¿Una derecha contra el balance de poderes?: La democracia tensionada

Por José Orellana.

La ciencia política ofrece algunas claves para entender cómo se ha logrado la arquitectura institucional que determina la organización política y social de occidente. El liberalismo, ideología que entregó notables intelectuales, como Locke, Montesquieu y los diferentes estadounidenses que lograron El Federalista, enseñó que para evitar vulnerar el derecho a la propiedad privada de los individuos, y el derecho a la vida por supuesto, se debía generar la separación de poderes en las organizaciones políticas, llámese estados republicanos, organizados más tarde en democracias liberales. Por medio de la regulación entre ellos se originarían los dispositivos legales e institucionales necesarios.

Existiría así un Poder Ejecutivo, encargado de sacar adelante la tarea de los gobiernos para administrar el Estado; un Poder Judicial, que se encargaría de lograr justicia y un Poder Legislativo, responsable de hacer las leyes, en un marco de representación popular (se supone).

Según indica la Constitución de 1980, en Chile existiría separación de poderes y autonomía de los mismos. Tendríamos los tres clásicos, más la Fiscalía Nacional o Ministerio Público, vigente desde el año 2007, con el propósito investigar los delitos que se generen en la Nación.

En ese marco, han sido sistemáticas las llamadas al orden por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y algunos integrantes del Poder Legislativo, sobre el Ministerio Público.

La más compleja afirmación fue la del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera cuando señaló que parte de los criterios a aplicar para proponer jueces de la República a la Corte Suprema, sería conocer su desempeño en el ejercicio de sus cargos respecto de la delincuencia.

Siguiendo la línea del Ejecutivo, Rodrigo Hinzpeter, avanzó criticando a otro órgano autónomo del Estado, el Ministerio Público, al opinar acerca de la labor del Fiscal Nacional, sobre la no proactividad de la Fiscalía en los temas de delincuencia o seguridad pública. Y no sólo opinó, sino que rasgó vestiduras sobre su deber político institucional en la cartera del Ministerio del Interior. Esto es intervención de un poder sobre otro y a un organismo autónomo.

Desde el Legislativo, Gustavo Hasbún fustigó al Ministerio Público y a la Corte Suprema sobre su proceder institucional y la acción de algunos de sus personeros, Sabas Chahuán y Milton Juica, respectivamente.

En este marco de dimes y diretes de poderes, el más duro en términos de contrafirmaciones, fue el Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que indicó que el intervencionismo nunca había sido tan intenso, exceptuando los tiempos de la dictadura de Pinochet.

Analistas han afirmado, que ésta es una forma de desviar la atención de la opinión pública de los pésimos resultados que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en seguridad ciudadana. Quien ha refrendado tal situación, con una irónica afirmación, es el Senador Jorge Pizarro (DC), al señalar que es verdad, la fiesta de los delincuentes ha acabado, dado que comenzó el carnaval de la delincuencia.

Más allá de querer desviar la atención de la opinión pública respecto de los magros resultados en el objetivo de disminuir la delincuencia por parte del gobierno, lo que más preocupa, es la utilización de un ‘recurso político’ como la interpelación pública, que ‘políticamente’ puede rendir algún fruto mediático en el corto plazo, pero que en el largo plazo puede ser contraproducente, ya que las acciones desplegadas vacían de legitimidad (aún más) a la institucionalidad política en algunos de sus componentes.

Los señeros Locke, Montesquieu y los de El Federalista, cuando imaginaron el control entre poderes, ¿aceptarían estas acciones?

Si existiese voluntad real de ajustar institucionalidad respecto de cómo opera el sistema de justicia, que es bastante más que de lo que nos ha permitido conocer el Ministro Hinzpeter, Rivera y el diputado Hasbún, los mecanismos son otros. Uno de ellos, y el más básico, es generar las condiciones suficientes para iniciar conversaciones que apunten a resolver los temas con altura, lo que implica transversalidad política, inclusión de sectores ciudadanos, entre otros aspectos.

No dar este paso mínimo en cualquier acción política, respecto de Justicia (u otro sector), implica continuar presenciando la falta de adhesión de este gobierno. Episodios como éstos socavan en profundidad la institucionalidad, que es lejos lo más importante y estratégico que cuidar, fortalecer y mejorar en aras de la equidad y justicia.

Así como la ciencia política, entre otras disciplinas de las ciencias sociales, permite entender la separación de poderes de un Estado democrático liberal, la misma indica que hechos como los referidos tensionan la democracia, no necesariamente para fortalecerla, sino que para desmontarla y no sólo por la intromisión de un poder sobre el otro, sino que por la acción de los políticos, los cuales no trepidan en acciones por cuestiones mezquinas de momento.

Es prudente, no darse ‘gustitos mediáticos’ desde el gobierno, como es prudente que la oposición, no utilice sólo la ironía, sino que asuma una actitud responsable para denunciar y proponer salidas a temas de complejo tratamiento.

Docente Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad Academia de Humanismo Cristiano.