Las dos caras de la educación
Al ciudadano medio, aquel que cada día sale a trabajar porque tiene que comer y pagar sus deudas y que se informa escuchando las noticias de los medios oficiales, debe parecerle una intransigencia inaceptable de una u otra parte, dependiendo de donde se posicione, que ante un diagnóstico lapidario sobre lo que está ocurriendo con la educación en el país, ante el cual todos los sectores políticos y sociales coinciden en la necesidad de cambios urgentes, no se alcancen acuerdos para la búsqueda de soluciones.
Ni las masivas movilizaciones, ni los reiterados llamados de los estudiantes al gobierno para que escuche el sentido de sus demandas, formuladas en diversos escenarios por sus dirigentes con profunda convicción, magistral inteligencia y sólidos contenidos, han logrado modificar el discurso de base del gobierno, a pesar del efectismo comunicativo del Ministro de Educación que cada vez que aparece respondiendo a la demanda estudiantil pareciera convencer que la proximidad en los acuerdos entre ambas partes está cerca de lograrse. La creencia se disipa en las declaraciones de otros personeros de la derecha, que sin mucho maquillaje, develan el mensaje de fondo de las respuestas oficiales, al reconocer desde el Presidente para abajo, el carácter de bien de consumo de la educación y la consiguiente legitimidad del afán de lucro en su provisión, como el lícito ejercicio de la libertad de cada persona para emprender en cualquier área de desarrollo.
Esto posibilita que los personeros de la derecha repitan al unísono, casi con carácter de slogans, que aparte de aquello relativo al lucro, que es visto como un elemento secundario, ambas propuestas tendrían sobre un 80 por ciento de coincidencias. Lamentan entonces la tozudez del estudiantado y Colegio de Profesores al no aceptarla.
Cualquiera que conozca algo sobre teorías de la comunicación humana, se podrá dar cuenta que se están comunicando cosas muy distintas, desde distintos lugares sociales y posicionamientos ideológicos. Los dichos y hechos que contextualizan estos mensajes comunicables nos están mostrando, cada vez con más nitidez, que en este conflicto entre lo que existe y el deber ser se están jugando elementos irreconciliables. Primero, porque tanto las demandas de los jóvenes secundarios, como de los universitarios, involucran transversalmente un cuestionamiento al modelo económico, político y social que se instala en Chile post dictadura, se legitima con la Constitución del año 80 y se extiende más tarde a otros países a partir del consenso de Washington. Un modelo implantado a sangre y fuego por la derecha conservadora y liberal que se ve obligada, luego de un plebiscito desfavorable a ella, a entregar su administración mediante una transición pactada a la oposición de esos tiempos y que, después de veinte años de espera, tiene hoy la oportunidad histórica de dirigirlo y administrarlo directamente, de lo que se deriva su disposición a negociar ciertos aspectos no amenazantes de la vigencia del mismo.
Lo que hemos podido advertir a partir de la actitud y respuesta que ha tenido el gobierno frente al conflicto estudiantil y a la amplia movilización ciudadana, es que jamás la derecha previó llegar a una situación de demanda ciudadana de tal profundidad estructural, al menos en el período Piñera.
El adormecimiento de conciencia generado por el actual sistema político excluyente del accionar ciudadano, sumado al incentivo al consumo desenfrenado, hizo pensar al actual gobierno, que con más vouchers, subsidios residuales, discursos grandilocuentes y mayor eficiencia en la gestión, pasarían la prueba y se instalarían por largo tiempo en el poder, tras el debilitamiento de la oposición concertacionista. Sin embargo, el inmenso apoyo concitado por la ciudadanía a la demanda de cambios estructurales, los ha obligado a reposicionarse y acordar lo aceptable a negociar.
En tal sentido, claramente les ha sido más fácil consensuar al interior de la coalición una respuesta a las demandas de los universitarios, respaldándose en que el fin al lucro, que constituye una de las demandas más relevantes de los universitarios, está contenido en una ley que sólo hay que hacer cumplir, y que el resto de las demandas, según su visión, se solucionarían con aumento del financiamiento, condonaciones de deudas y mayor fiscalización. Ello les ha permitido sostener majaderamente que entre su respuesta y las demandas estudiantiles existiría una alta coincidencia. Sin embargo, lo que no se devela y no se dice desde el oficialismo en ninguno de sus repetidos discursos, es que en aquello que no coinciden, es precisamente donde está contenida la sustancia de la demanda estudiantil, están ahí los aspectos fundacionales del modelo económico y político mercantil que se han obviado del discurso dominante y que claramente por lo señalado arriba, no son materia de discusión, menos de transacción. Ahí está la primera disonancia comunicativa.
Pero es en los planteamientos de los estudiantes secundarios, donde esta disonancia se hace mayor. No es difícil darse cuenta porqué la respuesta a las demandas de fin al lucro y de ampliación del rol del Estado como garante de una educación pública gratuita y de calidad, se encuentra con una barrera mayor aún. Es en este nivel de educación donde las posturas se vuelven más claramente irreconciliables, particularmente en el aspecto referido al lucro, dado que terminar con la educación subvencionada por el Estado tiene una fuerte resistencia, no sólo de la derecha, sino también de parte de sectores de la Concertación que durante estos veinte años incursionaron en el negocio de la educación. Este sistema de subvenciones públicas a los privados, relacionado al rol subsidiario del Estado, no sólo está respaldado y legitimado en la Constitución del 80, sino las políticas neoliberales han expresamente validado y hecho crecer este sector subvencionado en desmedro de la educación pública y se han encargado de legitimarlo también en las conciencias de la población, con el apoyo de los medios de comunicación, como alternativa a la mala calidad de la educación pública municipalizada que la misma política educacional mercantilista se encargó de destruir y desprestigiar.
Hoy, la defensa corporativa que se hace de la educación subvencionada tiene como contrapartida la ineficiencia y mala calidad de la educación pública y lo más sorprendente es que aquellos quienes la han destruido, a partir del retiro del Estado de su rol garantista de la educación pública, la presentan como una realidad naturalizada, como un aspecto preexistente desde donde se debe partir, para justificar su casi desaparición. Esta postura se ha llevado al límite de elevar la resolución de la dicotomía entre educación pública municipalizada y privada subvencionada, a un tema de equidad en las oportunidades de acceso a una educación de calidad, expresado en el legítimo derecho de las familias a disponer de una elección de alternativa mejor a esta educación pública de baja calidad. En este discurso dominante no se cuestiona el porqué la educación pública se ha deteriorado en su calidad al límite de ser hoy la peor alternativa en el ejercicio de la libre elección que sostiene el actual modelo educativo.
En síntesis, el impasse de hoy entre las partes en conflicto no pasa por intransigencias más o intransigencias menos. Se están disputando posturas trascendentales, de corte ideológico, que van mucho más allá del acceso equitativo a una educación de calidad, por tratarse de un cuestionamiento a un modelo económico, político y cultural, altamente concentrador y excluyente, que genera inherentemente desigualdad y vulnerabilidad existencial, ante un Estado extremadamente debilitado en su rol regulador.
Por lo anterior, los acuerdos necesarios a los que se pueden llegar, si es posible que eso ocurra, podrían ser el punto de partida para nuevos avances en un movimiento social en ascenso, en la perspectiva de alcanzar cambios constitucionales que permitan refundar las bases sobre la cual se desarrolla nuestra sociedad.
*Docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.