Una mirada crítica de la educación chilena. Las alternativas ante el conflicto estudiantil

Una mirada crítica de la educación chilena. Las alternativas ante el conflicto estudiantil

Esta opinión corresponde a la presentación del Foro: Una mirada crítica a la educación chilena, organizado por la Coordinadora de Estudiantes de Trabajo Social de la UAHC, realizado el día 22 de agosto del presente año.

La temática específica que  se me ha planteado para analizar se refiere a las posibles soluciones al conflicto estudiantil, lo que indudablemente implica hacer algunas reflexiones respecto a los elementos presentes en éste con la finalidad de ver sus posibilidades de resolución en el contexto del Chile del año 2011.

EL CONFLICTO ESTUDIANTIL:

Para el presente análisis ubicaremos el conflicto contar del año 1990, fecha en que se produce el acceso al gobierno de la Concertación  de Partidos por la Democracia, luego de 17 años de dictadura militar.  Se da en el marco de una institucionalidad consagrada en la Constitución política de Chile y con los resguardos de las leyes de amarre previas a la entrega del gobierno de parte de los militares y sus asesores políticos, muchos de ellos funcionarios del actual gobierno de Piñera.

Esto significa que la Concertación se hace cargo de administrar un sistema político que tiene por fin lograr la mantención de un modelo de dominación y desarrollo capitalista globalizado y neoliberal, bajo las condiciones de la negociación de consensos entre los herederos naturales de la dictadura militar, es decir los partidos de la derecha y la concertación.  Esta salida negociada tuvo una expresión en el gobierno de Aylwin que es casi doctrinaria, ya que manifiesta su voluntad de “hacer justicia en la medida de lo posible” frente a las violaciones de los derechos humanos,  forma de actuar que se traslada a toda la realidad social que el país y que se mantiene como una constante en el actuar político de la Concertación, es decir la mantención del modelo de desarrollo y el modelo de dominación.

Los otros gobiernos de la Concertación mantienen esta agenda de conciliación y reencuentro, desarrollando programas de corte minimalistas con pequeñas modificaciones en lo económico, en lo político y en lo social, por tanto el modelo neoliberal sufre algunas pequeñas modificaciones que le conceden un mayor papel de relevancia al Estado, sin modificarlo sustantivamente.  En materia económica han mantenido el equilibrio macroeconómico, la estabilización monetaria, generación de superávit fiscal, apertura de tratados de libre comercio con el exterior, flexibilización del trabajo por nombras algunos de los aspectos más importantes de dicho modelo.

En lo político, se hacen algunas modificaciones menores que no cambian el carácter de la constitución del año 1980, que se caracteriza por contar con formas antidemocráticas de representación política.

Por otra parte las políticas públicas, sólo ha habido un aumento del gasto social, orientado en la focalización de éste, manteniendo una parte importante del funcionamiento de la educación, la salud, previsión, vivienda y servicios sociales en manos del sector privado, reforzando el carácter neoliberal de estas políticas, que se expresa en la transferencias de dineros del Estado a los privados para su ejecución.

El modelo de desarrollo del país ha tenido como consecuencia el aumento de la desigualdad social, el crecimiento económico sin equidad y la falta de resolución de los problemas sociales.

Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación, en opinión de Álvaro Ramis – ex presidente de la FEUC el año 1998 – la transición pactada produjo desconcierto en el movimiento estudiantil lo que lleva “a sus dirigentes, altamente identificados con los partidos de la Concertación, que los lleva a moderar excesivamente sus demandas” (Ramis, A. Revista Punto Final N°740, agosto 2011). Las primeras manifestaciones del movimiento estudiantil por sus reivindicaciones surgen entre los años 1997 y 1999 con movilizaciones que cuestionan las políticas privatizadoras con resultados ambiguos. (Ramis, A. 2011). En el Gobierno de Lagos, se logran mayores recursos para las universidades públicas, pero el modelo no se altera.  El movimiento estudiantil no logra construir una agenda o programa nacional producto de sus diversas miradas políticas. El año 2006, bajo el gobierno de Bachelet, las movilizaciones estudiantiles de los secundarios explotan con demandas por la gratuidad del pase escolar, la disminución del valor de inscripción en la PSU.  La respuesta fue la descalificación, la criminalización (fueron llamados vándalos) y la represión a las manifestaciones callejeras.  Fue de tal magnitud que significó el alejamiento del jefe policial metropolitano.  En el mes de mayo los estudiantes cambian la táctica, los estudiantes pasan a ocupar los establecimientos educacionales, extendiéndose la movilización a todo el país.  Pasa a  denominarse como la Revolución del los Pingüinos.  La ampliación del movimiento significó que las demandas subieron en  forma sustantivas: Reformular la Jornada Escolar Completa, eliminar la LOCE, mayor intervención del estado en el sistema de educación. El movimiento se masifica extendiéndose a los universitarios.

Esta situación llevó al Gobierno a negociar con “los revoltosos”, invitándolos a ser parte de un llamado Consejo Asesor de la Presidencia, compuesto por 74 miembros, 12 de ellos estudiantes.  Antes de que saliese a la luz pública el informe final de la Comisión, los estudiantes secundarios, seguidos por los universitarios y profesores, se bajaron del documento por no sentirse representados, especialmente por consagrar la visión mercantil de la educación.  El resultado de esta movilización es la actual Ley General de Educación. (Vigente desde 2009)

El año 2010, el gobierno de derecha forma una comisión para mejorar el sistema de educación chileno, cerrando con la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de reforma de la educacional (como parte de los consensos) estando pendiente la presentación de un proyecto para la des municipalización

El año 2011, el ex ministro de educación Joaquín Lavín anuncia que este es el año de la educación superior, la que constituirá toda una revolución en materias de cambios en la calidad.  El 12 de mayo  del presente año la CONFECH convoca a la primera marcha en Santiago, plantea los objetivos del movimiento y sus primeras demandas, entre los que destaca aumentar el gasto público en Educación superior, mediante el aumento de los aportes basales de libre disposición para garantizar la gratuidad de la educación terminando con el autofinanciamiento de las universidades tradicionales, con prioridad en las estatales, la creación de una red nacional de educación técnica estatal, un fondo de revitalización para las universidades tradicionales, restructuración del sistema de becas, tarjeta nacional estudiantil única y estatal, congelando la tarifa estudiantil, eliminación del aporte fiscal indirecto.  Afirman que esto se puede financiar con la renacionalización de los recursos naturales, modificando el impuesto a la renta y la ley de donaciones.  Otra petición es la democratización y regulación del sistema de educación superior, prohibición efectiva del lucro, establecer un nuevo sistema de acreditación a través de agencias estatales para evitar el conflicto de intereses, modificar la LGE, garantizar constitucionalmente el derecho a la educación, el acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad en la matrícula.

La reacción del gobierno fue destemplada, a las movilizaciones realizadas mediante marchas se les reprimió brutalmente y se criminalizó el movimiento estudiantil,  hubo descalificaciones, dado que algunas soluciones significaban afectar el modelo de ganancia que ha estado presente en la educación chilena. (De la Cuadra, F., Revista Electrónica Síntesis s/f)

Esta situación ha llevado a una escalada que nos lleva a la situación actual, los dos últimos hitos de importancia lo constituyen las Bases para un acuerdo social por educación chilena, entregada por la CONFECH, las coordinadoras de los estudiantes secundarios y el colegio de profesores.  Este documento implica una reforma integral de la educación chilena, poniendo el acento en aspectos que dicen relación con elementos claves en el modelo de dominación vigente.  Obviamente la respuesta del Gobierno fue la de aceptar aquellos aspectos que no cuestionan el modelo de educación vigente y que implica aumentar la transferencia de recursos al sector privado para mejorar la calidad de la educación, pero rechazando de plano los cambios sustantivos al sistema educacional.

Es este punto en el cual se encuentra hoy día la lucha del movimiento estudiantil

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, MOVIMIENTO POLITICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Entendemos el movimiento social como un actor colectivo movilizador que, con cierta continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica, persigue una meta constante en llevar a cabo, evitar o anular cambios sociales utilizando para ello formas organizativas y de acción variables. (Raschke, J: 1994).

La experiencia de los movimientos sociales en Chile, demuestran que sus luchas permitieron elevar la calidad de las políticas públicas, que decían relación con el movimiento específico que lo componía, por ejemplo: pobladores, sindicales, estudiantes, campesinos, etc.

La dictadura militar destruyó los movimientos sociales que durante los años posteriores han tenido serias dificultades para su rearticulación.  Hoy día los estudiantes han logrado avances significativos, no exentos de dificultades que intentan destruirlo.

Tal vez uno de los aspectos más relevantes es que han logrado poner en jaque el actual sistema de representación política consagrado en la Constitución política de Chile.  El sistema político chileno tiende a agotarse, es necesario buscar nuevos caminos, y en ello algunos sacan cálculos afilando los dientes para aprovecharse del movimiento estudiantil, otros que lo ven como algo pintoresco mantienen sus ideas de que basta en llegar  a acuerdo en la institucionalidad volviendo a los consensos post dictadura, que les permitirán seguir repartiéndose el botín.

Desde esta perspectiva estamos en un momento de vital importancia, la solución pasa necesariamente por ampliar la movilización social, sumando a amplios sectores que estén por cambiar el modelo social, económico y político, con demandas concretas, simples y claras, como las del movimiento estudiantil. La tarea es inmensa y se corre el riesgo de perder si no se acumulan las fuerzas necesarias.

La alternativa de solución pasa por la formación de una asamblea constituyente elegida de manera proporcional que permita reconstruir la soberanía ciudadana, evitando que esta sea manipulada por las autoridades vigentes.

Pablo Miranda Cortes, profesor de la Escuela de Trabajo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano