La sociedad chilena a la expectativa_Ley de despenalización del aborto en Argentina: Una panorámica desde la salud mental

Esta semana, el Senado argentino aprobó la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, considerando como límite la semana 14 de gestación. La normativa también suma, acompañamiento material y sanitario durante tres años a mujeres de sectores vulnerables que sí desean llevar adelante sus embarazos para que la pobreza no impida a las mujeres planear una familia. El debate parlamentario, celebrado a lo largo de todo el país transandino, abrió una ventana de expectativas para quienes esperan se legisle de manera similar en nuestro país.

La psicóloga Gabriela González, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Academia, ha seguido atentamente el proceso argentino y celebra el paso que abre la posibilidad de una ruta política y social similar en Chile. “El movimiento feminista tiene un carácter latinoamericanista e internacionalista y en la medida que se van logrando avances como la despenalización, como en el caso de nuestro país y con la legalización del aborto en Argentina, se impulsa que países como el nuestro puedan ampliar los cambios legales. Al respecto, las expectativas que tenemos son altas, aunque sabemos que cada avance conquistado en relación a la justicia de género no es el resultado inmediato, sino de un trabajo político, de acción y pensamiento político orientado a destrabar las argumentaciones y justificaciones de una moral conservadora que impone una idea sobre la sexualidad de las mujeres exclusivamente orientada a la reproducción”.

Por eso mismo, señala, este logro de las mujeres y feministas argentinas, es decisivo, pues no sólo es contar legalmente con el derecho a un aborto, seguro y gratuito; sino que el imperativo de la reproducción sobre la sexualidad femenina y de cualquier persona gestante empieza a tocar fondo. Y más allá de lo legal, lo que nos importan son las transformaciones culturales de los mandatos patriarcales.

La docente destaca que el principal motor de una legislación de este tipo en el vecino país haya sido la propia ciudadanía. Señala que estas transformaciones no pueden ser convenidas política ni culturalmente desde las clases políticas o las élites porque se trata de temáticas intrínsecamente fundada en el debate ciudadano y la participación democrática. “Las cúpulas suelen dictar de manera hegémonica cuál es la moral correcta, cuando debería ser al contrario y estar ellas al servicio de las necesidades sociales, económicas, ambientales o culturales de la sociedad, En este caso, un asunto en que converge también la salud mental y la sexualidad, incluso, sostiene la académica.

“El fenómeno del embarazo también está anclado en lo social y por eso en Argentina se le ha denominado a este hito y avance como “un momento bisagra”. Podemos entender esa bisagra como un articulador, entre lo social y lo individual, entre lo cultural y lo psíquico. La penalización del aborto no sólo impone un castigo en el marco de una ley, por ejemplo la cárcel; sino también impone una norma social, que se traduce en que la maternidad es un ideal y el destino “normal” de toda mujer. De ahí que la legalización del aborto, restituye cultural y psíquicamente, la vida de las mujeres. Este avance en lo legal es un elemento fundamental que echa por tierra el sentimiento de culpa que conlleva la decisión de interrumpir un embarazo”, agrega.

Hay un peso simbólico muy fuerte vinculado a la idea del aborto, que tiene consecuencias profundas en la salud mental de las mujeres que lo han decidido; además de la exposición a riesgos en su salud física cuando la opción de interrumpir un embarazo es en el marco de lo “clandestino”, cree.

El fin de la culpa

En nuestra región, Argentina se suma a Cuba, Guyana y Uruguay como países donde la interrupción del embarazo no es un delito. En nuestro país en tanto, ya en los años 70, los medios conservadores, declaraban que los abortos alcanzaban nivel de “epidemia”. Hoy, el Minsal asegura que se realizan cerca de 90 abortos clandestinos por día. Es decir, unos 33 mil al año. Gabriela González describe que en su disciplina existen distintos indicadores sobre el impacto de un embarazo no planificado, no deseado o un aborto en la vida y la psique de mujeres de todas las edades, en especial de las jóvenes.

“Sigue siendo un asunto sin resolver. En nuestro país la vía de la maternidad es, para muchas mujeres, una forma de identidad social, pero es muy diferente si se es una mujer de estrato vulnerable o una joven que está en medio de sus estudios universitarios, por ejemplo. La situación de un embarazo va asociado a un deseo social por ser o no ser madre y, al mismo tiempo, se observa como una condena para jóvenes no solo por ejercer maternidades tempranas, sino que deben interrumpir la posibilidad de generar otros proyectos de vida”, describe.

Si bien este escenario ha ido cambiando, muchas veces las jóvenes deciden ser madres porque no existe un acceso a la interrupción de un embarazo no deseado y eso, a su vez, genera maternidades distintas: “Puedo ver en la universidad a nuestras estudiantes que han deseado ser madres y por otro lado a las que no querían, pero todas con diferentes esfuerzos han podido combinar maternidad y estudios porque hay que convenir que la corresponsabilidad en la crianza tampoco suele ser algo que se ve a menudo. Existe una gran mayoría de casos donde la mujer es la que se hace cargo de los hijos e hijas”, señala.

Por eso destaca la importancia de que en Chile se cuente con una alternativa legal y de salud pública óptima para acceder a la interrupción de un embarazo, cuando las mujeres evalúan que no cuentan con las condiciones -económicas, sociales, emocionales y/o psicológicas- o sencillamente cuando viven un embarazo no deseado.

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Apunta, además, a otro detalle que suele ser pasado por alto y que es clave tener en consideración: “El deseo de un hijo o hija tiene otras repercusiones que se dan por sentado. La relación que se arma entre una madre y un hijo o una hija requiere un lugar simbólico, que es incluso previo al embarazo y que una vez que ese hijo o hija nace, se traducirá en un vínculo primordial para la vida psíquica, emocional y relacional de ese o esa recién nacido y que a su vez marcará a lo largo de su vida la forma en que será capaz de armar y anudar nuevos vínculos con otros y otras. Un embarazo no deseado, una maternidad o paternidad impuesta, repercuten no sólo en los progenitores, ya sea como culpa en la mayoría de las mujeres que asumen este imperativo legal y cultural, sino que a su vez ser un hijo o una hija cala a un nivel subjetivo y psíquico muy profundo”, advierte como un daño colateral de generaciones.

Un camino democrático

“Todo esto cambiaría la concepción hegemónica del ser mujer que hoy en día las relega a la reproducción y la maternidad. Es necesario entender que hay mujeres que simplemente no quieren ser madres y que, como todas, deben tener no sólo el derecho, sino que la libertad a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Asumir esto permitiría desalojar la culpa que ello conlleva y que toda mujer pueda poner en marcha sus deseos sean estos la maternidad, una carrera profesional u otro desarrollo. Obviamente estos deseos no son excluyentes ni contradictorios, pero no pueden ser obligatorios. Un embarazo sin culpas es fundamental para crear una sociedad distinta en el que una mujer madre soltera o que ha interrumpido su embarazo no viva en la exclusión, la marginalidad o el arrepentimiento”, agrega González.

Finalmente, la psicóloga vincula estas transformaciones sociales con el camino constitucional que se abre en Chile a partir de un ejercicio de soberanía popular similar al que ha guiado la conversación sobre el aborto en Argentina. “Estamos restituyendo un camino democrático que, tal como en nuestro caso, ha tenido muchos amarres y vigilancia. Las chilenas estamos llamadas también a marcar un nuevo hito como las argentinas han marcado el paso con la legalización del aborto. Los cambios que nosotras buscamos en Chile serán construidos sobre la base de la paridad, la inclusión y la diversidad. Ahí está la gracia de la legitimidad del ejercicio de soberanía popular, es decir, que el pueblo – desde su pluralidad- plantee y construya colectivamente un nuevo marco de convivencia social, política, económica y cultural, que ponga al centro la justicia social, los derechos humanos, el reconocimiento -sin condiciones- de la diversidad, la desprivatización de los bienes públicos, incluida la naturaleza y/o los recursos naturales, etc.”.

La docente cree que nos encontramos ante una contingencia histórica y política, donde muchas feministas de nuestro país están empujando el proceso constituyente, planteándose decididamente a participar como candidatas a la convención que construirá una nueva constitución. “Evidentemente, este proceso y la participación feminista en el, también está siendo observado y apoyado por otras feministas latinoamericanas, sin duda tal como las argentinas han marcado un hito para todas, en Chile las feministas también abrirán camino para otras en sus propios territorios y latitudes”, concluye