Experto francés analizó a los actores jurídicos de La Araucanía
El antropólogo Fabien Le Bonniec, Investigador Titular del Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco, reflexionó sobre los prejuicios de los actores jurídicos en contextos de diversidad. Y si bien hay intención de que exista un código penal indígena, el desconocimiento de esa cultura complejiza el tema.
En el auditorio Paulo Freire se realizó una nueva edición del Seminario Permanente de Antropología Política. En esta ocasión, el expositor invitado fue el francés Fabien Le Bonniec, quien se refirió a su estudio denominado “Los Tribunales de la etnicidad, las cortes de justicia del sur de Chile como espacios de producción o reducción de las diferencias socioculturales”.
El antropólogo, que lleva casi dos décadas de investigación en el país y conoce bien el conflicto mapuche, relató el interés por analizar a los actores jurídicos terminó de cuajar en 1999, cuando varios de sus interlocutores fueron detenidos debido a la criminalización de la causa.
“En esa época la implementación de la reforma procesal penal en la Araucanía, se podía observar una cierta prepotencia de fiscales y algunos jueces para relacionarse con los imputados mapuche. Tenían un pensamiento bien cargado de prejuicios. Hay trabajos como aquellos del sociólogo Yves Dezalay sobre el campo jurídico en América Latina, que dan cuenta de estas transformaciones de la judicatura que durante mucho tiempo se caracterizaba por acumular distintos poderes sea terrateniente, económico, político o judicial, pero estos últimos años se ha ‘democratizado’ con las reformas de las instituciones y sistemas judiciales”, expresó el investigador de la Universidad Católica de Temuco.
Por eso, Le Bonniec se pregunta ¿existe discriminación en los tribunales de la Araucanía? Y bajo esa duda empezó a realizar una sociología jurídica acerca de los actores de la justicia para entender de qué mundos sociales venían y cuáles eran sus relaciones con otros actores como los mapuche o los terratenientes de la zona.
“En este país hay muchas escuelas de derecho, todos quieren estudiarlo y acceder a ese grupo social privilegiado. Pero fuimos descubriendo que los fiscales y jueces no son productos de la judicatura tradicional, o sea no son hijos de los latifundistas, sino como diría Yves Dezalay, su estatus social corresponde más bien a hijos de los guardias de los latifundistas. No vienen de ese mundo sino que aspiran llegar a él”, reveló.
Pese a esta situación, el antropólogo francés manifestó que existe interés de varios actores jurídicos en que exista una normativa mapuche y, por qué no, que se presente un código penal indígena.
Es más, la defensoría ya ha comenzado a aplicar el Convenio 169 en casos de violencia intrafamiliar, para que esos casos se resuelvan en la comunidad. Situaciones que no están exentas de inconvenientes.
“Esto ha generado reacciones de parte del SERNAM, INDH y organizaciones de mujeres mapuche ya que aseguran que el convenio que se hizo para proteger a los mapuche se utiliza para violar los derechos de la mujer. Mientras que el mismo convenio no se aplica en otros ámbitos de relevancia como la consideración de la costumbre en el ámbito penal, o la preferencia de una sanción distinta al encarcelamiento cuando se trata de indígenas”, expresó Fabien Le Bonniec.
La intención de la justicia se contrarrestra con el desconocimiento de la cultura mapuche y el mal uso de los recursos como, por ejemplo, tener facilitadores interculturales trabajando por la fiscalía que no son completamente valorados en su función.
“No sólo son intérpretes sino también van a terreno para conversar con las familias. Tienen un poder que no es reconocido. En el caso de la fiscalía, los utilizan tan mal que a veces hacen funciones de secretaria. Hay una sala especializada de audiencias, pero sólo tiene el nombre porque el juez y los fiscales no son especializados. Solo los abogados de la defensa penal mapuche son especializados”, agregó.
Situaciones que van complejizando el panorama y que aún tienen en discusión si indígenas urbanos tienen o no identidad propia considerando que las políticas de multiculturalismo neoliberal obligan a clasificarlos y reducirlos en ciertas categorías con atributos.