Tras un año de presiones de la sociedad civil_Poder Judicial informa cifras oficiales de personas en prisión preventiva en contexto del estallido social

El informe “Datos generales Estallido social Enero 2021” publicado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, divulga las principales cifras de personas en prisión preventiva por presuntos delitos asociados al estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

La entidad dio a conocer el informe que registra entre las causas de las detenciones desórdenes públicos, interrupción de la libre circulación, lanzamiento de objetos en la vía pública, robo en lugar no habitado, receptación, incendio, robo en ocasión de calamidad o alteración al orden público, saqueo, maltrato a carabineros, entre otros. La autoridad determinó que entre el 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020 se ordenaron un total de 2.201 prisiones preventivas en causas de delitos que, según la metodología utilizada para este análisis, están asociados al período de agitación social.

Del total de causas recopiladas por el Poder Judicial, el 1% correspondió a delitos imputados por el Ministerio Público a agentes del Estado por violaciones a derechos humanos. De los 21 imputados, 11 se mantienen en prisión preventiva.  También expresa la alta cantidad de denuncias por apremios ilegítimos al interior de centros de detención y un 20% del total de detenciones en las que se acusa un exceso de violencia institucional. El informe agrega que el promedio que los imputados llevan en prisión preventiva es de 318 días que “en todas las causas se realizaron audiencias de revisión de la medida cautelar”.

La cifra entra en discrepancia con las planteadas por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, una de las impulsoras del proyecto de ley que busca un indulto general para, asegura, cerca de 800 individuos privados de libertad desde el 18 de octubre.

Al respecto el rector de la UAHC, Álvaro Ramis, destacó la entrega de la información como evidencia de una falta de criterios de derecho para llevar adelante algunas de estas detenciones y como un triunfo de las organizaciones de la sociedad civil que han exigido transparentar estos procesos, instituciones entre las que se cuenta la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

“Después de muchos meses de espera, algo que no se explica sin la enorme presión social que ha hecho el grupo de iniciativas que ha gestionado el proyecto de ley de indulto para presos de la revuelta, las familias involucradas y las organizaciones de DDHH, por fin se ha logrado un informe del Ministerio Público donde entregan cifras oficiales de detenidos por causa del estallido social. Esto revela que aún hay pendientes gran cantidad de procesos judiciales que no tienen dictamen ni audiencia y es importante que se logre tomar conciencia de las enormes consecuencias que esto tiene para tantas familias en el país y las consecuencias humanitarias que esto revela”, agrega la autoridad académica.

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