que son básicamente campesinos, deben irse”, sobre una realidad que no considera el territorio en su conjunto y exige políticas claras para afectar ambos aspectos.

Desde su especialidad, el docente de la Escuela de Geografía de la UAHC, Yohann Videla, se refiere a su trabajo recurrente con el patrimonio y los glaciares, advirtiendo que estos se encuentran en terrenos que no pertenecen precisamente al Estado. “Hoy en día muchos de los glaciares están en terrenos privados, pese a que son patrimonio ambiental y de acceso público según diversas instituciones mundiales. Esto ayudaría a que la comunidad pueda educarse ambientalmente“, señala junto con advertir que en la práctica, un glaciar no debería ser tocado por ninguna industria, ni tampoco debería ser intervenido al tratarse de reservas estratégicas del futuro.

El académico cree que debería aspirarse, vía constitucional, a una ley de glaciares. “Creo que debería existir un decreto que diga cómo protegerlos y un instrumento legal efectivo que permita monitorearlos. La sociedad chilena debería tener una postura de este tipo en la asamblea constituyente, tanto desde una perspectiva climática como de preservación futura”, sostiene.

(*) Con colaboración de Roberto Karmelic