Por boicot al proceso PSU_Académicos de derecho y sociología UAHC consideran una aberración aplicar Ley de Seguridad Interior del Estado a jóvenes de la ACES

Luego que se anunciara a través del Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli la presentación de querellas en contra de jóvenes por delitos de desórdenes, durante las jornadas de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) del lunes 6 y martes 7 de enero, comenzaron también los cuestionamientos a la medida que invocará además la Ley de Seguridad Interior del Estado, por incitación y promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública.

En total son 16 querellas en contra de 34 personas tras el boicot a la PSU, que entre otras cosas, terminó con la suspensión de la prueba de Historia en todo el territorio nacional tras constatarse filtración del documento.

La autoridad señaló que la denuncia se presentará por la Ley de Seguridad Interior del Estado, por el delito contemplado en el artículo 6°, letra C de esa ley, que según el Subsecretario, “es justamente lo que ocurrió”, tanto en los delitos de desórdenes como el llamado a interrumpir la prueba. La acción judicial que se impulsa desde La Moneda, incluye al vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) Víctor Chanfreau, además de otros dirigentes estudiantiles.

Al respecto Silvana del Valle, Directora de la Escuela de Derecho de la Academia aseguró que las razones por las cuales se invocan estas acciones judiciales no corresponden y dejan establecida la inoperancia del gobierno. “Me parece que jurídicamente no corresponde y políticamente demuestra una vez más de la inoperancia de la autoridad. El gobierno lo que quiere es perseguir a estos jóvenes por el Artículo 6° letra C de la Ley, lo que corresponde a la “incitación, promoción, interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública”. Ese articulado es complejo ya que para definir un servicio como de utilidad pública, se requiere que exista alguna denominación legal que así lo establezca y la PSU es un mecanismo que no es manejado por un ministerio, sino que por el Consejo de Rectores y el DEMRE”, señala la abogada. Al mismo tiempo, Del Valle sostiene que se torna complejo establecer la existencia de un delito de interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública, si es que no está definido cada uno de los elementos del tipo penal en la ley. “Acá hace falta la aplicación del principio de legalidad que es uno de los principios fundamentales del derecho penal. Nadie puede ser sancionado con penas de cárcel, si no es por la  infracción a una ley penal establecida de manera específica y muy detallada, que exista con anterioridad a la comisión de los hechos investigados. Además la ley que está invocada es una ley cuyo nacimiento es ilegítimo, ya que nace en el contexto de la dictadura y si bien se sigue aplicando, ello nunca ha sido legitimado por la ciudadanía” concluye.

“ES NO ENTENDER NADA”

Para el sociólogo y académico de la Escuela de Sociología de la UAHC Raúl Zarzuri, la invocación de esta ley es un error garrafal del gobierno. Por otro lado señala que su aplicación es no entender que las expresiones que tiene un grupo de estudiantes secundarios son válidas dentro de un Estado de Derecho. “Nosotros como personas tenemos la posibilidad de poder expresarnos en contra de algo. Se debe resguardar la forma en que se procede, pero en este caso hay ciertas reivindicaciones que los y las estudiantes han venido señalando desde hace muchos años. Recordemos que la P.S.U. en sus inicios era una prueba transitoria desde la Prueba de Aptitud Académica (P.A.A.) hacia un modelo que pudiera ser más integrativo para entrar a la universidad, sin embargo, permaneció en el tiempo”, sostiene.

Agrega el sociólogo especialista en temas de juventud que, si vamos al fondo del tema, el problema en este caso no son los jóvenes, sino que más bien el gobierno que no ha sabido entregar las garantías para llevar a cabo este proceso, considerando que había un anuncio previo de lo que podría pasar. “No era extraño para los analistas que una cosa así iba a ocurrir, porque no estamos en un escenario normal, estamos en pleno período de movilización social”, afirmó.

Finalmente Raúl Zarzuri establece que resulta contraproducente la aplicación de Ley de seguridad interior del Estrado, considerando ciertos acuerdos internacionales relativos a temas de infancia a los cuales el Estado chileno en la actualidad suscribe.

Por su parte el sociólogo de Aldeas Infantiles S.O.S y también académico de la UAHC Alejandro Tsukame indica que la acción judicial anunciada por el gobierno es desmedida y raya en lo cavernario, considerando además, que la Ley de seguridad Interior del Estado se encuentra en los extremos del Derecho Penal. “Me parece una acción desmedida y completamente en el sello del gobierno que solo ve represión y no está dispuesto a enfrentarse a los problemas que los jóvenes le plantean. Invocar esta ley me parece una cosa casi cavernícola. En el peor de los casos, existen otras instancias de tipo judicial tratándose de menores de edad como de Responsabilidad Penal Adolescente y no una ley extrema que ni siquiera tiene un carácter penal legítimo”, manifestó Tsukame. El experto en temas de infancia y adolescencia remarcó que se trata de una situación negativa para todos; “Tampoco estoy de acuerdo con que otros muchachos no pudieran dar su prueba, pero en este caso el remedio es peor que la enfermedad ya que aplicar esta acción punitiva es un claro despropósito. Huele más a una cortina de humo ya que no creo que prospere esta situación…no creo que los tribunales se presten para  una cosa así”, aseveró.