Investigadores de la Academia dan a conocer diagnóstico de la Población Indígena en la Región Metropolitana

Falencias en las áreas de salud, educación y vivienda;  falta de un catastro oficial que dé cuenta del universo real de esta población, fortalecimiento del marco institucional que signifique coordinación  entre las diversas instituciones del Estado y mayor información de sus derechos,  son algunas de las falencias y temáticas pendientes que arrojó como resultados el “Diagnóstico de la Población Indígena en la Región Metropolitana”, elaborado por investigadores de la Escuela de  Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Se trata de un documento que ya fue entregado al Gobierno Regional, GORE, que  identifica y establece la situación y condición actual de la población indígena en la Región Metropolitana, y que pretende ser un aporte en la elaboración de una política indígena  para la región.

Dicho diagnóstico consideró como líneas estratégicas el fomento productivo, educación, fortalecimiento de la diversidad cultural;  marco institucional y gobernanza, para lo cual se entrevistó alrededor de 140 personas de las distintas áreas vinculadas con la temática indígena, entre ellos dirigentes, profesionales, funcionarios público, entre otros.

Una de las problemáticas principales que se evidencian del estudio es la inexistencia de un catastro oficial del número real de la población indígena en la región. Solo la Encuesta Casen 2013 calcula que el número de indígenas que vive en la zona Metropolitana bordea los 500 mil, concentrándose principalmente en las comunas de Estación Central, La Pintana y Peñalolén.

Para Luis Campos, antropólogo y coordinador del equipo investigador “este ejercicio de diagnóstico no es sufriente. En primer lugar el INE debiera hacerse cargo de un estudio específico de población indígena que vive en la RM.  Una caracterización de todos los aspectos que sean abordables en realización a su situación. Un censo permitiría dimensionar con claridad cuál es el universo, las necesidades, a partir de un indicador que sea incuestionable”.

Precisamente uno de los servicios analizados fue el de vivienda. Actualmente el 70% de la población indígena vive en un centro urbano, la cual dobla en porcentaje en términos de hacinamiento crítico.  En ese sentido los principales problemas están relacionados con viviendas más precarias; se evidencia la inexistencia de una política de vivienda para los pueblos indígenas encontrándose más bien un sistema de financiamiento y la mayoría de las viviendas sociales no poseen pertinencia cultural.

En materia de salud se identifican problemas en la coordinación, continuidad, capacitación y asignación presupuestaria en relación al Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas; no existen estudios epidemiológicos respecto de la población indígena; en el registro a pacientes no se incorpora la variable étnica, y no existe una oferta continua de médicos tradicionales ni el reconocimiento de este modelo.

En lo que se refiere al fomento productivo, la población indígena tiende a trabajar como empleado u obrero del sector privado, como trabajadores por cuenta propia y en el servicio doméstico. Ha cobrado relevancia las microempresas y emprendimientos indígena, pero sigue siendo insuficiente y vinculado meramente a lo artesanal. Las políticas de fomento productivo son de corte asistencialista, lo cual implica que la pobreza de esta población sea considerablemente mayor.

En educación poseen menos años de escolaridad y los índices de  analfabetismo son mayores. Además sólo es una minoría indígena la que entiende y habla su lengua, al no existir una política de reconocimiento oficial, entre otros.

En materia de organizaciones y asociatividad, según la CONADI hasta el 2015 se han constituido 214 asociaciones y a abril del 2016 hay 88 vigentes en 29 comunas de la RM. Las políticas y los programas al respecto son vistos como asistencialistas, sectoriales y poco participativos: existe poca confianza hacia los procesos de consulta indígena y hacia la institucionalidad indígena vigente; hay escasa capacitación en formación de liderazgos y formulación de proyectos; y se han legitimado exclusivamente a las organizaciones indígenas con personalidad jurídica.

Para Campos este es un tema central. Considera que es importante  que se potencie el fortalecimiento organizacional, ya que “de esta manera no solo se va aumentando el número de participantes de las organizaciones, sino también generando una contraparte que permita generar una aplicación de las políticas públicas con un socio que es permanente y que tiene autogestión. Un fortalecimiento de gente que sea capacitada para ser contraparte del Estado en todas las áreas.”

En el plano  jurídico y normativo,  en la actualidad los programas que permiten a los indígenas de la RM tener acceso diferenciado a la justicia o en la acción penal, a partir del reconocimiento de su calidad indígena, son inexistentes. En ese sentido se plantea que la Ley Indígena no resulta equitativa para todos los indígenas ya que no contempla la realidad de los pueblos indígenas urbanos, ni una responsabilidad concreta con la diversidad cultural; el Convenio 169 no es aplicado en su plenitud. No se tiene conocimiento acerca de sus alcances; no hay procedimientos ni protocolos que entreguen un acceso diferenciado a la justicia para los indígenas; y algunos pueblos indígenas no son reconocidos aún por la Ley.

Para Luis Campos el punto central está en la falta de coordinación de las políticas públicas en torno al tema, fortalecer el marco institucional y fomentar la información de sus derechos  “debiera haber una coordinación ejecutiva de las políticas públicas, porque actualmente se están haciendo muchas cosas, pero cada uno por separado, un servicio no tiene mayor  conocimiento del trabajo del otro, no hay coordinación ni centralización de la información para poder hacer mejor uso de los recursos. También es importante fortalecer la información para poder acceder a los derechos, es  decir, podemos tener muchos derechos, pero si los desconocemos es muy difícil que los puedan ejercer”.

En ese sentido, sostiene que “si se logra fortalecer el marco institucional se va a conseguir un gran logro. Esa es una prioridad en materia de una política nacional”.

La antropóloga Francisca Fernández, también parte del equipo investigador,  explica que a raíz de dichas falencias se da una situación compleja: la crítica y el rechazo. “El año pasado se llevó a cabo un proceso consultivo donde se entrevistaron y se generaron mesas de trabajo y diálogos, pero muchos de quienes participaron dicen que no se integraron sus demandas, entonces también hay una suerte de desconfianza. Sin embargo,  esto se da más a nivel nacional, por suerte la experiencia que tuvimos en la RM, sentimos que hubo una mejor aceptación a participar de estas instancias; se ve que hay una voluntad política de diálogo. Ahora el tema es cómo nos hacemos cargo de los que no se han involucrado o no quieren hacerlo”.

El estudio también consideró las áreas de juventud, adulto mayor y niñez, todas igualmente deficitarias en materia de políticas públicas.