La Democracia universitaria: un presente con 50 años de historia

Por Lucía Sepúlveda
Escuela de Trabajo Social UAHC
Julio 2015

Por su naturaleza y función la Universidad debe encarnar los valores que difunde y promueve en su discurso académico. La Universidad debe ser un espacio abierto, donde convergen ideas, conocimientos y saberes en un ambiente pluralista, basada en la libertad de enseñanza y en la idea de la Educación como un derecho social, individual e inalienable. Es el lugar donde los jóvenes aprenden a ser ciudadanos y la responsabilidad social que ello significa.

Como se planteaba la Reforma de 1968 en Chile, hace casi 50 años, la Universidad debe ser la “conciencia crítica” del país, conociendo y denunciando los problemas que afectan a la sociedad y sus causas pero, además, debe ser capaz de proponer soluciones.

Si la Universidad es un espacio de libertad e igualdad, debe promover y existir dentro de espacios democráticos, en donde converjan las ideas y los compromisos de académicos, funcionarios y estudiantes. A esta relación de los tres estamentos que funcionan en la Universidad se le llama tri-estamentalidad. La participación de los diversos estamentos organizados de la comunidad constituye un mecanismo propicio para canalizar demandas, evitar conflictos, y permite mejorar el clima interno. Un modelo institucional participativo e integrador tiene más posibilidad de generar una solidaridad orgánica, basada en el consenso, asegurar la gobernabilidad y, por ende, la calidad de la institución.

Una práctica tri-estamental garantiza la participación de los cuerpos colegiados y su incidencia en las decisiones más importantes relacionadas con el gobierno universitario y en la elección de las autoridades unipersonales, con lo que estas se hacen expresión de la voluntad de toda la comunidad. La práctica democrática tri-estamental permite la adecuación de la estructura universitaria a un funcionamiento orgánico que se ajuste y adapte al requerimiento de la sociedad en su conjunto. Es un modo de concepción del gobierno universitario en el que los tres estamentos organizados que forman su comunidad -profesores, estudiantes y funcionarios no académicos- intervienen en el ejercicio de la gestión y gobierno de la universidad, para fortalecer y elevar su nivel de excelencia académica y, por ende, su proyección a la sociedad. Reconoce, con esto, también la importancia del estamento no académico: funcionarios administrativos y de servicios, cuyo trabajo de apoyo a la docencia y su relación con los estudiantes es fundamental para un buen desarrollo de la actividad académica.

Sin duda, no es fácil lograr un funcionamiento armónico. Ello requiere de un gran compromiso de la comunidad universitaria. Como recuerda el profesor emérito de la Universidad de Chile Dr. Alfredo Jadrecic, uno de los líderes de la Reforma de 1968, primer Decano electo tri-estamentalmente: “No se trata de estudiantes contra académicos ni de funcionarios contra autoridades”. Se trata de construir en conjunto, desde nuestros propios saberes e intereses, un proyecto común que permita formar profesionales con sólidos conocimientos, críticos y comprometidos a realizar los cambios que nuestra sociedad requiere

Esto tiene su historia en el país. En el marco de las movilizaciones estudiantiles universitarias en Francia, en la década del 60, y de los cambios político-sociales en Latinoamérica, se produce en Chile un gran movimiento reformista iniciado por los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago al que se suman la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que deviene en lo que se llamó la Reforma Universitaria de 1965–1968, la que permitió que, mediante propuestas de sus organismos tri-estamentales, fueran electos por toda la comunidad universitaria: rectores, decanos y directores de Escuelas. Igualmente, a los Consejos Universitarios accedían representantes de académicos, estudiantes y funcionarios no académicos.

Luego de un profundo análisis respecto a la participación de los estamentos en las elecciones, las comunidades universitarias concordaron con que éstas deberían ser ponderadas. La razón fundamental de ello fue reconocer la diferencia de funciones que realiza cada estamento y que la presencia de los académicos y de los funcionarios es permanente en las Casas de Estudio, en cambio, la de los estudiantes es transitoria, dado que, luego del término de su formación, su ejercicio profesional lo ejercen fuera de la Universidad. Por ello, la votación ponderada en la Universidad de Chile correspondió a: 65% los académicos, 25% los estudiantes y 10% el personal no académico. La razón de esta proporción era el grado de permanencia y la función que ejercían los miembros de la comunidad universitaria.

La Reforma permitió que las universidades desarrollaran un gran compromiso para promover y apoyar los cambios políticos y sociales que experimentaba el país. La docencia, la investigación y la extensión estuvieron directamente relacionadas con conocer y proponer soluciones a los grandes problemas sociales de la población chilena.

Ello fue interrumpido, en 1973, por el golpe militar y la implantación de un Gobierno de Facto. Una de las primeras medidas de la dictadura militar, en 1973, fue la intervención de las universidades chilenas. Al asesinato, detención, exoneración y exilio de numerosos profesores, estudiantes y funcionarios, se sumó el nombramiento de Rectores Delegados de la Junta de Gobierno y por ende, la intervención de los proyectos académicos que desarrollaban. Se dicta la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual en su Artículo N° 49 Letra E explicita: “deberá excluirse la participación con derecho a voto de los alumnos y funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ellas, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas”.

A pesar de la prohibición de participación democrática en las universidades chilenas, en el año 2007 la Universidad de Chile aprobó la constitución de un Senado Universitario, actualmente vigente, que es un órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de la Universidad, establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, aprobar el proyecto de presupuesto, nuevas carreras, post- grados, etc. El Senado está compuesto por el Rector, quien lo preside, y 36 senadores: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios, todos ellos electos por sus pares. Esta proporcionalidad se acerca a la de la Reforma del año 1968.

Igualmente, en nuestra Universidad, el año 2008, se constituyó una Comisión tri-estamental para que analizara la participación democrática en la Universidad y propusiera canales de participación para la comunidad universitaria. Como primera medida, y debido a que había cumplido su período el Rector vigente, la Comisión propuso que el nuevo Rector fuera electo tri-estamentalmente, lo que ocurrió a fines de 2011, lo que fue la primera experiencia universitaria de Rector electo por la comunidad universitaria desde la recuperación de la democracia. Su elección fue ponderada: 65% académicos, 25% estudiantes y 10% funcionarios, igual a la que usó, en 1968, la Universidad de Chile, para elegir sus directivos

Si bien es cierto, con el retorno a la democracia en 1990 se lograron algunas modificaciones a la LOCE, durante 15 años se mantuvo vigente el artículo 49-e que impedía la democracia universitaria. Sólo el reciente 15 de Abril de 2015 el Congreso Nacional derogó el Decreto Fuerza de Ley Nº 2 y aprobó el “Proyecto de Ley que Elimina la Prohibición de Participación de Estudiantes y Funcionarios en el Gobierno de las Instituciones de Educación Superior, asegurando el Derecho de Asociación” y establece que “ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre la universidad y sus estudiantes o personal académico y no académico contendrá disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen su libre organización”.

Aunque esto no asegura por sí mismo una realidad más democrática y participativa de las Universidades, genera condiciones favorables para ello. Esas posibilidades, como siempre, comprenden derechos y deberes, y su uso y expansión, dependerá de la propia orientación que tengan los diversos estamentos constituyentes de las Universidades.