Gobierno universitario en la Academia_Parte 1: de la prohibición a la abstinencia

¿Sabías que la primera universidad que eligió democráticamente a su rector desde 1973 fue la UAHC?

Aunque era abril de 2012 y la Ley 18.962 (LOCE) prohibía expresamente que se realizaran este tipo de procesos como herencia de la dictadura, el profesor José Bengoa resultó electo como rector de la Academia con el 55% de los votos emitidos por representantes de toda la comunidad universitaria.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza -aprobada en el último día del régimen de Pinochet- restringía aspectos vitales de la intervención del ejecutivo en la gestión educativa, beneficiando el rol de los privados en un naciente mercado de la enseñanza. También señalaba la exclusión de participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios en materia de gestión y elección de autoridades de las universidades, entre otras arbitrariedades.

Si bien el año 2009 la LOCE fue reemplazada por la LEGE, mantuvo dicha prohibición de participación y recién en abril de 2015, luego de las manifestaciones estudiantiles de todo ese período, el gobierno de Michelle Bachelet modificó la cláusula que hoy asegura el derecho a asociación en todas las instituciones de educación superior. Un derecho que no se aprovecha en la totalidad de las instituciones donde la “participación triestamental” es un concepto desconocido.

José Fernando García, presidente del Directorio y académico de la UAHC, subraya esa característica de la UAHC. “El principal referente que existía por entonces era la Reforma Universitaria de los años 70.  Esos hechos mantienen instalada en la memoria colectiva el derecho a participación de los estudiantes y los funcionarios en la vida universitaria. Nosotros simplemente retomamos eso, limitado en un comienzo a los directores de escuela. Pero cada vez que lo poníamos en práctica nos ubicábamos fuera de la ley, porque la LOCE prohibía explícitamente la participación de estudiantes y funcionarios en este tipo de procesos”, señala.

Sobre la manera en que la Universidad sorteaba esta prohibición, el docente recuerda que “se usó un resquicio consistente en que el directorio seguía nombrando al rector después de una “consulta vinculante” con el compromiso explícito de respetar dicha consulta. Esto era así hasta no hace mucho. De hecho a fines del último gobierno de Bachelet se eliminó esa limitación. Ahí pudimos establecer en los estatutos y el reglamento orgánico la participación de profesores, estudiantes y funcionarios. Tengo la impresión de que somos la única Universidad que tiene totalmente consolidado este tema”, plantea García.

Hoy, algunas universidades cuentan con alternativas para que los estudiantes y funcionarios manifiesten su voz, pero no existen instancias formales de votación para que estos escojan autoridades o decidan en materia de género, infraestructura o la gobernanza académica. Gonzalo Alcaide, miembro del Sindicato de Trabajadores y del Consejo Superior Universitario, celebra el ejercicio pleno de esta triestamentalidad pero extraña la participación estudiantil en materias clave para la comunidad de la Academia.

“En este Consejo tienen derecho a voz y voto 6 representantes de los estudiantes, se toman decisiones como la creación de la Secretaría de Género y otras líneas de acción como temas indígenas y de inclusión. No es un saludo a la bandera ni una puesta en escena, es una oportunidad de ejercer acción de cambio real”, señala. “Partiendo del punto de que este tipo de instancias son el máximo órgano decidor de la Universidad, creo que no participar de ello es una pérdida enorme”, agrega.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

Otros testigos de este proceso aconsejan totalmente participar de lo que consideran un privilegio en medio de una crisis educativa que rara vez permite transformar la situación desde dentro. “Queremos invitar a los estudiantes a que se sumen a este proceso. Es necesario aprovechar y evidenciar este valor que tenemos como universidad en cuanto a la participación y la triestamentalidad. Si bien cuesta que la gente se postule o vote, la participación implica también más responsabilidad y no sólo más opinión o poder, sino hacerse cargo de trabajar”, convoca Genoveva Echeverría, secretaria general y presidenta del TRICEL. Enumera como grandes cambios dentro de la Universidad las discusiones de género o las mejoras materiales, “avances que tienen en común que ocurren donde hay representantes con participación y que deciden. Después, lo fundamental es asumir esas decisiones”.

Para García, el desafío es lograr una participación que surja de los propios estudiantes, pues la democracia no puede ser compulsiva.  “Es fuerte lo que te voy a decir, pero creo que el individualismo ha penetrado más de lo que uno cree. No es casualidad que el movimiento estudiantil se haya centrado en el financiamiento y haya dejado de lado otros aspectos fundamentales como el gobierno universitario, la calidad, y la vigencia de un dispositivo tan discriminador como la PSU. Algo preocupante si consideras que precisamente es la gobernanza lo que puede generar el cambio”.

En busca de esa mística participativa perdida en dictadura, reflexiona sobre una convocatoria más espontánea como factor de cambio a través del involucramiento en este tipo de instancias electorales: “Eso es algo que debe surgir de los mismos jóvenes, estudiantes y sus movimientos. Es un desafío provocador.”