Los nuevos Consejeros Regionales y sus primeros desafíos

Por José Orellana

Si bien la elección directa de Consejeros Regionales es entendida como un paso adelante hacia la descentralización política del Estado, la misma carece de profundidad cuando el gobierno regional en su integridad no se escoge desde el voto popular y universal, como es el caso del Intendente, el cual aún será impuesto por el Presidente de la República. En esa línea, los intendentes (con reforma incluida), son los que siguen teniendo mayores grados de atribuciones, recursos y responsabilidades respecto de cómo se concreta y gestiona la cartera de proyectos de desarrollo regional.

Independiente de que sea una reforma sin la relevancia descentralizadora esperada, la misma podría acompañarse con medidas que aporten al desarrollo territorial endógeno de comunas y regiones que contengan pasivos ambientales, los cuales terminan comprometiendo negativamente el desarrollo territorial de ambas expresiones político – administrativa. En la línea de los conceptos, se logra injusticia ambiental e inequidad territorial en los espacios geográficos locales que alojan plantas de tratamiento de aguas servidas (comunas de Padre Hurtado, Maipú, Til – Til), vertederos sanitarios (Maipú y Til – Til) y plantas energéticas de cualquier tipo (Renca), entre otros ejemplos en la Región Metropolitana como en otros espacios regionales.

Bajo esta lógica se espera que la elección directa de Consejeros Regionales contribuya desde una dimensión ‘institucional – territorial’, a hacer vinculante el reclamo ciudadano contra estas injusticias ambientales e inequidades territoriales. Antes, la elección de los Consejeros Regionales se lograba por medio de la constitución de Colegios Electorales de Concejales comunales en las diferentes provincias del país. Era una elección indirecta, que en la teoría y en la práctica les permitía realizar gestión desde la opacidad del poder, sin tener que rendir cuentas a nadie, más allá de la negociación que lograban con alcaldes, concejales e intendentes para los proyectos a adjudicar en diversas comunas y, así reelegirse para el próximo periodo. Ante estas circunstancias, no se aseguraba el vínculo directo entre estas autoridades y la ciudadanía. Muy por el contrario, hoy emergerán de la votación popular directa, donde se espera entonces que el control político y social que realicen las organizaciones políticas y sociales les motive a sumar voluntades, que permitan gestionar o instalar los principios de la equidad territorial y la justicia ambiental.

¿Por qué Til – Til debe hacerse cargo de la basura regional? ¿Por qué Maipú debe gestionar las aguas servidas y también la basura de un importante número de vecinos y vecinas de la Región Metropolitana? El caso de Padre Hurtado es paradigmático, dado que se encuentran gigantes plantas de tratamientos de aguas servidas, las más grandes en su tipo en la escala nacional y al parecer también sudamericana. ¿Por qué Renca debe soportar la termoeléctrica del mismo nombre, o Puchuncaví otras?

No son pocos los ejemplos en el nivel local, donde se vulneran estos principios o derechos consignados. Ante la evidencia del impacto en la calidad de vida de las personas a causa del deterioro ambiental, como también, ante la imposibilidad de tener un desarrollo local comunal integro por medidas de esta naturaleza, ¿es un despropósito utilizar el Fondo Común Municipal como instrumento que provea recursos adicionales a aquellas comunas que están ‘alojando – administrando’ un pasivo ambiental, donde se vulneran los principios antes indicados? ¿Acaso es un despropósito utilizar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional como herramienta que asigne recursos desde una clave de estrategia para el desarrollo de la región, en aquellos territorios comunales en que se vulneran los principios de equidad territorial y justicia ambiental? Siguiendo, ¿es también un despropósito generar convenios de programación que atiendan esta situación?

Estos y otros instrumentos deben tener la singularidad de que no dependan de la voluntad política de la autoridad de turno nacional y regional, sino que sean una constante en la gestión del territorio, que en un marco de descentralización creciente, deberían discutirse en las escalas que correspondan, sobre todo en la local y regional.

Hasta aquí, las menciones están referidas hacia lo ya realizado, insinuándose algunas posibilidades de gestión territorial descentralizada. Pero la idea es que los siguientes Consejeros Regionales, electos democráticamente, logren instrumentos, éstos u otros, sobre la base de los principios de equidad territorial y justicia ambiental, donde se releven las singularidades territoriales, representadas en sus expresiones políticas, ciudadanas y potenciales de desarrollo local, por sobre todo. En definitiva, en este nuevo marco institucional es válido cuestionarse cómo se hace un diseño de política pública, que contemple crecientemente los principios aquí consignados: justicia ambiental y equidad territorial.

*Docente de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales U. Academia de Humanismo Cristiano

Artículo publicado en El Quinto Poder