Escuela de Ciencia Política UAHC patrocina declaración pública sobre “Toque de queda juvenil”

Santiago, 9 de agosto 2019.-

Declaración Pública Académicos/as sobre “Toque de queda juvenil”

En tanto científicas y científicos sociales que estudiamos temáticas relativas a lo juvenil, vemos con inquietud cómo desde hace un tiempo en la agenda pública se han instalado una serie de relatos “preventivos” que buscan impulsar restricciones legales hacia la población en general –control de identidad, rondas preventivas–  y en particular hacia niños y jóvenes. Dentro de estas encontramos la iniciativa de imponer un “toque de queda comunal” a menores de edad, impulsada primero por el alcalde de Quilpué, para luego concitar la adhesión de un grupo de alcaldes pertenecientes a distintos sectores políticos y de la derecha política en su totalidad.

Pese a los distintos factores que entorpecen la discusión ciudadana, tales como la alta concentración de los medios de comunicación, es posible advertir miradas distintas que se han mostrado contrarias a este tipo de medidas. Así, por ejemplo, para expertos constitucionalistas, esta disposición es claramente anticonstitucional; ya que contraviene las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política, tanto por el ente que busca imponer –municipios– como por el fondo legal mismo; además, no aborda la base de lo que supuestamente busca atacar, que es el consumo de drogas, alcohol y comisión de delito por parte de jóvenes, niños y niñas.

Es decir, no es una medida preventiva ni educativa respecto del consumo de drogas y alcohol, sino que restringe las libertades de toda persona más allá de su rango etario. En este sentido, seguimos a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, cuando sostiene que “nuestra postura ha sido de rechazar cualquier decreto o medida que atente contra la libertad y las garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del país”.

Por otro lado, la iniciativa del gobierno de impulsar el control de identidad preventivo y registro de pertenencias a menores de edad mayor de 14 años, también representa una clara muestra de lo que exponemos. Dicho control, primero, queda a discreción del funcionario policial, quien puede caer en situaciones de discriminación y arbitrariedad. Segundo, para la UNICEF esta medida es contraria a la Convención de Derechos del Niño, ratificada por el Estado chileno en 1990, que claramente contraviene los principios presentes en un amplio espectro de sus articulados. Además, según expertos, los controles preventivos de identidad han sido ineficaces, ya que, entre otros aspectos críticos, como lo son la serie de denuncias sobre abuso policial en este tipo de procedimientos, redundan en un mal uso de recursos policiales que deberían estar disponibles para labores de investigación de delitos.

Sumado a lo anterior, la promulgación de “Aula Segura”, que busca fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en caso de violencia en estos recintos, violando a nuestro juicio el derecho a la manifestación que puedan tener los estudiantes secundarios, criminalizando sus demandas y sus repertorios de movilización.

Además, focalizar la acción contra las manifestaciones estudiantiles es pasar por alto que la idea de seguridad en contextos educativos excede por mucho a las protestas estudiantiles, y es una cuestión que abarca tanto la convivencia de toda la comunidad escolar, como las condiciones de infraestructura de los colegios. Por esta razón, bajo una perspectiva dialogante, propositiva e integradora, propia de nuestra labor como formadores de ciudadanos y profesionales, alentamos a las comunidades educativas a reconocerse como actores que deben activarse y participar desde sus contextos territoriales; de este modo es posible desplegar procesos –intergeneracionales– contra estas medidas.

En otras palabras, más allá de la “mano dura” y el “cumplimiento de la ley”, se debe tomar una mayor consideración a la participación de la comunidad escolar en la gestión de estos problemas; tal como diversos estudios han venido demostrando, estas medidas punitivas han inhibido la implementación de políticas de carácter participativa e integrativas en espacios educativos.

Por todo ello, es necesario indicar que somos conscientes de nuestro deber, como entidades académicas, de estudiar la violencia juvenil, tanto en establecimientos educacionales, como fuera de ellos. Las problemáticas acá expuestas no se resuelven con políticas de mayor control policial, pero tampoco se resuelven sin estudios transdisciplinares que expliquen las situaciones críticas en que se encuentran muchos jóvenes en nuestra sociedad, hoy mismo, y que son las causas que los inducen a actuar como están actuando.

Los años de experiencia en labores investigativas y de formación docentes en prestigiosas instituciones universitarias chilenas y latinoamericanas, nos lleva a interrogarnos acerca de si este nuevo giro punitivo no estaría señalando, acaso, la construcción oficial de una nueva guerra; esta vez, no contra la “delincuencia” o las “drogas”, sino contra la “la niñez y juventud”. La violencia a la que se ve expuesta la población infanto-juvenil es expresión de conflictos sociales no resueltos; el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes no pasa por la aplicación de cuestionadas acciones gubernamentales propias de las doctrinas de seguridad ciudadana.

El mostrarse activos contra el delito, montando medidas sobre medidas, muchas veces contradictorias, todas ellas en las lógicas de “ser duros contra la delincuencia”, tras décadas de aplicación, han mostrado ser ineficientes; prueba de ello es este, verdadero, retroceso que como sociedad nos está llevando a validar medidas propias de los oscuros tiempos de dictadura.

Remarcamos, en esta vía, nuestra preocupación sobre la fragilidad a la que se ven expuestas las niñas, niños y jóvenes ante estas agresiones oficiales. Todo lo cual podría reforzar, por ejemplo, el resentimiento que esto generaría entre ellas y ellos, además de su renuencia a concurrir a las convocatorias institucionales. El populismo penal que sostienen autoridades nacionales y locales, podemos hipotetizar, continuará alimentando el círculo vicioso de la desconfianza y la violencia.

En referencia a todas estas medidas, los y las abajo firmantes vemos con preocupación cómo el Estado visualiza a la población infanto-juvenil como potenciales delincuentes, ya sea dentro de sus establecimientos educacionales como en la vía pública. Es decir, se está criminalizando lo juvenil; imponiendo mediáticamente un ideario de temor hacia los jóvenes y sus prácticas sociales. Cayendo el Estado en una ambigüedad, ya que se les busca imputar acciones delictuales como a adultos, pero en otras materias se los trata como infantes; tal es el caso del derecho a sufragar. De igual modo, sostenemos que estas medidas punitivas no enfrentan el fondo de los conflictos y problemáticas que afectan a niñas, niños y jóvenes; más bien estigmatizan a todo ese segmento de la población.