En seminario Pluralismo jurídico en América Latina_Grupo de Antropología Jurídica evaluó acuerdos entre una normativa indígena y el derecho constitucional

En el marco del desarrollo de la investigación FONDECYT de Iniciación sobre sistema normativo Aymara en Chile, se llevó a cabo el seminario “Pluralismo jurídico en América Latina: Derecho penal y Derecho propio, encuentros y desencuentros”, el que fue organizado por el Grupo de Antropología Jurídica de la Escuela de Antropología de la UAHC.

En la oportunidad, se contó con la presencia de la especialista argentina en antropología jurídica Morita Carrasco, doctora en Filosofía del Derecho quien dictó la conferencia “Experiencias de derecho propio: el caso de la provincia de Santa Marta” a la que siguió una mesa de discusión acerca de pluralismo jurídico y autodeterminación de los pueblos moderada por el profesor Claudio Alvarado Lincopi, magíster en Historia y Memoria.

Por su parte, la docente UAHC Francisca Fernández, antropóloga, doctora en Estudios Americanos miembro del Grupo de Antropología Jurídica (GAJ) se refirió por su parte al derecho penal y el derecho propio como “Articulaciones y tensiones desde el peritaje antropológico”. Otras ponencias fueron las de la antropóloga aymara Jannet Patzi y el sociólogo Manuel Díaz en la mesa “Campos del derecho propio” para llegar al cierre con la presentación de un protocolo para la atención de usuarios mapuche en tribunales a cargo de Fabian Le Bonniec, antropólogo de la Universidad Católica de Temuco.

Durante el encuentro se realizó un análisis detallado sobre los principales desencuentros entre sistemas normativos consuetudinarios y el derecho constitucional como en casos emblemáticos como la permanente dicotomía entre la necesidad de autodeterminación del pueblo mapuche y la criminalización de una problemática que se arrastra desde hace siglos. Sobre este asunto, la profesora Fernández señaló que la importancia de la intermediación del peritaje cultural permite vencer prejuicios y avanzar en la búsqueda de justicia, pero que aún es necesario contar con políticas públicas de reconocimiento de parte del Estado hacia los pueblos originarios.

En tal sentido, la antropóloga Morita Carrasco añadió que las lecturas multicausales obligan a confrontar los textos legales con una realidad social marcada por asimetrías y jerarquías socioculturales. “Un conjunto de dispositivos de poder en gran medida encubiertos por el sentido común y legitimados por los agentes del campo jurídico”, planteó la experta durante el seminario.

Cuestión en la que coincide el profesor Claudio Alvarado para quien, en el caso mapuche, el cuerpo judicial que decide el curso de la ley está formado por élites que no reconocen ni siquiera el origen de una normativa indígena desde la Colonia como derecho consuetudinario.

La investigadora propone fortalecer el diálogo institucional y el de las comunidades indígenas para organizar su vida y costumbres por sobre normas impuestas, ejemplificando con experiencias como las de Paraguay y Bolivia donde  el derecho indígena se vincula, sin dobleces, con el derecho constitucional.

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