Hacia la Constitución de la Igualdad

(*) Por Álvaro Ramis

“Chile ya no es lo que era”. Este puede ser el único consenso en el actual momento del país. Desde los funcionarios del gobierno, incluyendo a los que apuestan por el Rechazo a la Nueva Constitución, hasta las organizaciones más radicales de la izquierda coinciden en esta afirmación. Los datos muestran un desplazamiento en las capas más profundas de la estructura del país. Y ese cambio antecedió al 18 de octubre de 2019. Hasta este punto el acuerdo es transversal, desde la UDI al Frente Amplio, y desde la Dehesa a La Pintana. Pero luego de ese juicio general, comienza el debate. Y como dice Rancière, en el punto donde empieza el desacuerdo, allí empieza la política[1].

No es banal que exista un diagnóstico mínimo, en un país tan polarizado como el Chile de hoy. Lo que parece concitar opiniones convergentes está basado en evidencias: las bases del modelo económico, que se generaron a fines de los años 80 e inicios de los 90, se han agotado. Después de la crisis de 2008 este ciclo se degradó progresiva, pero definitivamente. Y este fin del crecimiento fácil, simple y rápido no ha logrado ser sustituido por una alternativa de recambio adecuada, capaz de producir un aglutinador social, capaz de relanzar al país en un ciclo de estabilidad económica y política fundamental. La crisis del patrón de desarrollo, fundado a la “maldición de los recursos naturales”, se ha convertido en un motivo de inestabilidad y de creciente bloqueo político. La deslegitimación de las instituciones (gobierno, partidos, FFAA, Iglesias, parlamento, etc.) debe leerse como una consecuencia de ese problema de fondo[2].

¿Es posible que Chile pueda volver a ser lo que era? Quienes sostienen la posición del Rechazo, y piensan que la actual crisis se puede resolver dentro de los marcos de la continuidad sistémica, creen que sí. Y no parece que ese sector ofrezca alternativas: sólo legislación policial y laboral más dura, mayores subsidios a la gran empresa, más facilidades a la inversión extranjera, menos regulaciones ambientales, menos impuestos, etc. Nada nuevo. Solo incremento en la intensidad de lo que ya se está haciendo. Se trataría de un problema de fuerza y convicción. El núcleo de la promesa de la coalición “Chile Vamos” radicaba en esa premisa: el “Vamos” era un llamado a la voluntad, a apretar un poco más las tuercas de las maquinas, poner un poco más de presión a las calderas, acelerar un poco más el ritmo de la faena. Y con esa actitud se instaló el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hasta el 18 de octubre de 2019, cuando los motores se recalentaron, las tuercas se rodaron y las calderas se fundieron.

La salida no es fácil. No se trata de ofrecer otro “vamos”, si no se sabe cual es el lugar a donde ir ¿Cuál es el Chile que busca el Apruebo? ¿Qué norte fijará la Nueva Constitución? No basta con saber lo que no se quiere, es necesario pensar en cómo superar la “maldición de los recursos naturales”, en una ruta que pueda sofisticar tanto la estructura institucional como la productiva del país.

La igualdad como motor de un nuevo desarrollo

Ante ese dilema se argumenta que la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, con crecimiento económico y estabilidad política, es contradictoria con el interés por lograr más igualdad para las personas. Se dice que la Plaza Dignidad hizo un buen diagnóstico del malestar, pero no propuso soluciones, ya que el problema de Chile sería una crisis de crecimiento, y preocuparse de la redistribución cuando el ingreso se estanca o disminuye es una forma equivocada de plantear el problema: “La trampa en la que pudiera estar cayendo Chile es la de querer replicar un Estado de Bienestar a la europea en un país que aún no es rico”[3].

Quienes formulan ese análisis no hacen la pregunta contraria, pero inevitable: ¿los “países ricos” podrían haber llegado a esa situación, sin un Estado de Bienestar que hubiera hecho posible ese desarrollo?[4], ¿es posible retomar el crecimiento sin incorporar dispositivos igualitarios en el diseño institucional del país? ¿es factible plantear un Chile estable, con instituciones creíbles, sin un grado de cohesión social que soporte ese programa? En otras palabras ¿tendrá algo que ver la falta de crecimiento, con la crisis de legitimidad y sostenibilidad de ese mismo crecimiento?

Danny Dorling, profesor de la Escuela de Geografía y Medioambiente de la Universidad de Oxford, ha abordado estas preguntas en su libro “El Efecto Igualdad”[5]. Su conclusión es que una institucionalidad política que promueva la igualdad económica generará efectos en otras áreas de la vida social, que permiten incrementar la productividad, estabilidad y buena gobernanza general de los países. En los sistemas políticos que incentivan la igualdad, la ciudadanía es más segura, confiada y menos temerosa. Al contrario,  en los países más desiguales, la concentración de la riqueza, la tierra y el ingreso genera niveles crecientes de temor, inseguridad y desconfianza generalizada. Y los países tomaron el camino de la desigualdad a inicios de los años ochenta (EEUU, Inglaterra y Chile como casos ejemplares) hoy están pagando un precio muy alto por ello.

Dorling trabaja sobre evidencias y datos verificables. El “efecto igualdad” incide en la prevalencia de seres humanos más felices y saludables, en sociedades donde hay más creatividad, menos delincuencia y un mayor nivel educativo. Sociedades con mejor justicia, democracia, alimentación y salud son más productivas, poseen mayor fortaleza institucional, logan más soberanía y finalmente mayor crecimiento económico. El impacto, no económico, de esta mayor igualdad económica se relaciona con la percepción que los miembros de esas sociedades tienen entre ellos. El jesuita Francisco de Roux, comentando la obra de Dorling, sañala: “En la presentación del libro, Dorling afirmó que en los países más igualitarios, los de arriba, ven a los de abajo como seres humanos. Pero en los países más desiguales, los de arriba no consideran humanos a los de abajo. Pues si los vieran como humanos les sería insoportable aceptar que conviven con gente como ellos, sometida a privaciones inhumanas” [6].

Esta es la situación que reveló la Plaza Dignidad. La percepción de vivir en una sociedad de ghettos, en la que existen categorías extensas de personas que no son tratadas como verdaderamente dignas. De allí la interseccionalidad de las demandas: mujeres, pueblos originarios, disidencias sexules, trabajadores cronicamente precarizados, comunidades rurales sin agua, y una gran masa ciudadana reducida a deudores crónicos, jubilados paupérrimos y consumidores estafados. La barrera mental, el techo de cristal, se ha convertido en un bloqueo cada vez más físico y palpable, donde los que tienen riquezas y altos ingresos poco quieren saber del sufrimiento en Tirúa, Til Til o Cerro Navia.

Una Constitución que nos constituya en Sociedad

Una Constitución “constituye” políticamente a una sociedad. Genera los mecanismos institucionales para su cohesión, o para su disgregación. Resuelve conflictos, o incuba confrontaciones. Incentiva la movilidad social, o la dificulta. La Constitución de 1980 garantiza la “libre iniciativa económica”, pero bajo una racionalidad que desincentiva la productividad y el incremento en el valor agregado, no estimula la investigación, desarrollo e innovación empresarial, no impulsa la creatividad y la cualificación de las personas. Al contrario, la sociedad gasta buena parte de sus recursos en contener la inseguridad y la incertidubre, por medio de las industrias parasitarias de la vigilancia privada y la policialización de las relaciones sociales. En vez de invertir en buena educación pública, gasta en escuelas segregadas y selectivas, donde el acceso a los signos y redes de status social parecen ser más eficaces para obtener trabajos bien pagados que una formación cualitativamente efectiva. En vez de universalizar el acceso a la salud, gasta en seguros privados que buscan maximizar sus utilidades, con enormes costos administrativos, dedicados a la selección de pacientes “menos riesgosos”,  incrementando el valor de hotelería y marketing, solicitando exámenes innecesarios, promoviendo hospitalizaciones más prolongadas, sobreutilizando la atención de especialistas, etc.

La actual crisis de Chile no radica en la falta de crecimiento económico, ya que ese es sólo el efecto final de algo más profundo. Lo que vivimos es una descomposición radical de nuestros vínculos como sociedad. Debemos conseguir de nuevo un ‘nosotros’ y ganar colectivamente una nación llena de sentido para todas y todos. Por eso necesitamos una Nueva Constitución que nos ayude a reconstruir los lazos sociales. Y que genere incentivos virtuosos a la igualdad, entendida como los mismos derechos, dignidades y libertades para todas las personas. Eso incluye el derecho a acceder a los recursos fundamentales para tener una vida digna, ser considerados igualmente capaces y tener la libertad de elegir qué hacer con la propia vida, con las mismas condiciones. Ser respetado y recompensado de manera justa por el trabajo que se realiza. En definitiva, sentir que opera la reciprocidad básica que subyace a todo contrato social.

La mayor igualdad económica no significa que todas las personas realicen un trabajo similar, o que vivan en hogares idénticos. No significa que las escuelas sean iguales o que todas las personas reciban el mismo salario. Las diferencias en dinero se pueden relativizar si las bases de la convivencia son las mismas. En ese punto importa mucho el marco constitucional: si algunas personas son recompensadas en exceso, u obtienen ganancias que se perciben ilegítimas, mientras otras no son reconocidas, deberían actuar los mecanismos constitucionales para revertir ese proceso. La nueva “Constitución de la Igualdad” deberá crear un país donde los ricos sean menos ricos, los pobres menos pobres, y donde todos seamos menos vulnerables a la inseguridad y la contingencia. Donde cada cual pueda construir, sin limitaciones arbitrarias, el proyecto de vida que determine, desde sus propias capacidades y desde su libertad.

[1] Rancière, Jacques. (1996) El Desacuerdo, Nueva Visión, Buenos Aires.

[2] Castiglioni, Rossana (2019) ¿El ocaso del «modelo chileno»?, en Nueva Sociedad, Nº 284.

[3] Hidalgo, Juan Carlos. (2014) “Chile y la trampa de los países de ingreso medio”, en El País, 14 mayo, 2014.

[4] Chang, Ha-Joon (2013) “Patada a la escalera. La verdadera historia del libre comercio”, en Ensayos de economía, Vol. 22, Nº. 42, 2013, págs. 27-58.

[5] Dorling, Danny (2017) The Equality Effect: Improving Life for Everyone. New Internationalist, Oxford.

[6] De Roux, Francisco (2017) La paz llama a la igualdad, en El Tiempo, Bogotá.

(*) Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano