¿Es todo esto un mal entendido o nuestra memoria histórica nos alertó?
(*) Por Boris Cofré
Columna publicada en revista De Frente
El 24 de mayo de 2019, El Mercurio informó que el gobierno, a través del Consejo Nacional de Educación, había decidido implementar un cambio curricular, enfatizando en que la asignatura de Historia pasaría de ser obligatoria a optativa en los cursos de III y IV medio, en su lugar se instalaría un desconocido curso llamado: “educación ciudadana”.
La respuesta de la ciudadanía, profesores de historia e historiadores no se hizo esperar. Ese día el rechazo a la medida se transformó en trending topic en las redes sociales, ciudadanos y docentes se mostraron impactados y molestos.
Sol Serrano, actual premio nacional de historia, señaló el mismo día a La Tercera que la decisión le desconcertaba y llenaba de dudas, el día siguiente, agregó a El Mercurio que, “si la ciudadanía se estudia desprovista de su dimensión histórica, pierde gran parte de su sentido pedagógico. Porque no es una abstracción, es una construcción”. Confirmando su rechazo.
En la misma línea, un grupo de premios nacionales de historia anteriores, Lautaro Núñez (2002), Gabriel Salazar (2006), Jorge Pinto (2012) y Julio Pinto (2016), firmaron una declaración titulada: Resistir el ataque contra la historia, la memoria y el pensamiento crítico y emancipatorio. En dicho documento se señala lo siguiente: “Estamos ante una tentativa de adecuar la Educación Media a las necesidades del sistema capitalista neoliberal, buscando reforzar solo aquellas competencias de los estudiantes en tanto futuros trabajadores y consumidores acríticos del modelo. El centro de esta reforma tecnocrática tiene un claro contenido ideológico pues busca conquistar la hegemonía sobre los usos sociales de la memoria y de los saberes históricos, despojando de estas competencias a quienes más lo necesitan”.
Las escuelas de historia y pedagogía en historia también reaccionaron. Por ejemplo, Pedro Rosas, director de Pedagogía en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, señaló: “la decisión política y administrativa en curso, no es ni ingenua ni ignorante de sus consecuencias y no se toma en un país de fantasía. Se adopta en un país fracturado por la historia reciente, quemado hasta la herida incurable de haber vivido la desaparición y la tortura, la persecución y la proscripción de la vida política, el ocultamiento de la verdad y la construcción de una memoria oficial que a través del miedo buscó convertirse en una memoria colectiva. Esa negación de la memoria y como consecuencia de la identidad no fue ni es azarosa: fue y es un acto institucional y político deliberado”.
Similares críticas se plantearon desde las unidades académicas de historia de las Universidades de Valdivia y Valparaíso.
En respuesta a esta ola de rechazo, la ministra de educación señaló que “casi el 100% de lo que se ha dicho o criticado respecto de estas bases curriculares obedece más bien a desinformación o son falsas”. Esto porque según la ministra los estudiantes no tendrán menos horas de Historia, sino que, podrían incluso llegar a tener más si es que toman los optativos.
¿Es todo esto un mal entendido?
Existe un hecho indiscutible: Historia dejará de ser una asignatura obligatoria que todos los estudiantes de Chile tendrán en III y IV Medio. ¿Si el curso “educación ciudadana” que lo reemplaza equivale en contenidos, habilidades y actitudes enseñanzas en Historia, entonces por qué cambiarle el nombre? Aún más, si se señala que dicha asignatura será impartida por profesores de historia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Solo nos queda suponer que lo que se modifica es la orientación ministerial respecto del contenido y/o enfoque del curso.
Entonces, ¿qué es la educación ciudadana? No sabemos oficialmente porque no existe el programa del curso. Pero, sí sabemos que no es (o no debería ser, sino estaríamos ante un absurdo) como era Historia. Por lo adelantado en la prensa y la conocida opción ideológica del gobierno, se puede suponer un curso más centrado en las responsabilidades cívicas (de no ser así estaríamos ante un absurdo).
Respecto del proceso de elaboración de esta propuesta, es cierto que la ciudadanía y los historiadores en general (no así los profesores) pudieron estar desinformados de las consultas que se hicieron y de que se trata de una medida originada en el gobierno de Bachelet, pero eso no cambia que dicho modelo de participación ciudadana sea meramente consultivo y que quién es responsable político de presentar la medida es la actual administración.
¿Las y los historiadores hemos sobre reaccionado?
Tal vez, o quizás, simplemente quienes estudiamos el pasado tenemos la memoria más fresca, más alerta ante el peligro. Recordamos como ayer el intento de reducir horas a Historia en el gobierno anterior de Piñera, los cuestionamientos al contenido del Museo de la Memoria, la idea de crear un museo alternativo que cuente la “otra visión” de los hechos, las invitaciones a “dar vuelta la página” y “mirar el futuro”, las portadas de los diarios señalando que “no existían tales desaparecidos”, que se “habían matado entre ellos” como “ratas”, como olvidar, la imagen de los militares quemando libros en las calles.
Vale decir, leemos los datos de la discusión pública (en la prensa), los confrontamos con otras fuentes de información, situándolos en el contexto actual y de largo plazo, preguntándonos: ¿quién, cuándo, dónde y para qué escribió lo que escribió? Esto es, tenemos un método de estudio que nos permite generar un pensamiento autónomo y crítico, una interpretación propia de la realidad. Y nos preocupa, como historiadores, docentes y ciudadanos, que las nuevas generaciones también desarrollen estas habilidades, justo cuando se están haciendo ciudadanos en el ejercicio del sufragio o como miembros de movimientos sociales y políticos, es decir, en III y IV medio.
(*) Profesor licenciado, magister y doctor en Historia. Jefe de Programa de Formación Pedagógica para profesionales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.