Foro de Derechos Humanos y Criminalización de Movimientos Sociales

Javiera Campos Meneses, miembro de Defensa Secundaria -organización en ayuda de los estudiantes secundarios agredidos durante las protestas- señaló que “la agresión hacia los estudiantes secundarios responde a una política de estado basada en la violación y amedrentamiento de los Derechos Humanos”.

Es así como se refirió a las acciones que realizan como organización “presentando querellas contra todos quienes amedrenten, abusen e intimiden a los estudiantes secundarios que reconocemos como el sector movilizado menos protegido en la actualidad”.

Así también, Juanita Aguilera, secretaria ejecutiva de la Comisión Ética contra la Tortura, contextualizó la historia de la lucha social asegurando que “la protesta social en Chile choca con un ordenamiento económico, político y social que es incapaz de reaccionar frente las demandas que éste conlleva”.

La expositora además recalcó -en relación a los acontecimientos de la demanda mapuche y las tomas de colegios el año pasado- que “el derecho a la reunión y reclamo es una ilusión que tiene como respuesta la criminalización de las personas por parte del aparato estatal y los medios de comunicación”.

La demanda mapuche es un claro ejemplo de lo anterior debido a “la militarización de la zona de conflicto y la brutalidad con que carabineros acecha y presiona a las comunidades mapuches nos hace reflexionar sobre la existencia de un Estado de Sitio donde los Derechos Humanos de las personas y niños están vulnerados por juicios arbitrarios y una estigmatización de terrorismo”, sostuvo Aguilera.

Posteriormente, Patricio Véjar,  dio una reflexión sobre el procesamiento judicial de los comuneros mapuches, señalando que “hace poco, la Corte Suprema anuló el juicio de cuatro comuneros mapuches condenados por homicidio frustrado a un General de Carabineros que no estaba en el lugar de los hechos”. Para el expositor, ésto es central para comprender la arbitrariedad con que funciona el aparato estatal en las zonas de conflicto, reclamando que “la doctrina policial tiene como base la represión de los Derechos Humanos”.

La problemática de una institucionalidad preparada para la represión de la ciudadanía es un punto preocupante para Patricio Véjar, quien se atreve a decir que “el abuso policial no va a cambiar si no se cambia la doctrina de la policía”.

Finalmente, el abogado Lorenzo Morales, a cargo del juicio de Jaime Mendoza Collío, retrató la experiencia de trabajar en las zonas de conflicto, asegurando que “la defensa de los Derechos Humanos es una defensa rebelde”, tomando como ejemplo el control social existente en la zona de Ercilla, donde aseguró que “las forestales, propiedades de Luksic no pagan patentes de explotación, pero eso no pareciera importar en aquella zona”. Según el abogado, la defensa de los casos en la Araucanía coartada por el aparato gubernamental, el cual, apoyado por el gobierno, intenta aplastar cualquier intento de reivindicación de las demandas ancestrales del pueblo mapuche