Propuestas Red de Universidades Unidas por la Infancia

Presentación

La Red de Universidades Unidas por la Infancia es una instancia de organización formal, que agrupa a distintas casas de estudio a nivel nacional, su conformación nace como iniciativa de la U. de La Frontera, fijando su lanzamiento el 7 de marzo del presente año. En dicha oportunidad, se adhiere un grupo de universidades públicas y privadas, reuniendo en la actualidad a 18 Universidades (UTA, UNAP, UCN, UV, PUCV, UAHC, UCSH, UAutónoma, UTAL, UCM, UBB, UdeC, UFRO, UCT, ULagos, UACH, UMag, UAysén).

Esta red se ha propuesto como objetivo general el colaborar con otras instituciones públicas y privadas, ya sean nacionales e internacionales, en la promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, a través de la investigación científica, la docencia y la vinculación con el medio. Para eso, y en aras a propender a la construcción y revisión de la política pública nacional, se pone a disposición de la comunidad, el bagaje cultural y desarrollo del conocimiento que poseen las universidades chilenas en colaboración con las instituciones internacionales de vanguardia en la temática.

Es a partir del objetivo declarado anteriormente que esta Red ha elaborado algunas propuestas que pone al servicio del país, tanto a través de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, ambas del Senado de la República, como de cualquier otra iniciativa ciudadana que surja en pro de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Introducción

Antes de desarrollar los aspectos específicos de la propuesta, nos parece necesario señalar algunas premisas básicas en relación con la protección, promoción y ejercicio de los derechos en la infancia y la adolescencia:

– Niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos, en todos los segmentos sociales, en todas las edades y en todos los territorios.
– El Estado debe ser garante del pleno respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
– Las políticas públicas deben considerar una perspectiva integradora o interseccional (no fragmentada), de todos los ámbitos que atañen a la infancia, la adolescencia y sus familias.
– El marco legal y las políticas públicas deben reconocer la diversidad de formas de constituir familias y sus necesidades.

– La garantía integral de los derechos a la niñez y la adolescencia debe erigirse como eje fundamental de competencia del Estado, no exclusivamente promoción y protección, y alejarse de perspectivas castigadoras, controladoras e hiper responsabilizadoras de las familias.
– Es necesario reforzar desde una lógica transversal, la perspectiva de género, para reducir las brechas en todos los ámbitos de la vida social y que afecta a NNA.

Las propuestas:

Sobre un Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez

• Contar con un Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez.
• El nuevo sistema tiene que ser un dispositivo de *garantías* de derechos de la niñez, tal como fue planteado inicialmente y no simplemente como un sistema de protección pues tiene implicancias distintas en cuanto al rol del Estado.
• Dar urgencia a la implementación de Defensoría de la Niñez en las regiones que faltan, junto con inyectar recursos a este organismo.
• Reconocimiento constitucional del principio del interés superior del niño/a y del principio de la autonomía progresiva. Aceptar al niño/a y adolescente ciudadano no implica, en modo alguno, cuestionar ni poner en entredicho la autoridad parental, sino reconocer su derecho a estar presentes, a ser visibles, y sobre todo a ser autónomos en su entorno vital más cercano.
• Replantearse la exclusión de la niñez transgénero – personas menores de 14 años – de la Ley de Identidad de Género (Ley N°21.120), más aún cuando lo único que regula la mentada norma es la posibilidad de instar la modificación registral del sexo y nombre de los sujetos.
• Derogación de la Ley Aula Segura. Las relaciones al interior de los centros educativos, requieren de regulaciones o normativas basadas en la sana convivencia y la participación, dentro de un marco democrático que permita avanzar hacia procesos de socialización que faciliten el desarrollo de la autorregulación en la toma de decisiones, ello se aleja de lógicas de control y prácticas punitivas.
• Retirar el Proyecto de Ley de Control Preventivo de Identidad (la mención a los adolescentes de 16- 18), considerando que esta herramienta no permite avanzar hacia la adopción de medidas para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a amenazas de discriminación, de injerencias arbitrarias y ataques a la honra y reputación además de restricciones a la libre circulación.
• Modificar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente (Ley N°20.584) incorporando a los/as adolescentes.
• Repensar la figura de las Oficinas Locales de Infancia, consultando a las Oficinas de Protección de Derechos, con un enfoque fuertemente promocional más que de prevención focalizada.
• Reconocer y regular el derecho de asociación de niños niñas y adolescentes, y el aporte de este derecho a la construcción de su identidad como ciudadanos.
• Modificar la Ley de Protección de Datos Privados incorporando el derecho de adolescentes a proteger su información (Ley N°19.628). En la actualidad, el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes por parte de terceros, especialmente las empresas, se ha convertido en un tema de crucial importancia en la medida que, cada vez más, éstas les dirigen bienes y servicios, particularmente en línea. En este sentido, y debido a su naturaleza jurídica como derecho de la personalidad, la fijación del límite de edad para poder disponer libremente de la información personal al margen de la declaración de voluntad de los respectivos representantes legales se erige como una cuestión clave, puesto que de ello depende, a efectos prácticos, la necesidad o no de recabar dicha autorización. El silencio que tradicionalmente ha mantenido la legislación chilena en este ámbito material se traduce, además de en altas dosis de inseguridad jurídica, en una visión del niño, niña y adolescente como un sujeto incapaz, poco autónomo y absolutamente vulnerable frente a las nuevas tecnologías, visión ésta que amerita de una urgente e inmediata revisión.
• Asegurar jurídica y políticamente el pleno respeto a los derechos de niños niñas y adolescentes.
• Discutir el necesario cambio de la regulación jurídica respecto de la familia, para avanzar hacia un nuevo Código que regule las relaciones de manera actualizada, dando cabida a las nuevas formas de familia, concebidas dinámicamente y en un marco de diversidad.
• Instalar una concepción de responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles de organización territorial, respecto de las condiciones que dificultan la plena protección de derechos de niños niñas y adolescentes, como por ejemplo la existencia de servicios de salud y educación de calidad en todos los territorios, infraestructura deportiva y recreativa para todos los segmentos de la población infantil, espacios seguros para cultivar actividades artísticas y culturales, sistemas de apoyo para el cuidado de niños niñas y adolescentes fuera del horario escolar, etc.
• Revisar la fundamentación y perspectiva de los sistemas de alerta (en deserción escolar o alerta de infancia, por ejemplo) que se están comenzando a implementar. La evidencia internacional muestra que las políticas con enfoque de focalización, no universales, no tienden a la promoción pues se centran sólo en factores de riesgo y no en un enfoque de derechos.
• Adquiere relevancia la responsabilidad del Estado de apoyar a las familias en la crianza a través de servicios de cuidado diario en todos los territorios, que cubra en particular el segmento de niños y niñas mayores de seis años hasta los 15 años, que usualmente han estado desprovisto de servicios adecuados en cuanto a su calidad o cobertura.
• Avanzar en la compatibilidad crianza y trabajo, para que las familias puedan hacerse cargo de mejor forma de los niños, niñas y adolescentes con las especificidades propias de cada etapa. Los niños y niñas en etapa escolar, o los adolescentes, han estado ausentes de las políticas de conciliación familia y trabajo, que han tendido a concentrarse en el segmento de primera infancia. Así, estrategias universales o promocionales como por ejemplo la reducción de la jornada laboral apuntan en esa línea. Más tiempo de madres, padres o adultos responsables con los niños, niñas y adolescentes.
• Promover un sistema de retención escolar de todos los estudiantes, en particular en tránsito entre la educación básica (segundo ciclo) y la educación media, basado en la promoción del interés por estudiar (compromiso escolar), la experiencia en el proceso de aprendizaje y los factores contextuales facilitadores en familias, pares, y relación profesor-estudiante. Un Estado proactivo en el cumplimiento del pleno ejercicio del derecho a la educación en cuanto a acceso, trayectoria, progreso y la posibilidad de completar con éxito la etapa escolar, buscará desarrollar políticas que permitan anticiparse lo suficientemente a mecanismos a veces invisibles de exclusión educativa, asumiendo responsablemente que el estudiante es el eje del quehacer pedagógico, reconociendo, respetando y valorando sus singularidades.

• En el ámbito de la educación preescolar y escolar, relevar la heterogeneidad de las diversas formas de constituir familias, de su diversidad cultural y de creencias, para redefinir la relación escuela-familias.
• Promover un enfoque colaborativo familia – centros educativos, con foco en el desarrollo integral de la niñez, con una mirada amplia de la participación de las familias en los espacios educativos. Limitar la participación a la asistencia a reuniones de apoderados o el apoyo en las tareas escolares es restringir las fortalezas y el aporte de las familias. Desde este enfoque, las familias y las escuelas son protagonistas en la construcción de sus roles y formas de involucramiento, generan nuevas y variadas acciones para relacionarse, considerando el contexto específico de cada comunidad educativa. Así, la relación colaborativa familia-centro educativo, se entendería como la disposición de la familia a involucrarse con la escuela y los aprendizajes de sus hijos/as, incluyendo las prácticas conductuales y verbales en el hogar, así como las que se despliegan en las actividades de la escuela, desde una lógica de reciprocidad en pos del bienestar del niño, niña o adolescente.
• En nuestra calidad de Universidades, además adquiere especial relevancia, la formación inicial y continua con enfoque de Derechos de todos aquellos profesionales que trabajarán con la niños, niñas y adolescentes. Nos referimos en particular a los futuros abogados, profesionales de la salud, profesionales de la educación, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros.

Sobre la protección a niños niñas en condiciones de dificultad y sus familias

• Realizar un cambio profundo en el sistema de subvenciones y licitaciones, que elimine la competencia entre organismos colaboradores, y la falta de continuidad en vinculación de programas y familias. La protección a niños niñas y adolescentes en dificultades no puede ser vista con criterios de mercado y regirse por los mismos principios que se aplican para licitaciones de bienes y obras. Avanzar hacia un sistema de financiamiento directo establecido en el presupuesto de la nación, tanto de nivel nacional como regional y comunal. Avanzar hacia un financiamiento integral de los programas a través de un proyecto que cubra el total de los recursos necesarios, concordando con el Estado los resultados a obtener, transformando el rol de “colaboradores” (propio de un Estado Subsidiario) al de socios estratégicos del Estado.
• Transformar la institucionalidad a cargo de la promoción, protección y restitución de derechos de niños niñas y adolescentes, a partir de la creación de un sistema de Servicios a la Infancia y sus Familias.
• Mejorar condiciones laborales y de remuneración de equipos profesionales que trabajan en programas de protección, para reducir la altísima rotación de personal que incide en el bajo impacto de los procesos de capacitación y especialización.
• Replantear el sistema de financiamiento de los programas de cuidados alternativos, en particular de las residencias, garantizando montos mínimos a estándares internacionales para otorgar una buena calidad de los cuidados.
• Transformar la perspectiva de control y de hiper responsabilización que ha primado en el trabajo con las familias de los programas de protección tanto ambulatorios como residenciales, desconociendo las múltiples condiciones que obstaculizan cotidianamente la vida de las familias y que difícilmente pueden transformar por sí mismas. La evidencia de investigaciones realizadas tanto en Chile como en otros países, muestra que los enfoques que se centran sólo en las capacidades individuales de los padres/madres, desconociendo otras condiciones como el contexto sociocultural, los sistemas de creencias, las particularidades del empleo y del entorno material y simbólico, tienden a reproducir las dificultades y no a reconocer las fortalezas y recursos disponibles en el entorno que coadyuvan para superar la situación de dificultad que generó el ingreso de la familia al sistema de protección. Junto con ello, se deben instalar adecuados procesos de acompañamiento a las familias, que den cuenta oportunamente de los cambios que se operan en sus condiciones de vida, particularmente en aquellas que dieron origen a la medida de protección.
• Instalar perspectiva intersectorial, territorial y comunitaria para abordar las condiciones de carácter estructural que generan vulneraciones a los derechos de niños niñas y adolescentes.
• Redefinir la relación entre los organismos colaboradores y el Estado, estableciendo mecanismos más eficaces y claros respecto del alcance de las atribuciones del Estado en la definición de lineamientos técnicos, y acciones de supervisión y control, fortaleciendo su rol, de manera de reducir la discrecionalidad técnica, metodológica, financiera y de recursos humanos de las colaboradoras.
• Suspender la renovación de las licitaciones cada año o por periodos tan cortos porque se produce una inestabilidad muy grande en los equipos de trabajo y por lo tanto las figuras significativas para niños niñas y adolescentes, así como una pérdida de un trabajo complejo que requiere sistematización y continuidad
• Garantizar que niños niñas y adolescentes tengan derecho de participación en la toma de decisiones respecto de sus cuidados (este derecho ya existe, pero no se garantiza suficientemente) contemplando instancias explícitas de participación y que no dependa de cada juez o de cada abogado, o de cada director de residencia, si se involucra a niños niñas y adolescentes, y de qué manera, en la toma de decisiones respecto de su vida.
• Considerar las investigaciones realizadas sobre la importancia de las figuras significativas en cuidados alternativos, que se valoren estas figuras (educadoras, cuidadoras, usualmente denominadas ETD) como significativas para niños y niñas, y por lo tanto se considere caso a caso la conveniencia de continuidad o no en cuidados alternativos, evitando realizar un ingresos obligatorios en un tiempo determinado, sin considerar las condiciones en que niños niñas están, las vinculaciones afectivas que han podido establecer con cuidadores alternativos.
• Instalar de forma efectiva la perspectiva interdisciplinaria en el trabajo con las familias y acompañarla con acciones de mejora en las condiciones de remuneración, capacitación de los profesionales, y reducción de la extendida cobertura territorial que debe atender cada equipo, de manera de concentrar territorialmente sus acciones dotándolas de mayor efectividad.
• Formación especializada para Educadoras de Trato Directo, mejorar sus condiciones salariales y dedicación de jornada laboral, redefinir su ámbito de responsabilidades de acuerdo a sus condiciones de trabajo y a su nivel de calificación. Ello permitiría afrontar la alta rotación y aportar calidad al desarrollo de su trabajo, cuidando las conidicones de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a su cargo
• Modificación del Sistema de Adopción para darle celeridad a los procesos y vincularlos con el sistema de Familias de Acogida para que pueda haber, en algunos casos, continuidad entre ambos sistemas, tal como se ha considerado en algunas experiencias a nivel internacional.

Sobre garantías a niños niñas y adolescentes en el sistema de Justicia

• Ampliación del ámbito de extensión del Programa “Mi abogado”, centrado actualmente tan solo en niños, niñas y adolescentes que se encuentre en el sistema residencial. En Chile la Defensoría Penal Pública defiende infractores adultos de manera gratuita, pero a los niños los defiende la Corporación de Asistencia Judicial, constituyéndose en la parte más precaria del sistema, o, como lo señalan los propios jueces de familia, los Tribunales de Familia son la parte más débil del sistema.
• Aplicación en los procesos judiciales, de distintas formas de escuchar a niños y niñas, la autonomía progresiva deja fuera a los menores de 5 años. No se aplican con ellos formas alternativas para ejercer su derecho a ser oído. El curador ad litem no recoge el sentir de niños niñas y adolescentes y solo actúa cuando hay conflicto de interés entre adultos y niños niñas.
• Asegurar que el sistema de protección se adapte, de manera integral, a las necesidades de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que ingrese al sistema y no a la inversa. Esto supone terminar con una oferta de programas de atención que introduce una especialización basada en las causales de ingreso, distribuyendo a los NNA en diferentes programas según diversas causas de ingreso, y no de acuerdo a sus necesidades integrales.
• Desjudicializar el sistema de protección a la niñez y la adolescencia y optar por un sistema mixto, en que los Juzgados de Familia únicamente deban intervenir cuando la medida suponga la separación del niño, niña o adolescente del núcleo familiar.
• Potenciar de verdad la figura del acogimiento familiar, con una clara apuesta, no únicamente sobre el papel, de esta institución protectora.

Este documento ha sido elaborado por los representantes institucionales de las Universidades que componente la Red de Universidades por la Infancia y que a continuación se detallan:

• • • Dra. Magaly Cabriole, Universidad Católica de Temuco
    • Dra. Mahia Saracostti, Universidad de La Frontera
    • Dra. Yasna Godoy, Universidad de Tarapacá
    • Dra. Sara Salum, Universidad de Valparaíso
    • Dra. Karina Vilches, Universidad Católica del Maule
    • Dra. Claudia Contreras, Universidad Austral de Chile
    • Dr. Isaac Ravetlat, Universidad de Talca
    • Dra. Manuela García, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
    • Patricia Arteaga, Universidad del Biobío
    • Dra. Pilar Uribe, Universidad de Autónoma de Chile
    • Cecilia Besser, Universidad Católica Silva Henríquez
    • Dr. Alejandro Tsukame, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Contacto: Mahia Saracostti, Coordinadora general (mahia.saracostti@ufrontera.cl); Isaac Ravetlat, Subcoordinador (iravetllat@utalca.cl); Claudia Contreras, Coordinadora Zona Sur (claudia.contreras@uach.cl); Sara Salum, Coordinadora Zona Centro (sara.salum@uv.cl); Yasna Godoy, Coordinadora Zona Norte (ygodoyh@uta.cl)

29 de octubre de 2019.