SQM en el entramado de una democracia protegida  

(*) Por Álvaro Ramis

Columna publicada en Le Monde Diplomatique

En 1990 todas las fuerzas políticas chilenas coincidieron en un diagnóstico común: la restauración del proceso institucional y su dinámica electoral no significó una plena restauración democrática. Aunque no lo dijeran explícitamente, todos los partidos, unánimemente, pero con muy distinta valoración del hecho, reconocieron esa realidad. La derecha pinochetista, con la UDI a la cabeza, siempre argumentó que la Constitución de 1980 condujo a una “democracia protegida”, resguardada de una demonizada “dictadura de las mayorías”, que podría alterar el orden impuesto por la tradición y el mercado. Veían en este déficit democrático el acierto fundamental y la fortaleza del nuevo sistema político.

Desde el centro y la izquierda esta “protección” se interpretó con otra metáfora, acuñada por Manuel Antonio Garretón. Se empezó a hablar de “enclaves autoritarios”, imagen que apuntó a dispositivos institucionales, incrustados al interior del proceso democrático, diseñados para impedir deliberadamente la alteración de las definiciones claves y estructurantes que otorgaron el carácter al nuevo modelo político y económico.

De acuerdo a las miradas autocomplacientes de la Concertación, la mayoría de estos “enclaves autoritarios” del entramado pinochetista, se extinguieron con las reformas constitucionales de 2005.  Como afirmó de forma solemne el constitucionalista Humberto Nogueira “La gran reforma de 2005 elimina los últimos enclaves autoritarios de la Constitución”[1]. Sin embargo, al poco tiempo, los supuestamente extintos “enclaves” volvieron a reaparecer, transmutados de nuevas formas y procedimientos, revelando que la Constitución de 1980 mantenía su poder de neutralización de la soberanía popular y de la voluntad ciudadana[2]. Por eso Hermógenes Pérez de Arce afirmaba en 2012, en medio de la crisis del primer gobierno de Sebastián Piñera: “Muchos escriben en estos días preguntándose ¿qué le pasa a Chile?. Nada grave, respondería yo. A Chile no le pasa nada que no le haya sucedido antes, pero antes no estaba tan bien protegido como ahora, gracias a que rige todavía lo esencial de la Constitución de Augusto Pinochet y Jaime Guzmán[3]”.

Recordemos que en 2006 el movimiento estudiantil secundario, en su “pingüinazo”, terminó obligando a derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que se transfiguró en la actual LGE, que mantuvo la lógica fundamental de la LOCE. Y en 2011 el movimiento universitario se topó con la lógica del lucro, naturalizada en las instituciones universitarias, mecanismo que nuevamente reveló estar protegido por el Constitución, tal como lo demostró el reciente fallo del Tribunal Constitucional de abril de 2018. El frustrado Proceso Constituyente, desarrollado durante el gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de tener el objetivo de enfrentar este tipo de “enclaves”, no logró romper la “democracia protegida”, dejando abierto el problema hasta la actualidad.

SQM y la “protección no institucional” a la democracia

Lo que no se veía tan claro en 1990 era que nuestra “democracia protegida” no sólo está blindada por enclaves constitucionales y legales. El rodaje de las instituciones ha ido mostrando que existen otras formas, “a-legales”, y muchas veces ilegales, pero de facto toleradas y permitidas, que están funcionando para “proteger” el statu quo. El ejemplo perfecto es el escándalo ligado a SQM, que expresa la profundidad y ubicuidad de los medios con los que se ha blindado el actual diseño institucional, impidiendo su reforma en lo sustancial.

SQM fue privatizada entre 1983 y 1988, quedando desde 1987 bajo control de Julio Ponce Lerou, entonces yerno del dictador Augusto Pinochet, quién accedió a información privilegiada mientras fue gerente de CORFO entre 1980 y 1983. Para instalarse en la presidencia del directorio de SQM Ponce utilizó una serie de sociedades (Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande) donde cada una controlaba a la siguiente, por lo que se les llamó “Cascadas”, por su estructura vertical. El uso de este esquema implicó la manipulación bursátil y la entrega de información falsa al mercado. En 1993 SQM logró que CORFO le otorgara la concesión para explotar la principal reserva de litio del mundo en el salar de Atacama, lo que le reportó en 2017 ingresos por US$644 millones, lo que explica que Ponce Lerou aparezca desde 2014 en el ranking de la revista Forbes entre los hombres más ricos del mundo. A pesar de los cuestionamientos públicos por la forma como operó la privatización de SQM, mediante vínculos familiares con Pinochet y el uso de las “cascadas”, nada detuvo la entrega por CORFO de la concesión del litio en 1993, lo que permitió la expansión e internacionalización de la compañía.

Todo marchó perfectamente hasta que en 2015 estalló un escándalo internacional ligado al “Cartel del Potasio” que SQM habría construido con empresas rusas. Debido a que este suceso hundió el valor de las acciones de SQM, la Superintendencia de Valores y Seguros decidió intervenir la empresa.  Se inició así una investigación que conectó el caso “Cascadas” con nueva información relacionada con el pago de facturas y boletas falsas para financiar campañas electorales de políticos, mayoritariamente de la UDI, pero también de la DC, PS, PPD, PR, RN, PRO. Esta arista política es la que ha tenido mayor impacto periodístico, pero el caso es mucho más amplio ya que los fraudes que se atribuyen a SQM tendrían relación con perdidas de activos por parte de las AFP, además de generar daño a la fe pública y masiva elusión tributaria.

A fines de 2017 se hizo público un acuerdo de conciliación para modificar los contratos de explotación del Salar de Atacama entre CORFO y SQM. Según el vicepresidente ejecutivo de la corporación estatal, Eduardo Bitrán, este acto supuso cambiar la estructura de gobierno corporativo de la minera, obligando a Julio Ponce Lerou a abandonar el control de la empresa, impidiéndole asumir roles directivos. Pero este acuerdo no implicó la posibilidad de que Ponce pudiera ser contratado como “asesor estratégico”, transgrediendo el “espíritu” de lo acordado.

“Yo recibí presiones de distinguidos políticos precisamente por este tipo de consideraciones. ‘Arregle’. Y yo les decía, ‘no, las condiciones están claras, son éstas’. Nunca transé”. Estas declaraciones de Bitrán en el programa “Última Mirada” causaron gran impacto, ya que aludían a presiones políticas que pidieron “flexibilizar” el acuerdo de CORFO con Julio Ponce Lerou y SQM. Pero confrontado para revele los nombres de estos políticos, Bitrán se limitó a afirmar que revelar estos nombres concretos era “complejo”, limitándose a señalar que eran “de la Nueva Mayoría”.

La generalización de la denuncia, y las ambigüedades del procedimiento seguido por Bitrán ha generado fuertes reacciones. El ex diputado Sergio Aguiló emplazó directamente al ex directivo de CORFO en Twitter: “Bitrán insistió en la Camara que había sido objeto de “presiones políticas” para llegar a acuerdo con Ponce Lerou. Si no da los nombres tenemos derecho a suponer que fue sobornado x SQM. Que diga la verdad AHORA”. Un emplazamiento que tiene mucho sentido, porque sus palabras siembran una sombra de duda sobre todos los dirigentes políticos de la Nueva Mayoría y sobre todo porque a los pocos días se reveló que el abogado de CORFO aceptó incluir en el contrato con SQM una cláusula que exceptuaba a la Ponce Lerou y su familia de las limitaciones para asumir en calidad de asesores. Según Sebastián Oddó, abogado de SQM “aquí no se engañó a nadie”.

Legislando a pedido

  El caso SQM se suma a una serie larga de otras situaciones donde se ha demostrado el poder corruptor del mercado, capaz de penetrar en la estructura decisional del Estado, a un punto en el que las decisiones democráticas se ven secuestradas por el poder del dinero. Basta recordar la tramitación de la ley de pesca, el caso PENTA, y la larga lista de ex ministros y superintendentes de instituciones reguladoras que han sido contratados por los directorios de las grandes empresas. Esta puerta giratoria entre las empresas y la política permite que se legisle “a pedido”, con minutas elaboradas directamente por las gerencias que solicitan servicios a ministros, parlamentarios, y funcionarios de los órganos de control.

La corrupción opera en este contexto como un mecanismo mucho más complejo. No sólo se trata de un problema de pérdida de recursos públicos, o de carencias de control o fiscalización. La corrupción en el marco de una “democracia protegida” se convierte en un mecanismo más de neutralización de la voluntad democrática, generando una mayoría espuria, labrada sobre la base del poder del capital.

La corrupción se suele relacionar usualmente a sobornos, cohechos y comisiones para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones. Pero pocas veces se advierte el efecto antidemocrático de la corrupción. Al contrario, se suele pensar que los remediales se deberían buscar en incrementar el autoritarismo, la concentración de poder, la imposición de la pena de muerte a los políticos, como si no hubiese poderes corruptores privados, detrás de sus actos.

Las evidencias empíricas muestran lo opuesto: la mayoría de los países con democracias “no protegidas”, donde impera el principio de mayoría y se respeta a las minorías, tienen los más bajos niveles de corrupción, según los datos de la OCDE. Y la explicación es sencilla: a mayor democracia más pluralismo; a más pluralismo mayores pesos y contrapesos entre poderes de gobierno; ese pluralismo impulsa mayor participación ciudadana y mayores libertades, incluyendo la libertad de expresión, lo que permite canalizar las denuncias y fomentar su castigo. En definitiva, una ecuación virtuosa que permite desbloquear las “protecciones” institucionales, que no sólo ocultan delitos de cuello blanco. También matan la democracia, en tanto procedimiento justo y forma de vida buena y digna.

[1] Nogueira Alcalá, Humberto. (2008). LA EVOLUCIÓN POLÍTICO-CONSTITUCIONAL DE CHILE 1976-2005. Estudios constitucionales, 6(2), 325-370. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002008000100011

[2] Cfr. Atria, Fernando, La Constitución tramposa, LOM, 2013.

[3] http://blogdehermogenes.blogspot.com/2012/09/por-la-razon-o-la-debilidad.html

(*) Doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Master en cuestiones contemporáneas en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olivaide, Sevilla.  Licenciado en Educación y profesor de religión y moral UC. Docente Escuela de Ciencia Política y RRII UAHC