Antropóloga Francisca Fernández:”En Chile todavía requerimos definir a un sujeto como indígena para que se acepte realizar un peritaje cultural”.

La importancia del peritaje antropológico en un proceso judicial, que involucra a miembros de la población indígena, su efectividad y principales trabas, fue el tema abordado en el Seminario Pluralismo Jurídico y Peritaje Cultural en Chile, organizado por la Municipalidad de Providencia y patrocinado por la Defensoría Penal Pública y la Escuela de Antropología de la U. Academia de Humanismo Cristiano.

En la oportunidad, expuso el abogado Rodrigo Lillo, representante de la Defensoría Penal Pública; y la antropóloga de la U. Academia de Humanismo Cristiano, Francisca Fernández.

En 2001 se crea la Defensoría Penal Mapuche en Temuco, con el objetivo de entregar defensa a indígenas involucrados en el conflicto que se vive en la zona. Actualmente, hay 200 defensores especializados en la materia a nivel nacional, quienes tienen a cargo el 70% de estas causas.

En 2013 se rediseñó este modelo, ampliando la defensa especializada al imputado, independiente del motivo de la causa. Además, cuenta con facilitadores interculturales que establecen un vínculo entre la defensoría y el imputado.

La estrategia de defensa, según explica Rodrigo Lillo, está vinculada con el pluralismo jurídico, lo cual implica que Estado debe reconocer que el derecho se ha dado por sí mismo a través de dos vías: reconocimiento de jurisdicción indígena y reconocimiento de derecho propio y/o de comunidades indígenas.

Pese a los avances que se han realizado en esta materia, la aplicación o consideración de este peritaje cultural no ha tenido los efectos esperados en los procedimientos judiciales. Entre el 2014 y 2015, la Defensoría ha realizado 56 peritajes antropológicos; 36 corresponden al 2015, un porcentaje bajo considerando que el número de imputados indígenas alcanza los 6 mil 324 a nivel nacional.

Lo anterior se podría explicar, en parte,  por el desconocimiento que hay sobre estas pericias en el sistema de justicia.  “Los abogados no sabemos, no entendemos estas pericias antropológicas, no sabemos para qué sirven, por lo tanto mal podemos pedir aplicarla; y porque el dilema del defensor es que no defendemos derechos tan abstractos, sino que defendemos a un imputado, y si el sistema es reacio a recoger estas pericias, el defensor entonces no será muy amigo de presentarlas, porque no será en definitiva la mejor estrategia. Sin embargo, hemos ido avanzando en el tiempo, se ha ido abriendo un camino”, indica el jurista.

Pese a ello,  reconoce que estas pericias son una herramienta importante para entender causas en donde se vean involucrados indígenas.  “El derecho está íntimamente ligado con la cultura, por lo tanto, el peritaje antropológico se convierte en una guía y una forma de entender “este derecho de los otros”, que tiene otros patrones culturales y que es equivalente a lo jurídico nuestro. En este sentido, los peritajes culturales constituyen un puente para entender lo jurídico desde otra cultura”, indica.

La antropóloga de la U. Academia, Francisca Fernández, quien elabora peritajes culturales desde hace siete años, indica que Chile está a años luz respecto de lo que ocurre en otros países de la región acerca de la aplicación de este procedimiento en el sistema judicial. Señala que de acuerdo a su experiencia, solo ha realizado 10 ó 12 peritajes, “lo cual demuestra que aún es bastante restrictivo”. Y que así como se está incorporando en los defensores, también debiera hacerlo la Fiscalía.

Fernández considera que para realizar estas pericias se evidencian algunos problemas en el aparato jurídico nacional, y que tiene que ver con identidad, una fuerte esencialización y con que se presenta a indígenas como ahistóricos, sin posibilidades transformadoras. “En Chile aún se sigue presentando a los indígenas como pobres, campesinos, y muy encasillados en dónde y cómo viven”.

Indica que “hoy en día nos encontramos con algo que es muy importante para el peritaje, pero que a la vez es una dificultad.  En Chile todavía requerimos definir a un sujeto como indígena para que se acepte realizar un peritaje cultural, algo que no es tema en otros países”.

A su juicio, lo anterior tiene que ver con la necesidad de una autoidentificación. “Hay políticas públicas de reconocimiento de parte del Estado, pero a la vez, el sistema jurídico lo está desvalidando.  Hoy, el Estado chileno reconoce la autoidentificación como sentido de pertenencia al pueblo originario”.

La antropóloga además destaca que “el peritaje sirve para defender a un imputado, pero también para  generar sanciones pertinentes. Algunos vemos el peritaje antropológico como construcción de pluralismo jurídico. Puede ser una herramienta de donde podemos ver la necesidad de reconocimiento”.