La UAHC es una universidad pública
Hace un par de días, en el Auditorio Salvador Allende, Domingo Bazán ―Vicerrector de la Universidad― y Francisco Figueroa ―Vicepresidente de la FECH― expusieron sus ideas sobre el papel de las ciencias de la educación y sobre las proyecciones del movimiento estudiantil respectivamente. En la discusión posterior se produjo un interesante debate sobre el futuro del movimiento estudiantil y el rol de universidades como la nuestra en dicho contexto. Quisiera hacer una breve reflexión a propósito de los conceptos ‘público’ y ‘privado’.
En buena parte de las intervenciones, tanto quienes estaban en la mesa como quienes participaron en el debate posterior asumieron, sin mayor cuestionamiento, la diferencia entre universidades públicas y universidades privadas. La nuestra, en principio ―¿quién podría ponerlo en duda?― es una universidad ‘privada’. Y sin embargo, como sabemos, las universidades ‘públicas’ incluyen varias universidades privadas, las denominadas ‘tradicionales’. Esta curiosa incoherencia, que desestabiliza el uso pre-reflexivo de la diferencia público/privada tal como ella fue asumida en el debate, contiene una indicación sobre la que, más allá de las cuestiones nominales, vale la pena detenerse.
En efecto, hay a lo menos un sentido de lo público que no quedó recogido en la discusión y que, no obstante, juega un papel importante en los debates actuales sobre la educación en Chile. Un sentido de lo público que, según creo, puede llegar a ser relevante no solamente para defender nuestro derecho a la existencia en el futuro contexto institucional donde, como esperamos, predominará la idea de la universidad pública, sino también para poner en cuestión el tipo de universidad que mejor se ajusta a esa idea.
Brevemente, lo que sostengo es que, en el caso de las universidades, lo público depende por supuesto del carácter del bien que producen ―la educación es un bien público―, pero también, y en esto es donde quiero poner el énfasis, de las modalidades de gobierno universitario, cuestión que comunica el problema de la universidad con el problema más amplio de la esfera pública, central en las actuales discusiones sobre democracia. Lo público, en este sentido, no es tanto un estatuto jurídico, sino una cualidad dinámica, si así puede decirse, susceptible de ser ampliada democráticamente, pero también de disminuir.
Este sentido de lo ‘público’ tiende a quedar oculto cuando se confunde ‘ser público’ con ‘ser propiedad del Estado’, asumiéndose a continuación que el traspaso de una universidad al Estado asegura eo ipso su carácter público. Cuando se entiende así, lo ‘público’ denota meramente un estatuto jurídico formal. En el sentido de ‘público’ que nos parece más relevante, en cambio, lo esencial reside en el carácter más o menos democrático de la estructura de decisiones de una institución.
Resulta, por ejemplo, más contradictorio con el carácter público de algunas universidades el que en éstas no se acepte la participación de la comunidad en la elección democrática de sus autoridades, que con el hecho de que esas universidades no sean propiedad del Estado. Esto, entre paréntesis, fue aludido indirectamente por el dirigente de la FECH, cuando sostuvo que las universidades públicas, incluso las estatales, se comportan en el contexto actual como universidades privadas.
Que algo se haga público significa, en efecto, que a los afectados se les admita en la discusión de las decisiones relevantes, en la definición de los fines a perseguir y en el diseño de las acciones a emprender. Lo público, en este sentido, es ante todo un modo de funcionamiento por medio del cual se amplía, en un proceso no exento de conflictos y retrocesos, la esfera de asuntos que quedan sujetos a procesos democráticos de decisión por parte de los afectados. Es por esto que las demandas del movimiento estudiantil, que contemplan la democratización de las universidades, el derecho a la asociación y a la libre expresión de los estudiantes, no son ideológicas ni cosméticas: ellas apuntan a la esencia de lo que significa una universidad pública.
Desde esta perspectiva, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano no sólo es pública en el sentido de que persigue la entrega de un bien público ―y no el lucro, para ser más explícitos―, sino sobre todo en el sentido decisivo de que ella ha ampliado constantemente, desde su origen, los mecanismos de participación en el gobierno universitario de todos los estamentos que la constituyen. Sólo para considerar unos pocos ejemplos significativos: en la actualidad ésta es una de las pocas universidades en las que todos los directores de escuela son elegidos democráticamente por profesores y estudiantes, en la que, además, no sólo se admite la organización estudiantil sino que se promueve la participación de estudiantes y profesores en todas las instancias colectivas de decisión, desde los consejos de carrera, pasando por los consejos de área, hasta el Consejo Superior. En la actualidad se discute incluso que el propio Rector de la universidad sea elegido con participación triestamental.
Al definirnos sin más como ‘universidad privada’ nos estamos interpretando desde una categoría jurídica que distorsiona en lo más profundo el sentido de toda nuestra historia. Pertenecemos a aquellas universidades que, no solamente como resultado de la presión exterior, sino por decisión y convicción propia, hemos optado desde un principio por renunciar al lucro para entregar una formación de calidad a estudiantes de bajos ingresos, reinvirtiendo todas nuestras utilidades en la misma universidad.
Desde esta perspectiva, pienso que somos una universidad pública al mismo título que lo han sido otras universidades ‘privadas’, como la universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Austral, etc.
* Docente y coordinador del Departamento de Asuntos Generales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.