Expertos de la Academia abordan principales lineamientos de la reforma educacional

Expertos y educadores se dieron cita ayer miércoles en el conversatorio Reformas de Educación: una mirada desde el centro y las regiones, organizado por Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con el patrocinio de la Dirección de Planificación y Evaluación.

Paulina Vidal, docente de la Escuela de Sociología, es parte del Núcleo Temático sobre Educación y Reforma  Educacional, cuyo grupo viene realizando desde hace años una investigación sobre el tema. En ese sentido, hizo una contextualización de lo que ocurre actualmente con la educación superior en el país y entregó algunos lineamientos de lo que debiera considerar la reforma.

Señala que las bases ideológicas del sistema de educación chileno surgen en un contexto en que la esfera de lo público se ve debilitada. Sólo en 2011 el movimiento estudiantil levantó la consigna “educación pública, gratuita y de calidad”, lo cual representa la impugnación al modelo educativo neoliberal implantado en dictadura y legitimado durante los gobiernos de la Concertación. De esta manera, se eliminó el concepto de lo público que imperaba durante el siglo XX y se impuso la idea de un Estado subsidiario. “La primera consecuencia es que el acceso a los recursos públicos se constituye en algo que tanto empresas estatales como privadas tienen que competir por alcanzar y en que los educandos deben pagar, pues se trata de una inversión personal que recuperaran con sus ingresos futuros”

A su juicio, actualmente se puede observar cómo al pensar una reforma de carácter estructural con esos antecedentes, se abre un campo en disputa donde confluyen distintos intereses corporativos.

“La Reforma debiera promover un sistema de provisión estatal y privada, en el cual todas las instituciones pasen del régimen de mercado, en el cual se encuentran actualmente, al régimen de lo público, es decir, que estas asuman como misión el bien común y sean sometidas a una regulación democrática, que asegure que sus fines y medios sean compatibles con los de la sociedad en general”, sostuvo.

En ese sentido, indica que se “debería transformar a las universidades pero también al Estado, fomentando una lógica de gestión de bien público. Si el Estado debe cautelar bienes y servicios para la población y ser el garante de derechos sociales, no sólo se debe cambiar el carácter subsidiario, consagrado en la Constitución, sino también las lógicas neoliberales instaladas en el aparato del Estado y en las prácticas de sus agentes, así como ocurre también en las universidades estatales o privadas”.

Otra de las críticas que se le han hecho a esta reforma de educación superior es que no considera a las regiones. En ese sentido, José Abalos, Director Ejecutivo de la Asociación de Universidades Regionales, manifestó que “la reforma debe reconocer la diversidad y considerar que debe hacerse a partir de una política a nivel nacional y no centrada en Santiago”.

Del mismo modo,  considera que es importante que las universidades regionales puedan participar de la gobernanza del sistema; tiene que haber una política nacional con bajada nacional, de largo plazo y articulada además con ciencia y tecnología. Sostiene que falta un pacto social entre las regiones y las universidades. Esto último, considerando que son precisamente las universidades las que aportan patrimonio y cultura a las regiones.

Abalos explica que las 22 universidades que conforman esta agrupación, de Arica a Magallanes, tiene un compromiso con el desarrollo de las comunidades y territorios en que se emplazan.

Por su parte, Luis Navarro, director del Magíster en Educación de nuestra casa de estudios,  abordó cómo la política nacional docente se ha desarrollado en este contexto. Una normativa que el año pasado motivó la paralización del Colegio de Profesores y fue abordada por el movimiento estudiantil, y que se enmarca en el contexto de las grandes reformas al sistema educativo nacional.

La firma del proyecto de Plan Nacional Docente da comienzo a una segunda etapa de estas iniciativas del gobierno. El primer paso lo constituyó la aprobación de la llamada Ley de Inclusión Escolar, que considera el lucro, copago y selección en el sistema escolar.

La iniciativa Nacional Docente establece, entre otros aspectos, nuevos requisitos para la formación inicial docente, instala un sistema de certificación para avanzar en la carrera profesional y exige nuevas condiciones a las escuelas de pedagogía. “

Todo esto es respuesta a un diagnóstico que señala que para lograr calidad educativa es necesario apuntar a la calidad de los docentes. La calidad educativa tiene como techo la calidad de sus profesores”, indica Navarro.

A su juicio, “no hay carrera en Chile que tenga más regulaciones que la pedagogía. Se regula el acceso, los salarios, el ingreso y la salida. Esta carrera está sobre regulada, porque formar un profesor va ser sobre la base de un proceso nacional, porque la calidad de ese proceso va hacer medido por una evaluación externa y porque los salarios están también regulados por el Estado”.

Para Navarro, lo anterior responde “a un  fenómeno de reforma basada en estándares. Todas las políticas educativas de los últimos años se han venido haciendo en referencia a esta suerte de óptimo, basado en la calidad de la escuela, de los profesores y los directores”. En este sentido, dice que “una idea basada en estándares desplaza el rol del Estado de ser un protagonista activo, a ser un actor que en el fondo define lo que debe ser y va a evaluar lo que debe ser”.