La unilateralidad de un supuesto acuerdo

Por Marcela Betancourt Sáez

Seguramente no eran pocos los chilenos y chilenas que expectantes, esperanzados o desconfiados, esperaron el anuncio del Presidente de la República sobre reformas educacionales y el proclamado  “Gran Acuerdo Nacional  de Educación”. Vale la pena reflexionar sobre esto y en particular, sobre su letra chica.

En primer lugar, para que se construya un acuerdo se requiere de dos actores o más. Valga la extrañeza sobre el denominar acuerdo a un anuncio. Las medidas informadas son de construcción unilateral, los actores de mayor protagonismo político hoy, es decir los estudiantes, no fueron considerados en sus demandas. Sin ir más lejos, a pesar de que en el país todavía se mantienen alrededor de doscientos colegios tomados o paralizados exigiendo gratuidad y calidad educacional, el Presidente ni siquiera mencionó a los estudiantes secundarios. Las razones pueden ser múltiples, pero sin duda el gobierno hoy no tiene soluciones a dichas demandas.

En segundo lugar y centrándonos en lo que se estableció para educación superior, decimos que un fondo de cuatro mil millones de dólares puede parecer enorme y hasta podría dejar tranquilos a quienes creen que los problemas en educación se solucionan solo inyectando recursos. Pero esa cifra es un monto único, es decir no se establecen mayores recursos para la educación de aquí y en adelante. Cuando ese fondo se agote el problema será el mismo, sobre todo si entendemos que el número de estudiantes que aspira a acceder a la educación superior aumenta año a año. Sabemos que solo para formar a un médico general se requieren de aproximadamente cincuenta millones de pesos, entonces tal cifra ya no parece tan imponente.

El hecho de que día a día se acreciente la aspiración social de llegar a la educación superior y más aun a la educación universitaria, no es antojadizo. El estado chileno se ha vanagloriado internacionalmente de que el acceso a la educación superior ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Sin duda, la capacidad de matrícula ha aumentado, pero en base a los privados. Es decir, es el mercado privado el que se ha “abierto” a estos requerimientos sociales.

Como sabemos el mercado privado se mueve en este país con total impunidad. Las universidades privadas reciben a la población con menos recursos del país (reflexión aparte es que  aquellos alumnos que acceden a universidades privadas lo hacen en gran medida por sus bajos puntajes en la PSU, fruto de una educación secundaria desigual y segregada). Estos alumnos y sus familias se endeudan grosera y dramáticamente para poder optar a un título profesional, con la ilusión de romper el círculo de la pobreza, aspirando a que una primera generación pueda ser profesional. Sin embargo, el costo es demasiado alto, puesto que significa «toda una vida» de deuda.

Desde aquí podemos saltar a los dos puntos más referidos al discurso del Presidente. Por un lado planteó que el CAE (crédito con aval del estado) rebajará sus tasas de interés a un 4% (hoy es de un 6%), lo cual simplemente iguala en porcentaje a los créditos de consumo regulares que ofrece la banca. Cabe recordar que advirtió que dicha rebaja sería “en años normales”, y aquí aparece nuevamente la letra chica que ha caracterizado a las ideas de este gobierno, porque la interrogante que surge es qué podemos entender por un “año normal”. Asunto difícil de resolver dado que el Presidente no lo aclaró, y los medios de comunicación no lo preguntaron al ministro (al mismo que le encantaría salir a marchar) en las múltiples entrevistas que se le han hecho. Es decir,seguirá reproduciéndose aquello que el movimiento estudiantil está denunciando: las familias continuarán endeudándose y se mantiene el beneficio de los privados .

Para finalizar es importante referirse a la “transparencia en torno al lucro”. Hoy las universidades privadas que lucran lo hacen recurriendo a  subterfugios para transgredir la ley (que no permite el lucro), muchos se han transformado en verdaderos expertos de esa práctica. Entonces, el gobierno no le ponga fin a esas malas prácticas, sino que simplemente las transparentará. Los privados seguirán lucrando, pero ahora, avalados por una ley,  lo harán de cara a todo el país. Parece poco razonable, pero no hay que extrañarse si consideramos que personeros del gabinete presidencial son parte de sociedades inmobiliarias dueñas de universidades privadas que efectivamente lucran y podrán seguir haciéndolo. Esto legitimará lo que la ley prohíbe.

El anuncio nos deja en claro que se modificará la ley para permitir y perpetuar el negocio que hacen hoy algunas universidades privadas a costa de las familias chilenas de menores recursos. No queda duda de que no responde en nada a las demandas de gratuidad expresadas por diferentes sectores sociales.

La poca novedad y la perpetuidad del lucro anunciadas por  el Presidente a muchos no nos sorprenden. Al revés nos posicionan en la reflexión como forma de acción en el afán de conseguir una educación  sin segregación, pública y gratuita.

* Jefa de Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Artículo publicado en Cambio 21 (9 de julio). Vea Aquí